El 'gesto' de Moncloa enfada a la Abogacía y desactiva en Estrasburgo la rebelión

"El gesto" de Moncloa a los independentistas que puede ser mucho más que eso. La decisión del Ejecutivo de Sánchez de forzar una acusación por sedición en la causa del 'procés' desactiva de facto una posible condena por rebelión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Abogacía del Estado acude al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo con un escrito que asegura que los hechos encajan en la sedición y no en rebelión. El mismo cuerpo debería defender en Europa un eventual recurso de los independentistas si fueran condenados por rebelión, por el que sí acusa la fiscalía. Fuentes jurídicas consideran que España pierde capacidad de defenderse con solvencia ante Europa.

La acusación por un delito menos grave previsto en el Código Penal no afecta demasiado de cara al juicio en España, donde otras dos partes —la citada Fiscalía que lleva el peso y Vox— irán por rebelión pero puede ser trascendental en Estrasburgo. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial califican el paso como un "sabotaje al corazón del Estado" y llegan a tachar la decisión impuesta por Pedro Sánchez de "fraude procesal". "Será imposible pensar que el Abogacía del Estado defienda creíblemente en Europa una eventual sentencia de condena por rebelión cuando no lo ha hecho en España", avisan. "Estado bipolar", "dicotomía", "contradicción perniciosa", son otros de los calificativos que ha levantado en el mundo jurídico la acusación de los letrados estatales, hasta tal punto impuesta desde la cúpula del Gobierno que los abogados personados en el caso se negaron a firmarla.

TE PUEDE INTERESAR

El Ejecutivo niega "imposición" a la Abogacía, cambios de criterio y gestos al separatismo

Juanma Romero

El malestar en el seno del cuerpo es máximo ante la certeza de que la orden dictada pone a la Abogacía al servicio de intereses partidistas. "Se confunde la Abogacía del Estado con la Abogacía del Gobierno", denuncia una de las fuentes mientras que otras resaltan que la función de la institución, encargada del asesoramiento legal, no es la de defender los intereses del Ejecutivo de turno. "Los gobiernos pasan y el Estado permanece", resume otro. La comparación de las penas reclamadas resulta muy gráfica: para Junqueras el Ministerio Público pide 25 años y la Abogacía, la mitad, 12.

Algunos interpretan "la estratagema" como un modo de acorralar al Supremo. Además de perjudicar la posición de España ante el TEDH también se presiona al alto tribunal al que se sitúa en una posición en la que se le da un claro aviso: cualquier sentencia en la que se dé por bueno el delito de rebelión será criticada, dicen. "Si fuera el abogado de los acusados, esto que se está haciendo es lo que hubiera aconsejado", comenta uno de los consultados. "¿Va la Abogacía del Estado a defender en Europa una sentencia en la que no cree?", dice otro.

Fuentes del Supremo tratan de imponer la calma frente a la crítica generalizada y avisan de que el debate jurídico sobre la calificación sea una o sea otra, no es decisivo. Lo importante en esta etapa previa al juicio es que unos y otros hayan respetado los hechos del procesamiento, como así sucede pese al uso de términos distintos, violencia para el Ministerio Público y movilización tumultuaria para la Abogacía. Defienden, además, la autonomía funcional de las partes respecto del tribunal y recuerdan que la vista oral ni siquiera ha arrancado y que será tras ella cuando se defina si los hechos fueron delictivos.

"Es muy difícil de explicar y minusvalora la posición de España ante Europa", refleja otra de las fuentes que indica que este un cambio actitud resulta aún más difícil de entender tanto para la ciudadanía como para los operadores jurídicos. Más extraño aún en un cuerpo de primer nivel que siempre se ha caracterizado por la defensa de los principios básicos del ordenamiento jurídico.

Malestar

El malestar por este 'guiño' que muchos interpretan como el precio por el apoyo de ERC a los presupuestos —"han vendido España por 30 monedas", considera una de las fuentes con las que ha hablado este diario— se incrementó tras las declaraciones de la ministra Dolores Delgado después del Consejo de Ministros. Tanto la titular de Justicia, Dolores Delgado, como la vicepresidenta, Carmen Calvo, negaron influencia alguna en la decisión y expresaron que no se trata de una cuestión de gestos, sino "una cuestión jurídica siguiendo criterios estrictamente profesionales".

Delgado afirmó que el hecho de que el escrito solo vaya firmado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, alto cargo de Justicia, y no por los abogados del Estado que han estado todo el año en la causa es menor. "No ha habido imposición de criterio. La Abogada General del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos y elaborado el escrito de conclusiones que ha firmado", declaró tras el Consejo de Ministros. La ministra insistió en que la decisión fue fruto de un debate jurídico aunque eldiario.es y 'El País' informaron de que la decisión sobre la acusación se tomó en Moncloa en una reunión con pesos pesados del partido como José Luis Ábalos, no en la Abogacía.

En el mundo judicial destacaron que la ministra, fiscal de formación, deja en mal lugar a sus compañeros del ministerio público al considerar que no hubo rebelión. "Pone a la fiscalía a los pies de los caballos", señala un fiscal. Consideran insultante el empeño por negar la mayor y tratar de vender que el criterio no es fruto de un cambio 'interesado' en la visión sobre la causa. La señal al independentismo, además de escandalizar, amaga con quedarse corta. El 'president' de la Generalitat Torra ha tachado a Pedro Sánchez de "cómplice de la represión". "No es un gesto, es un desprecio absoluto. Hoy el Gobierno español ha perdido una oportunidad de oro para sacar este conflicto de la justicia y devolverlo a la política", agregó.