El asesinato olvidado de ETA: 1979, un guardia civil y una novia desaparecida

Eran las 15.20 horas del 31 de octubre de 1979, uno de los años más duros en la lucha antiterrorista. El guardia civil Manuel Fuentes Fontán salía de casa de su novia en el número 101 de la calle Almirante Cristóbal Mello de Portugalete, donde cada jornada acudía a comer. Habitualmente, tras charlar un rato con la familia de ella, regresaba a su puesto de trabajo en Santurce, a apenas diez minutos en coche, donde el Ministerio del Interior había trasladado a algunos de los funcionarios que vivían en el cuartel de Portugalete, que un año antes había sido destrozado por una bomba.

Aquel día, sin embargo, Manuel no llegó ni a girar la llave de su vehículo —un Renault 7 con matrícula de Bilbao de color granate— para emprender el viaje de vuelta al trabajo. Un grupo de pistoleros no identificados le acribilló a tiros, como describió 'ABC' en su edición del 1 de noviembre de ese año. Su novia, Francisca Vilches Soto, que tenía como él 30 años, lo vio casi todo. "Yo iba a despedirle a la ventana cuando escuché los disparos", relató la joven al citado diario el mismo día de los hechos. "Al asomarme, vi a un individuo con pasamontañas rojo que disparaba contra el coche de Manuel, poco después corría y se metía en una furgoneta", agregó la chica, que indicó que, tras ser tiroteado, Manuel tocó la bocina con las pocas fuerzas que le quedaban para llamar la atención. "Bajé rápido, me pidió que le sacara el coche; lo intenté, pero fue inútil, no podía", describió. "Unos vecinos me ayudaron y lo metimos en otro coche para llevarle a la clínica San Juan de Dios", relató Francisca.

TE PUEDE INTERESAR

ETA asume 758 asesinatos en su último boletín, decenas menos que Interior

Efe

Los médicos, sin embargo, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. "Hace unos momentos me han dicho que ha muerto", confesó Francisca a los periodistas a la puerta del centro hospitalario esa misma tarde, tal y como también reflejó el artículo de la página 13 de 'ABC', que aquel 1 de noviembre ni siquiera llevaba la noticia en su portada. Sus compañeros de la Guardia Civil que acudieron para investigar la escena del crimen describieron en el atestado, al que ha tenido acceso El Confidencial, que el asesinado presentaba 12 impactos de bala que le alcanzaron el pecho (dos), el hombro, el brazo, la escápula izquierda, la región lumbar (dos), el antebrazo derecho, la cadera (dos), el muslo izquierdo y la pierna derecha.

El mismo informe apuntaba además que la puerta del conductor tenía media docena de balas, que los cristales de la ventanilla estaban destrozados por los disparos y que en el interior del vehículo aún permanecía la pistola reglamentaria del agente, un arma marca Star del calibre 9 milímetros parabellum que también había recibido un impacto de bala en la mirilla. Todos estos elementos, junto a los tres trozos de proyectil encontrados en el interior del automóvil y el casquillo hallado en las proximidades, fueron remitidos al departamento de Balística de la Guardia Civil de Bilbao. Las fotos del reportaje que hicieron los investigadores y los testimonios que tomaron, por su parte, llegaron al Juzgado Municipal de Portugalete, que se hizo cargo de las diligencias iniciales.

TE PUEDE INTERESAR

12.000 euros de indemnización a un guardia civil víctima de ETA 'devuelto' al País Vasco

Roberto R. Ballesteros

En paralelo, los investigadores cursaron aviso inmediato a los diferentes puestos de la comandancia con el fin de que estos ayudaran a la localización y detención de los terroristas, extremo que nunca se produjo. La investigación, que asumió el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, resultó absolutamente infructuosa. Hasta el punto de que el caso no fue únicamente archivado por falta de pruebas y de autor conocido, sino que la cosa llegó incluso más lejos. El procedimiento fue posteriormente eliminado por orden de la Junta de Expurgo de la administración de justicia del País Vasco.

