El PSOE intenta quitar a PP y Cs su poder de frenar iniciativas en la Mesa del Congreso

Los socialistas ya están hartos de que sus iniciativas duerman semanas y semanas en el Congreso debido a que el control de los tiempos no lo tienen ellos, ni el Gobierno, ni el pleno de la Cámara, sino la Mesa, por la mayoría absoluta de PP y Ciudadanos. Así que quieren arrebatar ese poder a "las derechas". Que ambas formaciones, solas, no puedan frenar las propuestas, estirando los plazos a conveniencia.

Esa es la finalidad que subyace en la propuesta de reforma del reglamento del Congreso que el PSOE registró hace más de un año [aquí en PDF], pero que ahora ha decidido que llevará a pleno la próxima semana. La idea es cambiar un mecanismo que se ha convertido en una "argucia" que, a juicio de los socialistas y del Gobierno, PP y Ciudadanos, utilizan constantemente: hasta ahora, cuando dos grupos, al margen de cuál sea su peso, piden ampliar el plazo de presentación de enmiendas de una iniciativa, la Mesa del Congreso lo concede. Es decir, que si PP y Cs lo demandan, que son quienes suman mayoría absoluta dentro del órgano rector de la Cámara Baja (tienen cinco de los nueve puestos), se otorga.

El planteamiento de los socialistas es que, publicada una iniciativa, los diputados y los grupos tengan un plazo de quince días para presentar enmiendas, plazo que podría ser prorrogado hasta en dos ocasiones por acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja si lo solicita algún grupo. "Para que puedan acordarse posteriores prórrogas, será necesario que así lo soliciten, al menos, dos grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara", reza el texto. De aprobarse esta reforma del reglamento, PP y Cs no bastarían para parar la tramitación de una iniciativa, puesto que suman 169 escaños, siete menos de la mayoría absoluta (176).

Los socialistas argumentan que se trata de incorporar las reglas de juego utilizadas en otras legislaturas. De hecho, señalan que años atrás la propia Mesa adoptó una serie de criterios que "condicionaban la concesión de prórroga en los plazos de presentación de enmiendas que así lo solicitaran un número de grupos parlamentarios que representaran a la mayoría de los diputados". En esta legislatura, señalan, este tipo de acuerdos "se vienen adoptando por mayoría" de la Mesa, "sin más requisitos", "lo que está provocando que la tramitación de algunas proposiciones de ley tomadas en consideración por el pleno esté siendo postergada en relación con otras adoptadas por la Cámara con posterioridad".

La proposición de ley podría ser paralizada en la Cámara Baja por el mismo procedimiento, alargar el periodo de presentación de enmiendas

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, anunció que su grupo lo llevará al pleno de la próxima semana. El problema que se encontrará la proposición de ley es el mismo que le ocurre con todas las demás. Una vez tomada en consideración la propuesta, PP y Cs pueden alargar el plazo de presentación de enmiendas todo el tiempo que deseen. Solo a partir de la aprobación de ese texto se les despojaría de ese poder de freno. La modificación de la normativa de la Cámara Baja exige de la mayoría absoluta del pleno, dado que tiene carácter de ley orgánica.

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Juanma Romero

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El Ejecutivo se siente cada día más frustrado con el comportamiento de las dos fuerzas conservadoras. Y, de hecho, lo denunció el pasado viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, el pasado viernes tras el Consejo de Ministras y Ministros. Acusó a ambas fuerzas de "bloquear" la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y de actuar con "inmadurez" política.

La reforma de la Ley de Estabilidad continúa aún bloqueada, de forma que el Gobierno no tendrá su nueva senda de déficit antes de llevar los PGE

Los populares ya han anunciado que harán todo lo posible para que las cuentas de 2019 ni siquiera se debatan en las Cortes, porque entienden que pueden ser "ilegales", según afirmó el propio líder de los conservadores, Pablo Casado, la semana pasada en la sesión de control al Ejecutivo. También han adelantado que vetarán el proyecto de ley cuando llegue al Senado.

