Borrell, en el callejón de Abengoa: pagar ya o meter a Sánchez en un recurso sin recorrido

El pasado ha alcanzado a Josep Borrell. El ministro de Exteriores ha sido sancionado por el uso de información privilegiada cuando era consejero de Abengoa y ahora se enfrenta a un dilema sin salida fácil. Puede asumir la multa y dejar pasar el plazo sin recurrir —tiene toda la semana que viene—. La otra opción, según la CNMV, es que plantee un recurso, pero ante el Ministerio de Economía que dirige su compañera de gabinete Nadia Calviño. En ese caso, alargaría el expediente e implicaría al Gobierno en un recurso, además, sin muchas probabilidades de éxito. En los últimos cinco años de los que hay datos completos, la CNMV ha ganado en vía administrativa el 90% de los recursos que ha recibido contra su sanciones.

El pasado 27 de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso una sanción por "infracción muy grave" a Borrell por el uso de información privilegiada. El caso comenzó en noviembre de 2015, cuando Abengoa estaba a punto de entrar en el preconcurso de acreedores que acabó matando la compañía sevillana y Borrell vendió 9.000 euros de acciones de su exmujer. Aunque el expediente se había abierto hace un año, la información no era pública. La CNMV sí confirmó la noticia tras adelantarla 'La Información'.

En la memoria de la CNMV aparece una velada referencia al asunto. En el apartado de expedientes sancionadores, menciona uno "a un consejero de una sociedad emisora, por uso de información privilegiada". "El consejero de una sociedad emisora emitió una orden de venta de las acciones de dicha sociedad para una persona vinculada, a pesar de haber sido incluido en la lista de iniciados por conocer, dentro del marco de sus funciones, información de carácter privilegiado relacionada con un importante proceso de reestructuración financiera". La persona vinculada era su exesposa y Borrell dio orden de vender 9.000 euros en acciones de ella el mes en que Abengoa anunció que iría a preconcurso de acreedores. En ese periodo, las acciones clase B, las más comunes, cayeron un 65%.

Borrell tenía un paquete de acciones como consejero y el día que saltó el caso justificó en los pasillos del Congreso que si hubiera utilizado información privilegiada, él no lo habría perdido todo. En 2015, Borrell poseía 71.695 acciones con derecho de voto (clase A) que, unos años antes, cuando llegaron a cotizar a 4,5 euros, habían llegado a valer más de 300.000 euros (lo mismo que su salario anual como consejero). En el momento en que vendió las acciones de su exesposa, el valor de la cartera del hoy ministro era mucho menor, de unos 70.000 euros, según la cotización de la época. De haberlas vendido, tendría que haberlo notificado.

Los sancionados pueden recurrir ante Economía, pero en este caso hacerlo metería en un problema político al Gobierno de Pedro Sánchez

El ministro anunció el primer día en los pasillos del Congreso que estaba estudiando cómo responder a la sanción: "Discrepo de las consideraciones de la CNMV y estamos estudiando con mi abogado las posibilidades de poner los recursos". Desde entonces, él y su portavoz guardan silencio. Han emplazado a la comparecencia del miércoles en la Cámara, donde el PP preguntará sobre ello en la sesión de control al Gobierno. El diputado popular José Ramón García Hernández tiene previsto plantear al ministro la cuestión directamente: "¿Cómo ha usado la información privilegiada de Abengoa de la que usted disponía?".

La solución obvia para alguien que defiende su inocencia es recurrir, pero en este caso hacerlo pone en un problema político al Gobierno de Pedro Sánchez. Según la nota de la CNMV y confirma un portavoz, las sanciones de este tipo se recurren primero ante el Ministerio de Economía y solo después ante los tribunales (aunque hay expertos que opinan que podría ir directamente al contencioso). Así que si lo hace, se abren dos posibilidades. La primera es que el departamento que dirige Nadia Calviño ratifique la sanción, momento en el que sería publicada en el 'Boletín Oficial del Estado'. En ese caso, Borrell estaría sancionado por su propio Gobierno, no por un organismo independiente como la CNMV. A su favor juega que no hay un plazo establecido y depende del trámite de alegaciones que pidan las partes. Desde que vendió las acciones de su exmujer hasta que ha sido sancionado han pasado casi tres años.

La segunda posibilidad es que su recurso tenga éxito. Eso supondría que el ministerio levantaría la sanción de la CNMV y abriría otro frente al Ejecutivo. Sobre todo porque esos recursos de alzada rara vez prosperan. Los expedientes de la CNMV suelen estar bien armados y aunque hay que analizar caso a caso, las estadísticas de la CNMV muestran una aplastante mayoría de victorias en el ministerio.

Según las memorias de la CNMV, entre 2012 y 2016 los sancionados han planteado 54 recursos de alzada contra resoluciones de la CNMV. De ellos, fueron desestimados 49, el 90%. En 2017, último año en el que hay datos, se plantearon 16 recursos de alzada, de los que seis fueron desestimados el mismo año y otros siguen pendientes en 2018 —los datos de este curso no están cerrados, según un portavoz—. Los recursos de reposición, contra el último acto de la vía administrativa, muestran porcentajes de éxito similares.

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La otra salida para Borrell es asumir la multa, que según 'El Mundo' es de unos 30.000 euros, y no recurrir. Dejar pasar el plazo de un mes sin hacer alegaciones y esperar que se publique en el 'Boletín Oficial del Estado'. Tendría la mancha entonces de estar sancionado por el uso de información privilegiada, aunque el Gobierno le ha quitado hierro alegando que es un tema de solo 9.000 euros. Después de las dimisiones exprés de Màxim Huerta y Carmen Montón, Moncloa ha puesto pie en pared y no va a permitir ninguna baja más. Los casos de Pedro Duque, Dolores Delgado y Josep Borrell llegaron después, pero el Ejecutivo ha hecho de dique y no va a entregar más cabezas.

Si finalmente recurre y Economía ratifica la sanción a Borrell, este puede plantear un contencioso en los tribunales. Pero ahí la CNMV también exhibe un buen porcentaje de victorias. La memoria de 2017, por ejemplo, enumera que "de las 19 sentencias dictadas en materia sancionadora por la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, 15 confirmaron íntegramente las resoluciones impugnadas, dos estimaron el recurso y anularon las resoluciones recurridas, una redujo el importe de una de las sanciones y otra anuló dos de las sanciones impuestas, si bien esta última ha sido recurrida en casación por la Administración".

No sería la primera vez que un organismo de la Administración sanciona a un ministro, aunque no por el uso de información privilegiada. Miguel Arias Cañete fue cazado por Hacienda siendo ministro por su declaración de la renta el último ejercicio antes de entrar en el Gobierno de Rajoy, pero su caso no trascendió. Las sanciones de la CNMV sí son públicas, aunque un decreto ley aprobado por el Gobierno al día siguiente de que la CNMV sancionara a Borrell permite en determinadas circunstancias no publicar la resolución de los casos —aunque un reglamento europeo vigente desde 2016 ya establecía esas excepciones—. Con el decreto ley, el Gobierno trasponía una directiva europea de 2014 que llevaba retraso en España y fuentes de la CNMV aseguran que el caso de Borrell siempre se habría conocido, porque la ocultación de las sanciones es algo previsto solo para casos en los que se ponga en riesgo el mercado.