Los seis folios de Álvarez Conde para montar su 'chiringuito' en la URJC

El principal foco de escándalos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene su origen en un documento de apenas seis folios. Profesores vinculados a PSOE y PP acordaron crear el Instituto de Derecho Público (IDP) en una reunión celebrada el 12 de diciembre de 2001, tras aceptar una breve solicitud de su máximo impulsor, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde. Tras la creación del organismo, Álvarez Conde se convirtió automaticamente en su director, cargo en el que permaneció hasta el pasado abril, cuando fue destituido por la polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes.

Documentos recuperados ahora, a los que ha tenido acceso El Confidencial, detallan cómo fue el proceso de constitución del chiringuito académico que también ha puesto en aprietos a Pablo Casado y provocó la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón. Los trámites arrancaron el 5 de noviembre de 2001, cuando la URJC aún estaba dirigida por una comisión gestora. Álvarez Conde envió ese día una breve carta al entonces vicerrector de Extensión Universitaria, Enrique Otero, vinculado al PSOE, para remitirle su proyecto de creación del IDP.

El catedrático, que tenía prisa para poner en marcha el centro, fue escueto y directo: “Enrique, de acuerdo con nuestra conversación, te envío el Proyecto de Instituto de Derecho Público. Necesito que se proceda a su creación inmediata en la próxima Comisión Gestora para poder conseguir la financiación necesaria para el próximo curso y para planificar las actividades del Instituto. Estoy seguro que si ello es así, podré conseguir una importante financiación pública y/o privada. Un abrazo, Enrique Álvarez Conde”.

El documento adjunto con el proyecto ocupaba solo seis páginas, de las que había que restar una utilizada para la carátula y otra con apenas dos líneas escritas. “El Instituto que se propone se denominará Instituto de Derecho Público y tendrá como sede la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, con domicilio en el Paseo de los Artilleros, s/n, CP 28032, Vicálvaro, Madrid”, arrancaba la memoria justificativa. Después, Álvarez Conde pasaba a enumerar “los objetivos del instituto”, aunque antes pidió una fórmula de gestión “descentralizada” para su organismo. Según explicaba, eso era lo que “demandaba la universidad moderna”. Las investigaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid apuntan a que lo que buscaba, en realidad, era la mayor autonomía posible para dirigir el IDP sin ningún tipo de fiscalización.

Entre los objetivos del IDP estarían, según Álvarez Conde, “el desarrollo de una actividad docente especializada”, “el acometimiento de una importante labor investigadora”, “el establecimiento y mantenimiento de relaciones con el mundo laboral y público” y “la creación de un marco de reflexión y diálogo en cualquiera de los aspectos relacionados con las administraciones públicas, no solo entre universidad y juristas españoles, sino también con el extranjero, realización de mesas redondas, coloquios, debates, intervenciones de prestigiosos juristas...”.

El catedrático de Derecho Constitucional terminaba insistiendo en que era necesaria la “creación inmediata” del IDP para “contar con la estructura suficiente como para obtener financiación externa antes de finalizar el presente curso”. Quedaba pendiente el detalle de cómo se organizaría el instituto, pero Álvarez Conde terminó asegurando que presentaría un borrador con esos datos cuando llegara “el momento oportuno”.

A la comisión gestora de la URJC le parecieron suficientes esas explicaciones. Trató la petición de Álvarez Conde como punto 33 del orden del día de la sesión del 12 de diciembre de 2001. El encargado de presentar la solicitud fue el entonces vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ángel Gil de Miguel, cercano al PSOE y uno de los cuatro vocales del máximo órgano de decisión del centro universitario en aquel momento. Los otros tres miembros eran David Serrano, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación; José Ángel Rivero Menéndez, vicerrector de Títulos Propios, y Jacinto Martín Segundo, gerente general y próximo al PP. Como secretario ejercía Santiago Rosado, catedrático de Derecho Administrativo y tío de Cecilia Rosado, la profesora del IDP que confeccionó el acta falsa de presentación del trabajo fin de máster de Cifuentes.

Carmen Caffarel también participó en esa reunión. Lo hizo en calidad de vicerrectora adjunta de Alumnos y Relaciones Internacionales. No tenía voto pero sí voz. Tres años después de aquella sesión, Caffarel, íntima amiga de la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue nombrada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero directora general de RTVE. De ahí pasó en 2007, gracias al mismo Gobierno, a hacerse cargo de la dirección del Instituto Cervantes.

En las últimas semanas, Caffarel ha sido especialmente crítica con los escándalos que rodean al IDP. “Ninguno de los que trabajamos allí nos merecemos el cachondeo que se está generando con los 'memes', con las redes sociales… por culpa de un instituto que es el Instituto de Derecho Público, presidido por un catedrático que es, cuanto menos, cuanto menos, un defraudador de dinero, pero también un defraudador de las ilusiones de todos los que trabajamos en esa universidad. El daño reputacional que se nos ha hecho como universidad creo que es insalvable”, aseguró Caffarel hace unos días en una conferencia. El públicó reaccionó ovacionándola.

Sin embargo, el acta de la reunión de 2001 demuestra que, a pesar de las escasas explicaciones ofrecidas por Álvarez Conde, la comisión gestora aprobó “por unanimidad” la solicitud de creación del Instituto de Derecho Público. Caffarel no podía votar, pero el acta tampoco refleja que vertiera opiniones en contra. El catedrático de Derecho Constitucional había conseguido el vehículo que buscaba para gestionar cursos y másteres con autonomía financiera.

Esa independencia quedó finalmente confirmada cuatro años más tarde, ya con Pedro González-Trevijano —actual magistrado del Tribunal Constitucional— como rector de la universidad (2002-2013). El 28 de abril de 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó la creación del Instituto Universitario de Derecho Público, a propuesta del Consejo de Gobierno de la URJC y con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.