LA FISCALÍA PREPARA SU ACUSACIÓN

Trapero se enfrenta hasta a 15 años cómo "mando subalterno" de la rebelión

Las penas para aquellos que cumplieran órdenes de los jefes "rebeldes" van de los 10 a los 15 años de cárcel

Foto: Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional. (Reuters)
Josep Lluís Trapero, en la Audiencia Nacional. (Reuters)

Oriol Junqueras y los otros 17 procesados en la causa que investiga el 'procés' no son los únicos que esperan conocer en los próximos días la petición de penas que debe reclamar en su contra la Fiscalía. En medio de las contínuas presiones por parte de los partidos independentistas para que el Ministerio Público rebaje tanto la solicitud de condenas como la entidad de los delitos por los que acusará a los protagonistas del proceso de independencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional prepara también su escrito contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Fuentes jurídicas avisan de que se enfrenta a las penas intermedias previstas para el delito de rebelión en el Código Penal, aquellas que encajan con las acciones cometidas por los "mandos subalternos" de los jefes principales "rebeldes" y que van hasta los 15 años.

El artículo 473 separa en tres franjas, en función de su gravedad, las penas relacionadas con la rebelión. Así, contempla para los que actúen como inductores, promotores o jefes principales penas de 15 a 25 años, mientras que la condena para aquellos que desarrollen en los hechos un papel de respuesta a las órdenes de los primeros —como ejecutores— va de los 10 a los 15 años de prisión. En un tercer escalón se sitúan los meros participantes, con prisiones de cinco a 10 años.

Al igual que sucede en el caso de la causa del Tribunal Supremo, el Ministerio Público tiene decidido que acusará por rebelión. En este supuesto y a la vista de los hechos que se le imputan al máximo jefe de la policía autonómica, su papel encajaría con la horquilla intermedia del delito. La Fiscalía se plantea solicitar una ampliación del plazo para presentar sus conclusiones provisionales de un máximo de 10 días con la intención de que los dos escritos, tanto el del alto tribunal como el de la Audiencia Nacional, se presenten de forma simultánea.

La acción coordinada se extenderá también al juicio. La Audiencia Nacional no tiene previsto celebrar la vista oral contra el mayor y el resto de acusados en esta parte de la investigacion judicial sobre los hechos del referéndum del 1 de octubre y los días previos hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia en la causa principal sobre el desarrollo del 'procés'.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dejó cerrada la instrucción antes del verano. El procesamiento fue dictado por delitos de organización criminal y dos de sedición, y alcanza también al exdirector de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig. Asimismo, Lamela sentó en el banquillo a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos que tuvieron lugar entre el 20 y el 21 de septiembre. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este martes el auto que pone fin al sumario.

Así las cosas, todo apunta a que la doble acusación se presentará durante los últimos días de octubre o los primeros de noviembre. Los fiscales del Tribunal Supremo prevén apostar por el delito de rebelión y penas altas para los nueve políticos presos. La solicitud de condena que baraja ronda los 20 años de prisión en el caso de Oriol Junqueras y será superior a los 15, en función del grado de responsabilidad, para el resto de reclusos.

Las conclusiones de la jueza instructora enmarcaban a Trapero en el seno de una organización "unida por el propósito de lograr la separación de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente". El mayor —decía— adoptó una actuación "pasiva" en el 1-O siguiendo "la pauta" establecida por el entonces 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, por el exdirector del cuerpo autonómico Pere Soler Campins y por el ex secretario general de Interior César Puig. "No existió por parte de la policía autonómica un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum", aseguraba la jueza en el auto a la hora de valorar el 1 de octubre. Basándose en este razonamiento, Lamela sostuvo que los indicios "revelan la existencia de una estructura de dirección perfectamente definida"; una organización "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña [Carles Puigdemont]".

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