Así les cambia la vida a 100.000 personas con discapacidad que votarán por primera vez

El ciclo electoral que comienza este 2 de diciembre en Andalucía y que seguirá el mes de mayo contará con 100.000 votos más en España. El Congreso aprobó este jueves por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para reconocer el derecho de sufragio de las personas con discapacidad intelectual. Una situación que afecta a 100.000 personas y que constituye desde hace años la principal reivindicación de las asociaciones que defienden sus derechos. "Es algo histórico", insistían a las puertas del Congreso de los Diputados sin exagerar: para la inmensa mayoría será su primera vez en las urnas.

El texto legislativo —que partió desde la Asamblea de Madrid impulsado por el PSOE— pasará ahora al Senado tras haber contado con el consenso total de la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias creen que con seguridad estará listo para las elecciones andaluzas. Las distintas asociaciones implicadas no pueden evitar celebrar con felicidad "el antes y el después" que supone esta decisión: los jueces no tendrán ya la capacidad de decidir las personas que según su criterio reúnen las aptitudes necesarias para ejercer este derecho fundamental.

¿Qué es lo que realmente se cambia en la Loreg y a quién afecta? La modificación lo que hace es eliminar del artículo tercero dos apartados: los que recogían que carecen de derecho de sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el periodo que dure su internamiento". Además, el grupo parlamentario del PP introdujo una enmienda, que contará con luz verde y que dice lo siguiente: "Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera".

La supresión de esos dos apartados son la verdadera clave. Hasta este momento, la figura jurídica de la "modificación de la capacidad de obrar" (antes denominada incapacitación) y a la que muchas familias recurren para proteger a personas con discapacidades intelectuales implicaba de facto la limitación de un derecho fundamental. El procedimiento se inicia con el fin de que un juzgado mediante sentencia judicial adopte las medidas de protección que una persona puede necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica.

La cuestión es que el proceso de lo que antes se denominaba incapacitación judicial puede conllevar distintas limitaciones, por ejemplo, en la administración de bienes o en la realización de operaciones financieras, y directamente incluía en la mayoría de casos la incapacitación de voto. "Por explicarlo de alguna manera, es como un proceso en bloque", explica Javier Luengo, director general de la asociación Plena Inclusión Madrid. "Muchas personas y sus familias empezaron a pedir revocar la sentencia en lo que a derecho de sufragio se refería. Por eso es un día histórico", insiste recordando la votación del jueves.

Pero hasta el cambio de la Loreg que concluirá su tramitación en las próximas semanas, aquellas personas que pedían al juez ejercer su derecho a voto en un proceso electoral, debían someterse a un examen concreto. Y era el magistrado el que estimaba si esa persona tenía o no la capacidad suficiente para votar o entendía que se le debía denegar. Es lo que la mayor parte de las asociaciones definen como un "vacío legal" que además es "muy injusto". Sobre todo, al recordar que a ninguna otra persona se le exige realizar un examen antes de ejercer su derecho a voto. "De alguna manera se introdujo la figura de la calidad del voto y entrar en ese terreno es muy complicado", explica Luengo.

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Paloma Esteban

También el director general de Envera —asociación sin ánimo de lucro que lucha por la integración sociolaboral de personas con discapacidad desde hace cuatro décadas— Pedro Sobrino, insiste en que la modificación de la Loreg "sitúa a todas estas personas como ciudadanos de pleno derecho" al tiempo que "fortalece nuestra democracia" incorporándolas al derecho de sufragio, precisamente a las puertas de un ciclo electoral y el mismo año en el que se cumple el 40 aniversario de la Constitución.

La discapacidad intelectual se refiere fundamentalmente a un deterioro de las funciones cognitivas, y los diferentes tipos se clasifican por niveles, aunque lo más conocido son los propios síndromes como el autismo o el Síndrome de Down. Las asociaciones entienden que existe un gran estigma social con este colectivo por una simple cuestión de desconocimiento. Otro de los argumentos más utilizados para justificar la limitación del derecho de sufragio era el de las personas con discapacidades intelectuales "son fácilmente manipulables". Una afirmación que podría aplicarse a un porcentaje social muy amplio, aunque no tengan ningún tipo de discapacidad.

"Esa creencia parte de una concepción social, de un estigma. Nuestro gran reto es sensibilizar a la sociedad de una realidad que le es desconocida", explica el director general de 'Plena Inclusión Madrid'. Las asociaciones insisten en que la mayor parte de este colectivo, de hecho, está muy interesado en lo ocurre en sus ciudades o en sus municipios y se interesan no solo por las cuestiones políticas, sino por muchas otras que les influyen directamente. "Muchos tienen vocación de acción política, estudian lo que los partidos proponen en materia de dependencia, por ejemplo, y tienen sus preferencias sobre un candidato o una formación concreta", explica Luengo.