Moncloa defiende la validez legal del pacto de Gibraltar y se apoya en la ONU y Merkel

España no sale perdedora en su pugna con el Reino Unido. En absoluto. Es lo que cree el Gobierno y es la pedagogía que intenta aplicar en las últimas horas, después de que el mensaje triunfalista de Pedro Sánchez —calificó de "histórico" el acuerdo sobre Gibraltar— fuera combatido tanto por la 'premier' británica, Theresa May, que sigue insistiendo en que su Ejecutivo se salió con la suya y en que "nada ha cambiado ni cambiará", y por la oposición en España, que considera que el Gabinete socialista no ha sabido jugar bien sus cartas y ha retrocedido respecto a las directrices (las 'guidelines') que se pactaron en 2017, con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Por eso el Gobierno ha tenido que explicar por qué puede hablar de avances en la relación con Londres y en la consecución de garantías a fin de que todo lo que ocurra en el Peñón tenga que pasar necesariamente por España. Y apoyarse a la vez en quienes afirman, como hace Madrid, que lo acordado el pasado fin de semana, a la hora límite, tiene plena validez jurídica, por mucho que no figure en el tratado de retirada [aquí en PDF], el texto con mayor rango legal. El Ejecutivo apuntó, en ese sentido, las declaraciones del ministro alemán de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, este mismo lunes en la capital —las garantías obtenidas por España "por supuesto" son vinculantes—, y la letra de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que proporciona las pautas de cómo hay que interpretar los acuerdos internacionales.

El Ejecutivo de Sánchez movilizó toda la maquinaria diplomática hace una semana. Pese a que el presidente había advertido días antes, en Guatemala, que el pacto alcanzado entre Londres y Bruselas sobre el Brexit era "razonable", aunque "objeto de mejoras", el Gabinete reaccionó "al minuto" en cuanto la Abogacía del Estado puso pegas a la redacción del artículo 184 del tratado de retirada del Reino Unido de la UE, que se había incorporado en la última fase de las negociaciones, cuando el interlocutor europeo, el francés Michel Barnier, apuraba los plazos para cerrar un texto con Londres. El precepto, el penúltimo de un texto de 584 páginas, vincula la salida de la Unión con la futura relación del Reino Unido con los Veintisiete. Ambas partes se comprometen a tomar, con "sus mejores esfuerzos, de buena fe y con pleno respeto de sus respectivos ordenamientos jurídicos", todas las medidas necesarias para negociar de manera "expedita" los acuerdos de relación futura. El artículo 184 se liga a su vez con el 3, que considera a Gibraltar como parte del Reino Unido, y no como una colonia arrebatada a España por el Tratado de Utrecht en 1713.

El ministro germano de Exteriores se sorprende del "debate" instalado en España, porque "por supuesto" que son vinculantes las garantías sobre el Peñón

En La Moncloa, durante toda la semana pasada, se advertía que el Ejecutivo no se sentía "cómodo" ni con el acuerdo de divorcio ni con la declaración política de relaciones futuras, y que por tanto no aceptaría ambos textos tal cual estaban redactados sin mayores "garantías". Quería que quedase muy claro que cuestiones como la soberanía del Peñón serían una materia a negociar bilateralmente entre Madrid y Londres.

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Las tres garantías

Sánchez quería llegar hasta el final y amenazó con vetar el acuerdo, lo que probablemente habría llevado a la suspensión de la cumbre extraordinaria convocada para el 25 de noviembre. Al final, hubo acuerdo. 'In extremis'. Sánchez hablaba de un "triple blindaje histórico". En primer lugar, dos declaraciones dobles de la Comisión y del Consejo [aquí en PDF], que constan en el acta de la reunión del pasado domingo. Ahí se dice que el artículo 184 "no impone obligación alguna respecto del ámbito de aplicación territorial de dichos acuerdos". Por tanto, "no hay obligación ni presunción algunas fundamentadas en esta disposición de que dichos acuerdos tengan el mismo ámbito de aplicación territorial que el que establece el artículo 3", en el que se cita a Gibraltar. También que los acuerdos separados entre la UE y Londres respecto de la Roca requerirán del "acuerdo previo" de Madrid.

