La Sagrada Familia pone sus papeles en regla un siglo y medio después

Hace 136 años, en 1882, se ponía la primera piedra de la que hoy es la atracción turística más importante de Barcelona. Sin embargo, ha tenido que pasar casi un siglo y medio para que la Sagrada Familia disponga de una licencia de obras que ponga fin a una situación alegal por la que la obra inacabada de Gaudí se construía sin que el ayuntamiento de la ciudad hubiera dado luz verde.

El acuerdo al que han llegado la fundación de la Sagrada Familia y el Ayuntamiento de Barcelona incluye un pago de 36 millones de euros en los próximos diez años que servirán para corresponder a la ciudad con los gastos que generan los visitantes del templo.

Esos 36 millones se repartirán de la siguiente manera: 22 millones se destinarán a mejorar el transporte público; 7 a construir un acceso directo a la estación de metro más cercana; 4 a la reurbanización de las calles de alrededor; y 3 a la limpieza de las zonas anexas al templo.

En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau asegura que “la Sagrada Familia es un icono y el monumento más visitado de nuestra ciudad. Después de dos años de diálogo hemos llegado a un acuerdo que garantiza el pago de la licencia, el acceso seguro al monumento y facilitará la vida de los vecinos con mejoras del transporte público y la reurbanización de las calles más próximas”.

Lo que no se ha incluido en el acuerdo es un asunto mayor y que aún no se ha atrevido a manejar ningún gobierno de la ciudad: la escalinata que da a la fachada de la Gloria. Gaudí la proyectó sobre la calle Mallorca, pero su construcción supondría el derribo de varios edificios. Un asunto escabroso del que nadie quiere hablar, al menos por el momento.