No pasó a la Audiencia Nacional, como ocurrió con la inmensa mayoría de los asuntos judiciales relacionados con ETA, sino que se quedó en el Juzgado de Bilbao, una decisión que acabó definitivamente con la causa. Hoy, cuando el asesinato va camino de alcanzar su 40 aniversario, desde los Servicios de Información de la Guardia Civil explican que no tienen acceso a copia alguna de los informes que elaboraron y remitieron al juzgado más allá del mencionado atestado elaborado en los primeros momentos. Ni las conclusiones que sacó el departamento de Balística ni el reportaje fotográfico ni los resultados de las primeras pesquisas ni siquiera los testimonios de los posibles testigos.

"Nuestro actual Servicio de Criminalística no existía por aquella época, el que hay ahora no tiene copia de lo entregado al juzgado; el informe lo hizo un laboratorio de la Academia de Aranjuez, pero tampoco allí lo tienen", explican desde el departamento antiterrorista del instituto armado las fuentes consultadas, que admiten que tampoco guardan copia de la autopsia. "Solo del atestado, donde viene un croquis de cómo estaba todo dispuesto y que se hizo durante los minutos posteriores al atentado", insisten. "El arma, según la novia, era una metralleta, pero no tenemos documental que lo acredite", explican.

Las mismas fuentes consultadas por El Confidencial, que estuvieron investigando en un principio, recuerdan que la novia habló de cuatro etarras. En concreto, de uno que disparó, de otro que conducía el coche en el que huyeron y de dos más que se quedaron en todo momento en los asientos de atrás del vehículo, un Renault 4L tipo furgoneta. Otros vecinos, por el contrario, solo mencionaron a dos pistoleros e incluso señalaron que ambos apretaron el gatillo. Francisca explicó, rememoran las mismas fuentes, que el 4L estaba en doble fila y que los terroristas esperaron dentro a que saliera Manuel y se metiera en su coche. Cuando lo hizo, se bajó uno de ellos y le disparó por la ventanilla, añadió la novia, que hoy tendrá 69 o 70 años en el caso de que siga viva. La Guardia Civil desconoce su paradero y El Confidencial tampoco ha podido encontrarla.

"Ella no era heredera, porque por aquella época no estaba aún aprobada la ley de parejas de hecho, por lo que la indemnización la cobrarían sus padres y hermanos, ya que Manuel tampoco tenía hijos", explican las mismas fuentes del instituto armado, que aseguran que no saben qué fue de ella. "Tampoco conseguimos averiguar nada de la autoría, porque en aquella época estábamos más preocupados de evitar el próximo ataque de ETA que de investigar lo que acababan de hacer", admiten las mismas fuentes, que justifican que tenían muy pocos medios.

No en vano, en 1979, ETA asesinó a 86 personas. Cada cuatro días había un muerto. Fue el segundo año con más víctimas mortales de la historia de la banda terrorista, solo por detrás de 1980, cuando el número de asesinatos alcanzó la cifra récord de 93 fallecidos por atentado o disparo a bocajarro. Era la plenitud de la época posteriormente conocida como los años del plomo. La lucha antiterrorista era una guerra abierta, no existían los medios que hay ahora para hacer seguimientos, no todos los jueces estaban concienciados ni la ley apoyaba tanto la labor de las fuerzas de seguridad ni el papel de las víctimas como ahora. Posteriormente ha habido etarras detenidos en México y otros países que han confesado su participación en otros hechos, "pero todos ellos cometidos a partir de 1981", explican las mismas fuentes. "Del 79 al 80 va la temporada más oscura; conocemos pocas cosas", apuntan desde la lucha antiterrorista, que explican algunos datos de contexto para entender el periodo.

TE PUEDE INTERESAR

13 víctimas, dos parejas rotas... Las cloacas del atentado que ETA nunca quiso asumir

Carlos Barragán Roberto R. Ballesteros

"En aquella época el comando Vizcaya lo conformaban seis individuos, divididos en dos 'taldes' con tres terroristas cada uno que además funcionaban a su aire; en muy pocas ocasiones se juntaban los seis para atentar", explican. Los nombres y apellidos de estos componentes, además, iban cambiando constantemente. "Estaban cinco o seis meses en Vizcaya, luego pasaban a Francia y eran sustituidos por otros", describe uno de los responsables de la lucha antiterrorista de la época. "Estuvo activo entre 1978 y 1986, año en el que lo desmantelamos", recuerda la misma fuente, que asegura que en aquel momento, cuando cayó el comando, "sus miembros eran todos diferentes a los que lo conformaban en 1979".