El Ejecutivo subraya que se han multiplicado las garantías de 2017: compromiso del Reino Unido, carta del Consejo y la CE y declaración final

Dos, una carta conjunta firmada por los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk —en representación de los Veintisiete—, y de la propia Comisión, Jean-Claude Juncker, que es la institución guardiana de los tratados de la UE, en exactamente la misma línea. Ambos líderes respaldan la visión de España y señalan que los acuerdos independientes a los que puedan llegar la UE y Londres, una vez culminado el Brexit, deberán tener la "conformidad previa" de Madrid. Y tres, la misiva suscrita por el embajador del Reino Unido ante la Unión, Tim Barrow, en la que especifica que la aplicación territorial del artículo 184 no tiene por qué ser la misma que la del tercer precepto del acuerdo de retirada.

Para Sánchez, ese "triple blindaje" es crucial, puesto que refuerza la posición negociadora de España de cara a las conversaciones que vienen, las que definirán la relación de la UE y de España con Londres una vez consumado el Brexit, lo que es una "cuestión de Estado". "Se trata de un texto sin precedentes a lo largo del contencioso sobre Gibraltar y de nuestra pertenencia a la Unión Europea. La UE, por vez primera en los años de España como socio, asume su posición política respecto al contencioso de Gibraltar en su relación con el Reino Unido", subrayó el presidente tras el Consejo Europeo del domingo.

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Sin embargo, May viene insistiendo desde el sábado en que Madrid ha perdido la batalla. Que no ha sido ella quien ha cedido. "Para las relaciones futuras, el Gobierno británico negociará por toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar". Y lo más importante, remarcó, "el texto legal del acuerdo de salida no ha sido cambiado. Esto es lo que el Gobierno de España pidió repetidamente y no lo ha conseguido". España "no ha conseguido lo que quería", decía este lunes en la Cámara de los Comunes, en el que hizo hincapié en la coordinación de su Ejecutivo con el ministro principal de la Roca, Fabian Picardo.

El ministro Josep Borrell replicaba poco después: España sí ha conquistado sus objetivos: que cualquier conversación futura sobre el Peñón debe ser "aparte y tener el acuerdo de España". ¿Qué pretendíamos? ¡Esto! ¿Lo hemos conseguido?, ¡redondo!", decía antes de intervenir en un foro de la Universidad Complutense, informa EFE. El PP, mientras, hablaba de "ridículo" histórico y Ciudadanos cargaba contra Sánchez por haberse conformado con un "parche sin consecuencias jurídicas directas".

El Gabinete esgrime que el texto de 1969 indica que los tratados han de ser interpretados según el contexto y los acuerdos ulteriores entre las partes

El Gobierno rebate estas acusaciones llegadas tanto de Londres como de la oposición y defiende la plena validez jurídica de los textos que rodean al acuerdo de salida de la UE. Se remite, para empezar, a la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, de 1969. En concreto, a sus artículos 31.2.b y 31.3.a. Ahí se señala, recuerdan fuentes del Ejecutivo, que para interpretar un tratado internacional hay que tener en cuenta "el contexto", que además del texto (incluidos preámbulo y anexos), comprende "todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. También se indica en la convención de la ONU que junto al contexto, habrá de tenerse en cuenta "todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones". Por tanto, no se puede hablar de "papel mojado", según la definición de Picardo.

"En definitiva, es como cuando te compras un ático y quieres dejar claro que unas obras corren a cuenta de la comunidad, y no quieres cambiar el contrato. Pero si firman un anexo vendedor, comprador, los miembros de la comunidad de vecinos y el administrador, eso tiene valor. Es lo que hemos hecho", explican fuentes del equipo de Sánchez. "May no está diciendo que no tenga ningún valor —añaden—. Dice que no ha cambiado nada y que la soberanía del Peñón sigue siendo del Reino Unido. Dice eso porque el Reino Unido se hace cargo de la representación exterior de Gibraltar. Pero ahora, si quiere que se aplique algún cambio del estatus de la Roca y si quiere que siga habiendo una relación entre el Peñón y la UE, tiene que venir a vernos".

"¿Qué más da donde esté?"