No solo eso. La reforma de la Ley de Estabilidad, la que suscribieron PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, para despojar a la Cámara Alta de su capacidad de veto de la senda de déficit, sigue aún paralizada. Ya se ha pedido ampliación del plazo de presentación de enmiendas hasta el 30 de octubre. Y puede alargarse a gusto de PP y Cs todo el tiempo que deseen. Entretanto, no se podrá materializar la modificación de esa norma ni tampoco el Ejecutivo podrá obtener del Parlamento la autorización para cambiar el objetivo de déficit de 2019, del 1,3% aprobado por Mariano Rajoy al 1,8% que consiguió el Gabinete socialista tras pactarlo con Bruselas. De este modo, el proyecto de ley de los PGE deberá ser redactado por Hacienda con esa previsión de desvío de 1,3% (unos 6.000 millones menos). PP y Cs también impidieron que esa reforma fuese tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única.

Lastra aprovechó para demandar a PP y Cs que "no bloqueen" en la Mesa la tramitación de la Ley de Eutanasia. Este jueves el pleno rechazará la enmienda de totalidad de la ley que presentaron los de Casado, pero si tanto ellos como los naranjas demandan a partir de entonces que se prorrogue el plazo de presentación de las enmiendas parciales, la propuesta podría llegar a no ver la luz.

Para el pleno del 6-7 de noviembre

En el Senado, mientras, la Mesa calificó la solicitud de comisión de investigación presentada por el PP sobre la tesis del presidente del Gobierno. Fue apoyada por los cuatro votos de los populares, que disfrutan en la Cámara Alta de mayoría absoluta, y rechazada por los tres de socialistas y PNV. El órgano rector tomó la decisión tras un informe favorable de los letrados. El siguiente paso es que la Junta de Portavoces de la próxima semana decida su inclusión en el orden del día del pleno del 6 y 7 de noviembre, si así lo quieren los populares.

Los populares asumen que difícilmente desfilará el primer compareciente de la 'comisión tesis' antes de febrero, y puede que no sea Sánchez

Los conservadores lograrán sacar adelante su comisión en esa sesión, graicas a su mayoría absoluta del hemiciclo. A partir de ahí, el PP podrá manejar los tiempos a su gusto, puesto que no hay plazo para su constitución formal. Después de que el pleno apruebe la creación del órgano, los grupos han de comunicar qué senadores quieren que formen parte de él. Luego ha de aprobarse el plan de trabajo y después se llamará a los comparecientes. Estos, una vez convocados, han de presentarse en la Cámara mínimo 21 días después.

Eso hace que, como pronto, los primeros comparecientes no aparezcan en el Senado hasta finales de diciembre, para Navidad. Nunca antes de las andaluzas del 2-D. Los populares ahora parecen no tener tanta prisa. Calculan que posiblemente antes de febrero no desfilarán los primeros citados por la comisión. Y si antes incluso afirmaba que el propio Pedro Sánchez sería el primer convocado —todo compareciente está obligado a acudir y a decir la verdad—, ahora baraja la alternativa que sea citado al final, porque lo habitual en este tipo de órganos es que el 'protagonista' principal sea el último en ser llamado, no el primero. En definitiva, que aunque como dijo el vicepresidente primero y portavoz de la Mesa, el popular Pedro Sanz, la comisión puede quedar constituida en noviembre y pedir que se habilite enero para ir trabajando incluso en un mes de vacaciones parlamentarias, lo cierto es que los ritmos los manejará a su conveniencia el grupo mayoritario, el PP.

El informe elaborado por los letrados del Senado, al que ha tenido acceso este periódico [aquí en PDF], es un varapalo al Ejecutivo. Entienden los servicios jurídicos que la comisión de investigación demandada por el PP cumple los requisitos formales y "se refiere a un asunto de interés público", por lo que la Mesa debe admitir a trámite la iniciativa. En caso contrario, el órgano rector podría "incurrir en la vulneración de un derecho fundamental de los senadores autores de la misma". Y la tesis del presidente es un asunto de interés público, arguyen, por "el estatus de la persona concercida", que llevó a cabo "manifestaciones" al respecto, y por el "conocimiento público de la controversia generada" en relación con esta materia, que ha generado "repercusión", tanto en las Cámaras como en los medios.