La Fiscalía apuesta por la rebelión y baraja más de 20 años para Junqueras

La Fiscalía ultima su escrito provisional de acusación que deberá presentar ante el Tribunal Supremo en los próximos días. En él planea mantener la rigurosidad que ya ha mostrado a lo largo de la instrucción de la causa sobre el 'procés' y apostará por el delito de rebelión y penas altas para los nueve políticos presos. La solicitud de condena que baraja ronda los 20 años de prisión en el caso de Junqueras y será mayor a los 15, en función del grado de responsabilidad, para el resto de reclusos. También proporcional a la decisión que ha defendido el Ministerio Público de mantenerles en prisión provisional hasta la celebración del juicio motivada, en gran parte, por los años a los que se enfrentan, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

La versión definitiva de estas conclusiones, que pueden modificarse tras la celebración del juicio, aún no está lista pero los cuatro fiscales encargados de la causa por el 'procés' trabajan en ella desde hace semanas con la seguridad de que la apertura del juicio oral está ya cercana. Las condenas que se reclamarán se dividirán de forma proporcional a la responsabilidad de los procesados en los hechos. Por ello, la más rigurosa recaerá en Oriol Junqueras. En el arco cercano se encuentran también los exconsellers que impulsaron medidas concretas a favor de la ruptura como Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Contra los presidentes de las asociaciones soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pesa también el delito de rebelión pero no el de malversación por lo que es previsible que la pena sea menos alta. Lo mismo sucede con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que no se imputa el uso de caudales públicos para sustentar la independencia.

La versión definitiva aún no está lista pero los cuatro fiscales trabajan en ella con la seguridad de que la apertura del juicio oral está ya cerca

Los argumentos que maneja el equipo fiscal demuestran que las presiones desde la política no han hecho mella en su convicción de que los hechos encajan con lo que recoge el artículo 472 y siguientes del Código Penal. "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros supuestos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La malversación de caudales públicos, que supera con creces los tres millones de euros, pesará como agravante.

El arco de acusación se ajustará en función de la responsabilidad y es previsible que se generen grupos diferenciados en función de los años a los que se arriesgan en sentencia. La norma establece diferencias entre los que "promuevan o sostengan la rebelión", es decir "los jefes principales de ésta" y los que ejerzan un mando subalterno. Las penas, para los primeros, entre ellos varios de los políticos presos, van de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Los considerados como 'ejecutores' de órdenes y no impulsores, se enfrentan a penas de diez a quince años y otras menores, de cinco a diez años, si se les identifica como meros participantes.

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En otro grupo estarán los procesados por delitos menos graves. La categoría es válida para Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila acusados de desobediencia y malversación. En la tercera de las categorías se ubican los miembros de la mesa del Parlament que desatendieron, según la acusación, los requerimientos que formuló el Constitucional para que las resolusiones parlamentarias se declararan nulas. Aquí se encuentran Lluis María Corominas, Luis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrifer, Joan Josep Nuet y Mireia Boya. Sólo se imputa una desobediencia, delito que no lleva aparejada prisión sino una multa.

El visto bueno de Segarra

El escrito de acusación que prepara la Fiscalía puede aún sufrir modificaciones ya que se encuentra pendiente del visto bueno de la fiscal general María José Segarra. No obstante, la nueva responsable máxima del Ministerio Público, nombrada tras la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo tras la moción de censura previa al verano, ha evidenciado ya en estos meses su respeto por la independencia de sus fiscales. No se opondrá al criterio del equipo que lleva en el procedimiento desde el inicio.

La Fiscalía no estará sola en su acusación. También la Abogacía del Estado, personada por la existencia de un quebranto a las arcas públicas, debe formular acusación. Se baraja que se limite a solicitar la persecución por la malversación aunque, en el pasado, barajaba reclamar también condenas por rebelión. Por último, los procesados en España, -dieciocho en total- tendrán que enfrentar también la solicitud que formule la acusación popular que ejerce Vox, que previsible se situará en el arco de las penas más graves. La rebelión llega a los 30 años "si se han esgrimido armas" para llevarla a cabo.

Al margen quedan los siete investigados que se encuentran fuera de España: Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Seret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel. El juez instructor formó con ellos pieza separada de forma que ni el escrito ni el juicio, que está previsto comience el próximo mes de enero y se alargue varios meses, les afecta. Sólo su regreso voluntario a España en el futuro provocará la celebración de una nueva vista oral.