Madrid ha sido auxiliada en estas últimas horas por la Comisión y también por uno de los motores de la UE, Alemania. El acuerdo del Brexit es "bueno para España", dijo Juncker el domingo. "Por supuesto" que las garantías conseguidas por Sánchez sobre la interpretación del artículo 184 son "jurídicamente vinculantes" y han sido acordadas como "otras muchas veces en la UE", señaló por su parte el titular de Exteriores germano, Heiko Maas, en rueda de prensa con su homólogo español, Josep Borrell. "Me sorprende este debate en España", dijo, porque sí se trata de documentos con plena eficacia jurídica, "de una interpretación vinculante" y pactada por los Veintisiete. Así que para Berlín el tema "queda zanjado". Un capote clarísimo por parte del Gobierno de la canciller, Angela Merkel. Una opinión más que "autorizada", dicen en el Gabinete, que recuerdan que Maas fue anteriormente titular de Justicia "y sabe de lo que habla". En resumidas cuentas, la eficacia jurídica, a ojos del equipo de Sánchez, es clara e indiscutible, hasta el punto de que llegado el caso se podría invocar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En Moncloa recuerdan que según el texto de 1969, solo cuatro magistraturas representan a sus Estados, y una de ellas son los embajadores

A Sánchez también se le ha reprochado que hubiera aceptado que el compromiso de Londres quedara firmado por el embajador Tim Barrow, y ni siquiera por May. En La Moncloa se vuelven a remitir a la Convención de Viena de 1969, que en su artículo 7.2 señala que, en virtud de sus funciones, se considerará que representan a su Estado, a la hora de ejecutar los actos relativos a la celebración de un tratado, solo cuatro magistraturas: los jefes de Estado, los jefes de Gobierno, los ministros de Exteriores y los embajadores acreditados. "Solo ellos hablan por nombre de su Estado".

Los populares consideran que España ha dado un paso atrás respecto a lo conseguido por Rajoy en abril de 2017. Entonces, el ministro Alfonso Dastis logró incluir en las 'guidelines', en las directrices para la negociación del Brexit, que cuando el Reino Unido abandonara la UE, ningún acuerdo entre Bruselas y Londres se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo bilateral entre España y Gran Bretaña. "Nosotros hemos multiplicado por tres esa garantía y vamos más allá de las 'guidelines', de esa orientación número 24. Ahora nuestra interpretación la sostienen los Veintisiete [el Consejo], la Comisión y el Reino Unido. Además, las orientaciones se pueden cambiar en otro Consejo, y esto queda ya para siempre. Esta declaración menciona el pleno respeto a la integridad territorial de España, con lo que eso supone para Gibraltar".

Respecto al artículo 3 del tratado de salida, que no habla del Peñón como colonia, el Ejecutivo socialista indica que tras este Consejo Europeo "ya ha quedado claro que lo que haya de negociarse sobre el Reino Unido opinarán y dirán los 27 y que sobre Gibraltar es España la que decidirá". May reiteraba este lunes que negociará por "toda la familia" del Reino Unido, incluido el Peñón. "Es que eso no es nuevo. Nunca hemos pretendido cambiarlo. La Roca es un territorio a descolonizar cuya representación exterior está en manos de Londres. Lo nuevo sería que Gibraltar negociara por sí mismo", insisten desde el entorno del presidente. En el Ejecutivo atribuyen también las palabras de la 'premier' a su propia debilidad política: el 11 de diciembre el acuerdo pactado con Bruselas debe ser visado por el Parlamento de Westminster, y no está nada claro que vaya a superar la prueba.

¿Por qué no se cambió la redacción del tratado de salida y de la declaración de relación futura? "Lo que queríamos es que hubiera garantías de que España tendría la última palabra sobre Gibraltar. Y eso es lo que hemos conseguido. ¿Qué más da dónde esté?", insisten en La Moncloa. En el corazón del Gabinete añaden que había "32 artículos en disputa", por las objeciones de distintos países a la redacción pactada por Barnier y Londres, y "el único país" que ha logrado que su posición salga adelante es España, porque "no se podía reabrir la redacción de 32 artículos, y más con la presión política que tiene encima May". A juzgar por el encendido debate público de estos días, no parece que el lugar donde se ha resuelto la demanda de Madrid, en este caso, sea inocuo.