El mal estado de la administración de Justicia libra a Caminero de la cárcel

Hace más de 10 años, en concreto el 8 de junio de 2008, agentes de la Policía Municipal de Madrid sorprendieron al exfutbolista del Atlético de Madrid José Luis Pérez Caminero con 58.500 euros en billetes de 500 en el interior de su Mercedes. La Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, y la Fiscalía vincularon al exdirectivo del club rojiblanco con una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y dirigió la investigación al Juzgado número 3 de Majadahonda, que puso en marcha una investigación para esclarecer la participación de cada uno de los integrantes de la mencionada organización.

Dicho juzgado, sin embargo, no estaba capacitado para asumir una instrucción de tales dimensiones. Durante la última década, ha pasado por momentos de colapso total motivados principalmente por la constante movilidad de magistrados y la falta de funcionarios. En apenas tres años, pasaron por el juzgado cinco jueces diferentes. En algunos momentos, y durante periodos de hasta dos años, la sala ha estado completamente vacía, sin un solo funcionario más allá del instructor y el secretario o la secretaria judicial. "A cero funcionarios, cero cantidad de trabajo que se saca adelante", explican las fuentes jurídicas consultadas.

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En ese contexto, el sumario que afectaba a Caminero iba avanzando a trompicones. La defensa del exfutbolista observaba cómo el asunto se estancaba, las diligencias se practicaban con extrema lentitud y los meses y los años pasaban en beneficio de su cliente. Porque el asunto no era el único que tenía que abordar el juzgado. La carga de trabajo era completamente inasumible, agregan las mismas fuentes, que añaden que durante este tiempo el juzgado ha reclamado más medios a la Comunidad de Madrid, aunque siempre sin éxito.

En octubre de 2014, por ejemplo, la secretaria judicial elevó una queja ante la Comunidad de Madrid con el fin de protestar por lo que calificaba de "grave situación" por la escasez de recursos humanos y materiales, motivada principalmente por "las plazas que se encuentran sin cubrir". El escrito remitido al Gobierno regional aseguraba que la situación estaba empezando "a ser incontrolable". "La excesiva carga de trabajo y la no provisión del funcionario de plantilla", señaló, hacen que sea "responsabilidad" del Ejecutivo autonómico "cualquier problema que surja como consecuencia" de esta escasez de efectivos.

El escrito reconocía que existía un riesgo sobre los procedimientos que llevaba el juzgado. "Pese a los incuestionables esfuerzos de los funcionarios por hacer que el órgano judicial continúe funcionando con normalidad (...), la lógica nos indica que pueden acabar ocurriendo errores no achacables" a los mismos, sino al "incumplimiento por parte de la Administración de sus deberes más importantes", como son "poner los medios necesarios" para el correcto funcionamiento, añadió la secretaria judicial en la mencionada misiva, que envió precisamente unos meses después de que el juzgado dictara auto de apertura de juicio oral contra Caminero y el resto de la organización dedicada al blanqueo.

La falta de medios y de personal, de hecho, provocó que ese auto nunca fuera notificado a los procesados, lo que retrasó aún más la causa. El juzgado se encontraba totalmente colapsado por la ingente cantidad de procedimientos abiertos y la falta de empleados públicos que los sacaran adelante. En 2013, la Fiscalía presentó su escrito de conclusiones. Pidió cuatro años de prisión y cuatro millones de euros de multa para Caminero y una docena más de miembros de la organización, dedicada principalmente a trasladar billetes pequeños a una sucursal bancaria en la que trabajaba un integrante de la trama con el fin de cambiarlos por grandes para posteriormente remitirlos a los cabecillas de la banda, un grupo de mexicanos que luego se llevaban el dinero a su país.

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El escrito fiscal, sin embargo, estuvo tres años durmiendo el sueño de los justos junto al auto de procesamiento que aún no había sido notificado. Hasta que en julio de 2016 aterrizó la jueza Silvia García Cuerva, que en un arranque de orgullo profesional se decidió a sacar adelante todo el trabajo atrasado a base de quitarse horas de sueño. Más de 100 demandas pendientes de incoar y decenas de autos, sentencias y escritos de todo tipo esperaban a que alguien los reactivara. La magistrada notificó el auto a Caminero y al resto de compañeros de fechorías y amenazó con meter en prisión a todos los investigados si estos no recogían el escrito. Todos se personaron puntualmente.

A todas estas dificultades se han ido acumulando alegaciones. Las defensas reclamaban la retirada de medidas cautelares mientras la Fiscalía solicitaba la imputación de más sospechosos. Para evitar complicaciones, la jueza tiraba por la calle del medio. Si ampliaba las diligencias, se harían eternas. Su determinación permitió dar pasos clave para el desarrollo del procedimiento, pero la magistrada acabó dejando el juzgado y regresaron los problemas burocráticos. En 2017, el juzgado no localizó a media docena de procesados por blanqueo que teóricamente se encontraban en México, por lo que inició todos los trámites que estaban a su alcance para notificarles el auto de apertura de juicio oral. Pero la empresa resultó estéril. No había manera de encontrarles, por lo que su caso fue archivado provisionalmente con el fin de seguir adelante con la causa para el resto de procesados y no paralizar aún más el asunto.

Al final, la Audiencia Provincial de Madrid puso fecha al juicio. Sería el 22 de octubre de 2018, más de 10 años después de que comenzara la investigación. Las dilaciones dejaban poco margen de maniobra a la Fiscalía y al propio tribunal. Caminero se agarraría a ellas durante las alegaciones y la sala no tendría más remedio que concederle los beneficios que llevan aparejadas. De ahí que la defensa del exfutbolista, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, estuviera en posición de negociar una reducción de condena con el ministerio público.

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Caminero admitió la acusación, confesó que formaba parte de una trama organizada dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico y, a cambio, la Fiscalía reducía la pena que reclamaba para él. De cuatro años de prisión, el ahora director deportivo del Málaga pasaba a cuatro meses; y la multa de cuatro millones de euros ahora se quedaba en apenas 17.237 euros, una reducción considerable que permitirá que el exfutbolista y exdirectivo del Atlético de Madrid ni huela las celdas de los centros penitenciarios españoles. En el mismo acto del acuerdo por conformidad, de hecho, la Fiscalía suspendía la pena de prisión por una multa de apenas 2.400 euros. El ministerio público ha alegado, además de las dilaciones indebidas, que ha rebajado a muchos de los acusados un delito de blanqueo atenuado por la imprudencia, que implica que los procesados no conocían el origen del dinero.

Como Caminero, el resto de miembros de la trama también se ha beneficiado de las dilaciones indebidas. Los cabecillas de la organización, por ejemplo, han visto reducida la petición de prisión de la Fiscalía de los seis años que el ministerio público solicitaba en un principio a 18 meses, que tampoco conllevan el ingreso en prisión en caso de que no tengan antecedentes. El tribunal, de hecho, también ha aceptado la reclamación de esos otros 13 acusados de sustituir sus penas de prisión por multas o trabajos en beneficio de la comunidad.