Batet desiste de dos recursos más ante el TC para facilitar la distensión con Cataluña

Poco a poco, el Gobierno intenta cimentar la distensión con el Govern de Quim Torra. Sin perder de vista la observancia de la legalidad. Palo y zanahoria. Ley y diálogo, según la doctrina que incansablemente reitera el Ejecutivo. Ahora, desistirá parcialmente de dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de vivienda y pobreza energética de la Generalitat, con la pretensión de disminuir la conflictividad institucional con Cataluña.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firma este martes con el 'conseller' de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Govern, el republicano Ernest Maragall, la retirada parcial de esos dos recursos de inconstitucionalidad a las leyes de emergencia habitacional. Y lo harán además en Barcelona, en la sede de la Consellería. El viernes, en la reunión del Consejo de Ministras y Ministros, se podría formalizar ese desistimiento ante el Tribunal Constitucional, apuntan fuentes de Política Territorial.

Lo que firman este 30 de octubre Batet y Maragall es la renuncia parcial de las impugnaciones interpuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el TC a la ley 24/2015 y a la ley 4/2016 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Acuerdo al que se llegó tras semanas de trabajo en las reuniones técnicas bilaterales de la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos, órgano que se puso en marcha con la celebración de la comisión bilateral Generalitat-Estado del pasado 1 de agosto, y que precisamente presiden Batet y Maragall.

El pacto entre las dos administraciones fue anunciado el pasado 24 de octubre por el titular de Territorio y Sostenibilidad del Govern, Damià Calvet, y suponía que Cataluña recuperará prácticamente todos los artículos de las leyes 24/2015 y 4/2016, que habían sido suspendidas cautelarmente por el TC. En realidad, esta última norma es un ajuste de la primera —surgida a partir de una iniciativa legislativa popular (ILP)— que la Generalitat impulsó después de que el Alto Tribunal paralizara la 24/2015 tras el recurso del Gobierno de Rajoy.

El acuerdo se ha alcanzado tras semanas de reuniones técnicas entre las dos administraciones en un órgano alumbrado por la comisión bilateral

"Como Govern de la Generalitat no hemos renunciado a nada, no hemos tocado ni una coma de las leyes. No es un tema de soberanía, es un tema de justicia social", sostuvo el 'conseller' Calvet.

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"Acuerdo interpretativo"

Se habla de desistimiento parcial porque el Ejecutivo socialista sí mantiene su recurso contra los artículos 1 y 2 de la 24/2015, y de la disposición transitoria primera, que hacían referencia a las subrogaciones de hipotecas y daciones en pago, porque entiende que viola competencias del Estado. Sin embargo, sí se resolvieron las discrepancias que había con relación a la expropiación de viviendas a los bancos y grandes tenedores en pleno procedimiento de desahucio, una medida que el TC ya resolvió que es inconstitucional en siete ocasiones, informa EFE.

El Ejecutivo sí mantiene su recurso contra los artículos 1 y 2 y una disposición de la ley 24/2015 porque entiende que viola sus competencias

Gobierno y Generalitat alcanzaron un "acuerdo interpretativo" que pasa por reorientar esta medida en el desarrollo normativo siguiendo el prototipo de redacción que han usado otras comunidades autonómas (como Baleares) para garantizar este derecho.

Calvet subrayó la semana pasada que es clave que el Govern recupere estas leyes porque así podrá "actuar de manera inmediata y efectiva para disponer de mejores instrumentos en materia de vivienda" como la mediación en caso de desalojo, la expropiación temporal de viviendas de grandes tenedores que lleven dos años vacías y la obligación para los bancos de reubicar a los desahuciados con un alquiler social.

Ya se retiró el de sanidad universal

Estos dos desistimientos ante el TC se suman a la retirada del recurso contra la ley de universalización de la asistencia sanitaria en Cataluña, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de septiembre. El Gobierno entendía que no tenía sentido mantener esa impugnación viva ante el TC una vez que el Congreso había convalidado el decreto ley impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de restitución de la sanidad universal. La aprobación esta última norma permitía el "acomodo constitucional" de la ley catalana, ya que amplió el ámbito de la protección sanitaria a todo el país, haciendo desaparecer la contradicción entre la normativa autonómica y la legislación estatal.

Los recursos contra las leyes relativas al 'procés' soberanista sí se mantendrán. El Gobierno además impugnará la moción de reprobación al Rey

El Gobierno intenta apuntalar la estrategia de distensión con Cataluña. Paso a paso. Y una de las herramientas es la reducción de la conflictividad institucional. Por eso, de las 16 leyes catalanas que el Ejecutivo tenía recurridas ante el TC, ya hay tres de las que se levantará la suspensión gracias al diálogo entre las dos administraciones.

Fuentes del departamento de Batet apuntan que, de las 13 restantes, aún hay alguna que está estudiando para retirar la impugnación, pero en otras ni se baraja la renuncia. Todos los recursos contra disposiciones relativas al 'procés' soberanista se mantendrán.

Además, el Ejecutivo presentará en los próximos días su impugnación contra la moción de reprobación al Rey que aprobó el Parlament el pasado 11 de octubre, a propuesta de los comunes y apoyadas por los independentistas de ERC y Junts per Catalunya (JxCAT). El Gobierno, como explicó el viernes la portavoz, Isabel Celaá, entiende que esa resolución puede suponer el inicio de un nuevo proceso "unilateral" que desemboque en la proclamación de la república catalana. Sánchez irá al TC sin el respaldo del Consejo de Estado: este entiende que el texto es censurable, pero que no produce "efectos jurídicos".