Esta falta de información dificulta mucho la identificación de los terroristas que mataron a Fuentes, que podían ser tanto 'liberados' (fichados por las fuerzas de seguridad) como 'legales' (miembros de la banda no fichados). "El 1 de febrero de 1980, el comando mató a seis guardias civiles de servicio que transportaban proyectiles, murieron dos de los terroristas que ponían las granadas, pero no podemos decir que alguno de ellos participara en el atentado de Fuentes; no tenemos datos", señalan las mismas fuentes, que añaden que el asesinato del agente en Portugalete era "fácil" de ejecutar, porque no requería más que "una metralleta".

Los papeles de Francia

Tampoco sirven para avanzar en esta investigación los millones de documentos que los pasados meses de febrero y octubre Francia entregó a España. Elementos requisados, informes y todo tipo de papeles que fueron requisados por las autoridades galas a la banda terrorista en las múltiples operaciones que han tenido lugar en los últimos 50 años en territorio galo no están sirviendo para esclarecer asuntos antiguos. "Lo que ha venido de Francia se refiere a procesos que van desde 1998 hasta 2004, son casos juzgados en los que no han recurrido las partes implicadas, hemos conseguido esclarecer ya más de una docena de asuntos de este periodo", explican las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas, que añaden que ahora están digitalizando todo, pero que en cualquier caso será "difícil encontrar un papel de 1979".

Según el informe presentado por la Dirección General de la Policía en 2014 ante el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento que seguía el tribunal por el delito de lesa humanidad contra las diferentes cúpulas de ETA, entre 1979 y 1983 la dirección de la banda estaba conformada por nueve dirigentes: Domingo Iturbe 'Txomin' (jefe del aparato militar y político), Juan Lasa Michelena (aparato militar), Isidro Garalde (logístico), Eugenio Etxebeste (político), Juan Ramón Aramburu (político), José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera' (internacional), Javier Larreategui (internacional), Carlos Ibarguren (tesorería) y José Luis Ansola (información e infraestructuras).

Todos ellos eran, por lo tanto, los máximos dirigentes de la organización cuando el comando Vizcaya mató a Fuentes Fontán. Sin embargo, ninguno está siendo investigado en la mencionada causa por formar parte de la cúpula en aquella época, ya que la Audiencia Nacional se limita a indagar la posibilidad de que hayan incurrido en lesa humanidad los jefes de la banda a partir de 2004, año en el que el ilícito en cuestión se unió al ordenamiento jurídico español. Antes de esa fecha, el alto tribunal se considera incompetente para investigar. Sí lo está haciendo, aunque de forma aún incipiente, la justicia argentina, que a raíz de una denuncia interpuesta por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia abrió una causa en aquel país con el fin de rastrear la responsabilidad penal de los jefes que dirigieron la organización antes de 2004.

TE PUEDE INTERESAR

La ministra Delgado pasa de los asesinatos de ETA sin resolver

Roberto R. Ballesteros

En el marco de este último procedimiento estarían los nueve dirigentes mencionados. Tanto la Audiencia Nacional como la justicia argentina investigan, cada una su época, a los jefes de la banda por la línea de autoría mediata, que entiende que no solo el que aprieta el gatillo tiene responsabilidad penal, que también la tendría el que da la orden. De momento, sin embargo, el caso está parado en Argentina precisamente porque la Audiencia Nacional se niega a remitir los documentos solicitados por los tribunales del otro lado del charco.

Mientras, la familia de Fuentes Fontán sigue oculta. El 1 de noviembre de 1979, un hermano del asesinado vino al funeral que se celebró en el cuartel donde vivía el joven en Vizcaya. Luego, se llevó el cadáver hasta Pontevedra, donde había nacido Manuel. Hoy ese hermano prefiere seguir viviendo en el silencio que nunca ha roto. "No quiero decir nada, lo hemos pasado muy mal, muy, muy mal, son unos hijos de puta, pero no voy a decir nada más", se limita a señalar Joaquín Fuentes Fontán, que remite a la Guardia Civil. Desde los servicios antiterroristas de este último departamento, por su parte, explican que en aquella época era común que los familiares "nunca hablaran del tema". Ni dentro ni fuera de la familia. A veces, recuerdan estas fuentes, el padre o la madre imponían el silencio y los hijos lo asumían durante años.