El futuro jurídico de Neymar se complica: la acusación particular pide seis años de cárcel

El exjugador del Fútbol Club Barcelona, Neymar Da Silva, se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel al pedir las acusaciones particulares que sea juzgado por un delito de estafa continuada. Basándose en los contratos que el brasileño firmó con el FC Barcelona en 2011, en los que se habría simulado un precio de traspaso inferior al real y firmado un acuerdo antes de que Neymar fuera agente libre, la Fiscalía pide dos años de cárcel y una multa de 10 millones para el jugador por un delito de corrupción entre particulares. Las acusaciones particulares, sin embargo, consideran insuficiente dicha condena y complican ahora el futuro jurídico de Neymar con sus escritos.

Al ascender la hipotética pena a más de 5 años, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, hasta ahora responsable de la instrucción, ha tenido que elevar el caso a la Sala de lo Penal para que sean tres magistrados quienes se hagan cargo del juicio oral, en el que también se investiga al expresidente del FCB Sandro Rosell —el fiscal pide cinco años de prisión—, al actual presidente Josep María Bartomeu -una acusación particular pide 5 años de cárcel— y al propio club —el Ministerio Público pide una multa de 8,4 millones de euros—. Las diligencias implican además a los propios padres del jugador —el fiscal pide dos años de cárcel para él y uno para ella— y al equipo del que procedía, el Santos Fútbol Club, para el que se piden 7 millones de multa.

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Entre las acusaciones particulares cabe destacar la representada por el fondo brasileño DIS, que tenía un 40% de los derechos federativos de Neymar pide ahora que se le juzgue por estafa continuada. Según recoge la agencia EFE, DIS reclama además mayores penas que la Fiscalía para la mayoría de los investigados: 5 años de cárcel al padre de Neymar, así como al presidente y expresidente del Barça, Josep Bartomeu y Sandro Rosell, y una multa de 195 millones de euros al club.

Aunque el fiscal pide menores penas que dicha acusación particular, en su escrito sostiene que los investigados "idearon fragmentar el pago del fichaje del jugador en diversas partidas para lo que formalizaron una serie de contratos". Cuando en 2013 se dio a conocer el fichaje, afirma, "el FC Barcelona decidió mantener públicamente que la adquisición del jugador un año antes de lo previsto le costaría al club" los 40 millones inicialmente pactados a los que habría que añadir 17,1 millones por la adquisición de los derechos federativos al Santos.