La ley que permite al Gobierno dar órdenes a toda autoridad en defensa de España

El Partido Popular ha resucitado la vía de la Ley de Seguridad Nacional, pactada y aprobada en 2015 con los votos de PP, PSOE y UPYD, como fórmula más rápida para restaurar el orden público en Cataluña después de que Quim Torra dejara el control de las carreteras en manos de los piquetes independentistas, los CDR.

El Gobierno de Mariano Rajoy desechó esa vía ante la intentona secesionista del pasado otoño y, ante los hechos consumados de la consulta ilegal y la proclamación de independencia, respondió con la aplicación directa del artículo 155 de la Constitución para intervenir las competencias de la Generalitat y destituir a sus principales responsables.

Al mismo tiempo que los portavoces del Gobierno y del PSOE aseguraban que Pedro Sánchez tomaría medidas ante la dejación de funciones de la Generalitat durante el fin de semana, el Grupo Popular presentó en el Senado una moción para instar al Gobierno a dar órdenes a la policía autonómica.

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Efe

En concreto, el PP invitaba al Ejecutivo a dictar ya un real decreto con el fin de declarar que en Cataluña existe "una situación de interés para la seguridad nacional y nombre una autoridad funcional con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan en materia de seguridad y orden público".

La Ley de Seguridad Nacional impulsada por el Gobierno del PP y acordada en su día con los socialistas enmarca "la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos".

En su artículo 24, la citada ley a la que ahora apela el Grupo Popular establece que "la declaración de situación de interés para la seguridad nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación". Además, faculta al Ejecutivo para nombrar una "autoridad funcional" y a determinar sus competencias para "dirigir y coordinar las actuaciones que procedan". Posteriormente, el Gobierno tiene que informar al Congreso de esas actuaciones y sus resultados.

El contenido de la Ley de Seguridad Nacional escandalizó en su día a los nacionalistas catalanes y vascos. El Gobierno de la Generalitat, entonces con Artur Mas al frente, recurrió al Tribunal Contitucional, órgano que avaló la ley, pero con la advertencia de que no podía ser utilizada para quitar competencias a las comunidades autónomas y el recordatorio de que para eso estaba el artículo 155 de la Constitución.

Fuentes del último gabinete de Rajoy aseguran que durante la escalada del desafío independentista en Cataluña no se plantearon la aplicación de la normativa sobre seguridad nacional. La intentona separatista arrancaba en la Cámara autonómica y se organizaba básicamente desde las consejerías de Presidencia, Hacienda y Educación, además de Interior. "Todo pasaba por el artículo 155", recuerdan sobre las posibilidades barajadas entonces en La Moncloa sobre las competencias que se debían intervenir, el tiempo y los límites de la actuación del Ejecutivo central.

El planteamiento ahora del Grupo Popular en el Senado es más sutil. Invita al Ejecutivo a declarar la situación de crisis de seguridad en Cataluña ante la evidente dejación de funciones de la Generalitat en materia de orden público y a nombrar un coordinador que tome cartas en el asunto, pero elude citar la intervención directa de las competencias de la comunidad autónoma. El PP propone la "coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias" bajo la dirección del Gobierno.