Interior inicia el repliegue del operativo de Cataluña y deja la seguridad a los Mossos

El Ministerio del Interior ha empezado a desmantelar el dispositivo que diseñó para garantizar el orden público en Cataluña durante el otoño caliente del independentismo. Los grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía que envió antes de la Diada desde otros puntos de España para reforzar la protección de edificios e infraestructuras del Estado ya han regresado a sus lugares de origen. También se han marchado los guardias civiles destinados en la comunidad que tenían plaza en otras regiones pero quedaron retenidos el pasado septiembre a la espera de cómo evolucionaban las protestas, según han confirmado a El Confidencial fuentes policiales. Los Mossos d'Esquadra serán los responsables de nuevo casi en exclusiva de la seguridad en Cataluña.

La cartera que dirige Grande-Marlaska ordenó el refuerzo ante el riesgo de altercados y las dudas que existían sobre cuál sería la respuesta de la policía autonómica a la nueva campaña de movilizaciones. Interior optó por trasladar a unos 450 antidisturbios (10 grupos de la UIP) que se sumaron a los 90 efectivos (dos grupos) con sede permanente en Barcelona y los otros 90 que suelen desplazarse periódicamente a Cataluña para realizar labores de control en el paso fronterizo de La Junquera. Gran parte de los agentes fueron alojados en el cuartel del Bruch del Ejército de Tierra, a solo unos minutos en coche del centro de la Ciudad Condal.

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Además, la Dirección General de la Guardia Civil acordó antes de la Diada que 300 miembros del cuerpo con plaza en Cataluña que ya habían recibido el visto bueno para incorporarse a comandacias de otras comunidades permanecieran en su destino para “garantizar la seguridad” ante las convocatorios que se avecinaban. El bloqueo de los traslados se mantendría hasta el 15 de octubre, aunque con la posibilidad de prorrogarlo, como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con los 6.000 efectivos que activó en la llamada operación Copérnico de hace un año. El plan iba a durar cuatro semanas, pero se extendió tres meses y medio.

Aunque las cifras del refuerzo de este otoño eran mucho más modestas, el ministerio no ha esperado para desmontarlo. Casi la totalidad de los agentes movilizados ha salido ya de Cataluña, aseguran fuentes conocedoras del dispositivo. Al menos ocho de los 10 grupos de UIP desplazados desde otros puntos de España han vuelto a sus respectivas bases. Y los guardias civiles que fueron retenidos se han marchado a sus nuevos puestos. Solo se mantiene el número de agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil —equivalentes a los antidisturbios de la Policía— que llegaron antes de la Diada.

El repliegue ha comenzado incluso antes de la última gran fecha señalada en rojo por el secesionismo: el primer aniversario de la declaración unilateral de independencia (DUI), que tendrá lugar este próximo sábado 27 de octubre. Habrá actos reivindicativos, pero no se prevé que desemboquen en altercados. La ANC ha organizado concentraciones en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa. Sin embargo, en las últimas semanas ha perdido capacidad de convocatoria. También los CDR, el otro actor que lidera el pulso en las calles. El pasado 3 octubre pretendían celebrar una gran huelga de país para conmemorar el paro de hace un año. Finalmente, se tuvieron que conformar con algunos actos simbólicos que cosecharon un seguimiento minoritario.

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Esa pérdida paulatina de tensión es uno de los motivos que han llevado a Interior a desactivar la mayor parte del refuerzo, aunque no descarta nuevos traslados de agentes si se producen picos de tensión. Los servicios de información detectaron este verano que los sectores más radicales pretendían adueñarse de las calles con acampadas y marchas continuas para generar un clima de caos permanente. Sin embargo, como informó este diario, las previsiones más realistas apuntaban a una escalada progresiva de las protestas con la intención de alcanzar el punto álgido en la próxima primavera, en pleno juicio a los dirigentes del 'procés' en el Tribunal Supremo y en vísperas de las elecciones municipales y europeas, cruciales para los planes de Puigdemont.

Los hechos demuestran ya avanzado el otoño que el independentismo ni siquiera ha sido capaz de mantener su hoja de ruta más conservadora, entre otros motivos, por los problemas de cohesión interna que ha abierto el escenario pos-DUI. El objetivo de alcanzar el clímax en primavera se mantiene, pero el 1 pasado de octubre el movimiento sufrió un calambrazo cuando, en pleno aniversario del referéndum, los concentrados empezaron a abuchear al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a exigir la dimisión del consejero de Interior, Miquel Buch. Después, un grupo de 200 radicales intentó tomar el Parlament por la fuerza.

La reacción que tuvieron los Mossos esa noche, repeliendo a los violentos sin contemplaciones, es otro de los elementos que ha tenido en cuenta Grande-Marlaska para dejar el mantenimiento del orden público en manos de la policía autonómica. El ministro apuesta por restablecer la confianza en los Mossos, a pesar de los episodios que se registraron durante la consulta ilegal de hace un año y la promesa del Govern de seguir adelante con sus planes para “hacer la república catalana”.