España pierde el 25% del agua que consume por la falta de inversión en infraestructuras

El cambio climático está dejando una España con una persistente sequía pero también con precipitaciones estacionales, algunas torrenciales, que provocan que en una tarde caiga la mitad del agua de un otoño, como ha ocurrido recientemente en Mallorca. Agua que provoca riadas e inundaciones y que termina vertida al mar porque no hay infraestructuras para su recogida. Sin embargo, los políticos no terminan de ponerse de acuerdo para alcanzar un pacto nacional del agua que mejore la gestión de este bien escaso y que dé un impulso a la inversión en infraestructuras, no solo para recoger el agua que cae del cielo sino para evitar las elevadas pérdidas en la red. Ante este escenario, El Confidencial ha organizado una mesa redonda con representantes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos para conocer sus propuestas, que siguen enfrentadas.

De un lado, PSOE, Podemos y los nacionalistas han consensuado un documento que plantea redimensionar los trasvases ante la expectativa de menor caudal por el cambio climático; de otro, PP y Ciudadanos, han presentado sendos votos particulares al texto, que no es vinculante pero servirá de base para la nueva ley de cambio climático que prepara el Gobierno.

“Apostamos por un sistema equilibrado que respete, de un lado, la normativa europea y, de otro, que reconozca el contexto nacional, atendiendo a las cuencas con modelos alternativos que permitan la resiliencia de las regiones que tienen trasvases”, defiende el diputado socialista Ricardo García Mira, quien no está de acuerdo con la privatización total y apela a un mayor control público en la gestión y la participación de los ciudadanos en la misma. “El agua debe considerarse como un derecho social, constituyendo un mínimo vital, manteniendo e invirtiendo en infraestructuras rentables”. En este sentido, “hay que encontrar un equilibrio entre la dimensión social y las necesidades económicas para mantener las infraestructuras que dan servicio a las distintas cuencas y a los ámbitos residenciales, y que sean capaces de devolver esa agua al sistema”.

Además, hay que concretar “qué se entiende por eficiencia”, dice su aliado político en materia de agua, Unidos Podemos-En Comú Podem, en boca de la diputada Alicia Ramos. “¿Es un concepto económico?, ¿de sostenibilidad ambiental?, ¿de servicio al ciudadano?”, se pregunta la diputada, poniendo el acento en la reinversión en sostenibilidad ambiental.

“No estamos de acuerdo con muchas de las conclusiones a las que llega el documento”, dice Teresa de Lara, diputada del PP, que propone “más inversiones en mantenimiento, conservación, depuración e infraestructuras de planificación hidrográfica, priorizando unas sobre otras teniendo en cuenta el coste/beneficio y el impacto medioambiental”. En paralelo, “hay que satisfacer las demandas y garantizar la continuidad de los regantes”. En la actualidad, la agricultura consume el 70% del agua, por lo que todos los partidos coinciden en la necesidad de fomentar el ahorro con la modernización de los regadíos.

Ciudadanos, por su parte, es más contundente y dice que no habrá pacto nacional del agua porque no hay consenso. “A nosotros no nos han presentado ese documento previamente para poder trabajar en él. Cada uno va a su libre albedrío y esto es un problema porque no damos seguridad. El agua es un derecho humano que hay que garantizar”, expone el diputado de la formación Miguel Ángel Garaulet. Su propuesta se basa en lo que llama teoría de las 4R: recuperar el agua que cae con nuevas infraestructuras, reducir el consumo tanto en el regadío (a partir de su modernización) como en las ciudades, reutilizar el agua y repartirla a aquellas cuencas con déficit hídrico.

Necesidad de inversiones

El ritmo inversor no ha recuperado los niveles precrisis y el sector presenta un déficit de 12.300 millones de euros, según un informe de PwC, que advierte de las “elevadas” pérdidas de agua en la red, equivalentes al 25% del consumo, frente al 18% de Portugal o el 7% de Alemania. “De forma sistemática, en la última década, España invierte un tercio de lo que desembolsa el resto de Europa en infraestructura de agua, por lo que no podemos achacar este problema solo a la crisis”, comenta Santiago Otero, socio 'strategy' de PwC y presente también en esta mesa. Según sus cálculos, para cumplir con los planes de cuenca se debería doblar la inversión y situarla en unos 4.500 millones anuales.

