Granados y López Madrid amañaron un contrato de Ifema con una red ideada el 11-M

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado el número de adjudicaciones públicas presuntamente manipuladas por la trama Púnica tras un nuevo hallazgo. Un correo electrónico de 2005 recuperado de los servidores de Financiera Siacapital, la firma de inversión del consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid, revela que este se habría concertado con Francisco Granados y el constructor David Marjaliza para manipular una licitación de Ifema que salió a concurso por 13 millones de euros. Después, los tres se repartieron supuestamente una comisión de 3,6 millones por ese y otros amaños.

El contrato, un encargo para construir un nuevo aparcamiento en la zona sureste de la feria de exposiciones de Madrid, fue finalmente concedido por el ente público que gestiona las instalaciones por 11.456.064 euros. De las 14 empresas que se presentaron al concurso, resultó elegida Obrum Urbanismo y Construcciones SL, una modesta constructora que no tenía experiencia en proyectos de esa envergadura. De hecho, hasta entonces se dedicaba únicamente a la construcción de viviendas residenciales. Pese a ello, la licitación se selló en noviembre de 2004, solo un año después de que Granados dejara el Ayuntamiento de Valdemoro y se incorporara al Gobierno de Esperanza Aguirre para hacerse cargo de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Ese mismo año, se convirtió en secretario general del PP madrileño y fue ascendido a consejero de Presidencia.

La UCO ha concluido ahora en un nuevo informe presentado ya en la Audiencia Nacional que esa adjudicación de Ifema —un organismo público controlado por la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de la capital y la Cámara de Comercio regional— fue presuntamente alterada para beneficiar a Obrum, de la que Marjaliza era accionista y a la vez representante. Los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil han descubierto que, el 11 de marzo de 2004, el mismo día de los atentados de Madrid, una de las empresas del conseguidor del caso Púnica, Aruba Gestión SL, selló un acuerdo de representación comercial con Obrum por el que aquella se llevaría un porcentaje de las adjudicaciones que consiguiera para la constructora.

El propio Marjaliza ha confesado ante el juez en varias ocasiones en qué consistía esa supuesta labor de representación comercial: en lograr que Granados y otros dirigentes políticos retocaran los pliegos de los concursos para beneficiar a Obrum. Para lograrlo, la trama se apoyaba en la “existencia de una serie de aspectos que de manera acumulativa incorporan en el proceso de licitación y adjudicación un alto nivel de discrecionalidad, proporcionando ese escenario una situación ideal para adjudicar un contrato de forma fraudulenta”, expone el informe.

Las pesquisas ya habían permitido acreditar de forma indiciaria que ese mecanismo sirvió para que la consejería que dirigía el presunto cerebro de Púnica adjudicara a Obrum un tramo del Metro Sur, la estación de metro de Antón Martín, un tramo del Metro Norte y un proyecto del Metro Ligero a Boadilla del Monte. Sin embargo, un correo enviado el 8 de junio de 2005 por la secretaria de Marjaliza a López Madrid ha sumado a esas cuatro obras un quinto amaño concedido por Ifema, un organismo que no dependía directamente de Granados y hasta el momento había permanecido al margen de las pesquisas sobre la red Púnica. Fuentes cercanas al caso aseguran que fue el propio consejero delegado del Grupo Villar Mir quien se encargó de mediar para que Obrum, una constructora en teoría rival, se llevara la ejecución del aparcamiento.

Eso es lo que explicaría, a juicio de los investigadores, que López Madrid recibiera el correo de la secretaria de Marjaliza y participara presuntamente en el posterior reparto de la comisión que recibió Aruba Gestión SL de Obrum por conseguirle las cinco infraestructuras que figuran en una tabla adjunta al 'mail'. En total, por asegurarse una cartera de obras que sumó 56.600.653 euros, la constructora compensó a Aruba con 5.762.537,37 euros, de los que se “minoraron la cantidad correspondiente al impuesto de sociedades (35 por 100) y otros gastos ocasionados por la estructura montada, de lo que resultó un importe de 3.600.000 euros”, recoge la UCO remitiéndose a las palabras del propio Marjaliza. “Asimismo, declaró que esa cantidad fue repartida a partes iguales (1,2 millones de euros) entre Francisco Granados, la mercantil Financiera Siacapital (Javier López Madrid) y David Marjaliza”.

El presunto conseguidor de la Púnica llegó a aportar las facturas que emitió Siacapital para cobrar esa cantidad, pero el consejero delegado del Grupo Villar Mir negó en sede judicial esa acusación y aseguró que el pago de 1,2 millones se debió a otro motivo. Según explicó López Madrid, el cobro respondía a trabajos de asesoría y consultoría urbanística que había realizado para empresas de Marjaliza con intereses en Parla y Valdemoro. Para avalar esa explicación, presentó un informe pericial elaborado por el catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid, Prosper Lamothe, que tras analizar las relaciones de Siacapital con el grupo empresarial de Marjaliza llegó a la conclusión de que las facturas de la supuesta mordida obedecen a “una colaboración mercantil documentada” y en ningún caso se trata de “facturas falsas ni las relaciones mercantiles son irreales, como se sostiene gratuitamente por la Fiscalía”.