Magistrados del Supremo cuestionarán la legalidad del pleno de las hipotecas

La pelea en el Tribunal Supremo no solo no decae a 10 días del polémico pleno previsto para examinar el fallo de las hipotecas sino que se incrementa. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, magistrados de la Sala de lo Contencioso tienen previsto plantear como primer punto de esa reunión para sentar jurisprudencia acordada por el presidente, Luis María Díez-Picazo, la irregularidad misma de su convocatoria. La iniciativa amenaza con tumbar el pleno si logra recabar los apoyos necesarios y se abordará antes de que se inicie la deliberación sobre el asunto de fondo.

El pleno fue convocado un día después de hacerse pública la primera sentencia de la Sección Segunda, en la que se establecía que es el banco y no el cliente quien debe abonar el impuesto de las hipotecas. Seis magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo fallaron, modificando la jurisprudencia anterior, que el tributo de actos jurídicos documentados debe ser abonado por las entidades y no por los consumidores.

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Picazo justificó su convocatoria en una nota en la que aseguraba que la resolución suponía un giro radical en el criterio hasta ahora sustentado y tenía, además, enorme repercusión económica y social. Por ello dispuso, con carácter urgente, dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar y llevar a este pleno de la sala, en el que participarán 31 magistrados, los recursos pendientes, "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".

La decisión levantó un gran malestar que ahora puede concretarse en acciones. Algunos de los magistrados no solo ven inconveniente el pleno, que debía haberse celebrado antes de esa decisión adoptada a la que siguieron otras dos y nunca después, y menos para 'enmendarla', sino que consideran que no casa con el espíritu de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula este tipo de reuniones.

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En su artículo 197, la norma especifica que podrán ser llamados para formar sala todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de Justicia. Es decir, que el asunto revista una especial complejidad que requiera oír a todos los magistrados. En ningún caso los motivos para convocarlo encajan con la repercusión económica o social, aseguran las fuentes consultadas.

Relaciones rotas

No solo hay malestar en la sala. La relación entre el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y Picazo, antaño aliados, no atraviesa por su mejor momento. Tras la publicación por parte de este diario de las llamadas previas que ambos cruzaron antes de que los acontecimientos se precipitaran y acabaran en desastre —sentencia, pleno que se interpreta como rectificación, reunión para apaciguar ánimos—, el responsable de lo Contencioso ha perdido el paragüas que hasta ahora le protegía en el alto tribunal, donde no cuenta con demasiados apoyos, por no decir ninguno.

Opinión

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Las relaciones están rotas. Lesmes, que aupó en el verano de 2015 a Picazo a su actual puesto con un alto coste personal, ya no está dispuesto a continuar dando la cara por él ni apagar los fuegos que provoque. Algo que lleva haciendo desde que impulsara hace tres años su candidatura para desbancar de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a José Manuel Sieira, magistrado de carrera y una de las caras más conocidas del alto tribunal.

El presidente del Supremo no ocultó su enfado ni siquiera en las declaraciones efectuadas a primera hora de este jueves, en las que evidenció que la idea de convocar el pleno no fue suya sino de Picazo. Tampoco lo hizo horas después durante la reunión del Consejo General del Poder Judicial, donde volvió a repetir lo mismo que a la prensa. Las voces que piden una dimisión suben de tono y Picazo ya no tiene parapeto.