PwC advierte de las “elevadas” pérdidas de agua en la red, equivalentes al 25% del consumo, frente al 18% de Portugal o el 7% de Alemania

Dentro de las distintas áreas, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales presenta enormes deficiencias. De hecho, tal y como refleja el informe de la consultora, se está produciendo un “recurrente y sostenido” incumplimiento de la Directiva Marco del Agua europea que es objeto de multimillonarias sanciones. La última impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE el pasado mes de junio ascendió a 12 millones de euros. Para evitar este “continuo acoso”, en palabras del PSOE, el Gobierno acaba de presentar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), con el objetivo de mejorar el saneamiento en unas 500 localidades y que se suma al Plan Crece del anterior Ejecutivo.

Pero en los Presupuestos Generales del Estado el agua queda en un segundo plano. Según las cifras de Ciudadanos, son necesarias unas inversiones de al menos 40.000 millones, lo que hace inevitable la colaboración público-privada para modernizar las infraestructuras y adaptarlas al cambio climático.

Mientras esa inversión llega, Podemos apela a la reinversión de la tarifa en infraestructuras del agua para hacer sostenible el sistema. Es por ello que pide cambios legislativos para que la Administración pública no pueda utilizar lo que se recauda del canon a otros fines distintos, tal como ocurre en la actualidad.

Modelo de gestión

A diferencia de otros sectores, no hay unidad de mercado y la gestión del agua presenta una complejidad regulatoria por la intervención de las administraciones central, autonómica y municipal, con modelos públicos y mixtos, y con algunos servicios gestionados por empresas vía concesiones. Ello no da transparencia al mercado y genera inseguridad jurídica. La mejora de la gobernanza es algo que defienden todos los partidos políticos, siempre y cuando el sector público controle el mercado. Sin embargo, no existe un organismo regulador que elabore normas, vigile y sancione la actividad y proteja a los consumidores en conjunto.

“Hay que mejorar la gobernanza de las aguas de nuestro país, que son de todo menos transparentes, participativas y eficientes. Tenemos que sacar el agua de la política”, propone Garaulet, quien llama la atención sobre consistorios deficitarios incapaces de invertir en mejoras en el servicio. “Un pueblo pequeño puede hacer una inversión en una depuradora, pero luego hay que mantenerla, y ese coste no todos lo pueden asumir”, dice.

Otro de los frentes es la enorme dispersión tarifaria, en que cada municipio fija la suya, produciéndose diferencias de hasta un 60%

García Mira no está de acuerdo con la privatización total y apela a un mayor control público en la gestión y la participación de los ciudadanos en la misma. En este sentido, Podemos apuesta por la recuperación de la gestión por parte de los ayuntamientos, dando así protagonismo a los vecinos. “Se debería tener una idea del ciclo integral del agua”, y que una misma institución gestionara el agua en todos sus niveles, dice Ramos, quien critica que el agua se convierta en un “bien económico a explotar”, donde la “eficacia y la eficiencia no pueden hacer referencia exclusivamente al margen económico”.

“La gestión tiene que ser eficaz, eficiente, solidaria, sostenible e integral”, apunta la popular De Lara como prioridad antes de decidir si la gestión debe ser pública, privada o mixta.

Disparidad tarifaria

Otro de los frentes es la enorme dispersión tarifaria, en que cada municipio fija la suya, produciéndose diferencias de hasta un 60%. “¿Que todos tuvieran la misma? Sería un ideal, pero es un ideal inalcanzable cuando la competencia está transferida a los ayuntamientos", reconoce el PP. “Y cada alcalde querrá poner la suya”, añade Ciudadanos.

Desde el PSOE, plantean realizar auditorías que “proporcionen un índice más ajustado”. Podemos, por su parte, también coincide en fijar un límite, pero desde los propios consistorios. En su opinión, "las tarifas abusivas tienen que ver muchas veces con el margen de beneficio que las empresas privadas quieren obtener. En Barcelona se ha demostrado que la gestión pública directa puede reducir hasta un 25% la tarifa, reinvirtiendo en el servicio el beneficio económico", señala.

“La asignación de precios debería ser igualitaria en el conjunto del Estado y habría que desarrollar una metodología que guíe, con independencia de quién preste el servicio y que haya una homogeneidad en términos de cómo se calcula esa tarifa”, apunta Ollero, de PwC.