Sánchez lanza un "mensaje" contundente a los separatistas al estudiar ir al TC por el Rey

El Gobierno tenía en el horno, y desde hacía días, el comunicado tan rotundo de condena y aviso a los independentistas por aprobar en el Parlament una moción de reprobación al Rey. De hecho, la previsión es que quedara sancionada el martes 9, pero la ruptura entre Junts per Catalunya y ERC a cuenta de la delegación de los diputados suspendidos por el Supremo condujo a la pérdida de la mayoría separatista en la Cámara catalana. Esa resolución no prosperó. Pero el jueves se votó en el pleno otra similar, esta a propuesta de los comunes y respaldada por JxCAT y ERC. El Ejecutivo respondió a los pocos minutos subrayando que ese texto era "inadmisible" y que emprendería las medidas legales a su alcance para tumbarlo.

Ese comunicado de aviso no era improvisado. Estaba por tanto "preparado". Se lo contaba el presidente a los periodistas nada más poner un pie en el comedor de gala del Palacio Real, unos minutos después de haber protagonizado la anécdota de la jornada del 12 de octubre en la línea de saludo con los reyes Felipe y Letizia. Lanzado el aviso, falta explorar qué hacer, y el Ejecutivo está barajando la opción de acudir al Tribunal Constitucional. No es en principio cien por cien sencillo, porque no deja de ser una moción "declarativa" —condena la actuación del Rey en el "conflicto catalán" y su "justificación de la violencia" policial el 1-O y pide la abolición de la monarquía— y sin efectos jurídicos, en palabras de Sánchez. No ha habido quiebra de la legalidad, recordó.

Pero que esa resolución no tenga consecuencias legales no quiere decir, para el Gobierno, que no se trate de un texto de enorme "gravedad política", y por eso actuó este jueves, lanzando el aviso, y preparando su recurso ante el Constitucional. La vicepresidenta, Carmen Calvo, lo dejó meridianamente claro en los corrillos informales con los periodistas en el Palacio Real. El Ejecutivo pretende lanzar a los separatistas un "mensaje político", de advertencia, porque no pueden traspasar la legalidad, y también "jurídico", al acudir a los tribunales para parar todo nuevo intento de transgresión de la Constitución. Calvo fue vehemente a la hora de defender que la figura del Rey es "inviolable" y no se puede someter a debate en un Parlamento autonómico. No toca y no se tolerará. "No tiene un pase" desde el punto de vista jurídico.

El Ejecutivo subraya que la figura del Rey es inviolable y no puede ser sometida a debate en un Parlamento autonómico. Cree "grave" la moción

"Encontraremos la fórmula", aseguró Calvo. La número dos del Gobierno recordó que, apenas un mes después de que Sánchez aterrizara en La Moncloa, recurrió una moción aprobada por el Parlament que refrendaba otra resolución, la del 9 de noviembre de 2015, la que cimentó el camino hacia la independencia. No le temblaron entonces las piernas ni le temblarán ahora, avisó. Además, Exteriores también ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la reapertura de seis 'embajadas' de la Generalitat en el extranjero.

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Un plan en tres fases

"No nos despistamos ni un minuto. Dentro del marco constitucional, todo, y fuera de él, nada", sostuvo la vicepresidenta en su charla con los informadores. "Todo el mundo sabe los límites que no puede pasar y todo el mundo sabe que hacemos un trabajo que el anterior Gobierno no hacía", añadió. El Gobierno reivindica su estrategia de diálogo con la Generalitat en pos de la distensión, y seguirá ofreciendo vías de negociación, ayudando y cooperando institucionalmente con el Govern. Pero siempre con respeto a la ley, una dinámica que cree que los partidos soberanistas están empezando a asumir, como lo prueba que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no se expusiera a una eventual inhabilitación y evitara aceptar la delegación de voto de los cuatro diputados suspendidos de JxCAT.

"No vamos a entrar en la política del Govern. Ahora bien, sí vamos a ocupar el espacio que el Gobierno del PP no ocupó", dice Calvo a los periodistas

"No vamos a entrar en la política suya. Ahora bien, sí vamos a ocupar el espacio que el Gobierno del PP no ocupó", remarcó Calvo. La vicepresidenta relataba, en ese sentido, cómo había aceptado la invitación para acudir a la 31 edición de los Premios Pimec, el pasado miércoles en Barcelona, y cómo los empresarios, muchos "con lazos amarillos" en la solapa, señal de su apoyo a los presos del 'procés', le agradecieron al final su asistencia y sus palabras.

Calvo insistió en que el Gobierno emitirá todas las señales posibles para conferir "estabilidad" a Cataluña en el plano económico, "estabilidad que necesita para que nadie le venda fantasías". La vicepresidenta aprovechó su conversación con los periodistas para negar que este jueves dijera, en una entrevista en la emisora RAC1, que el Ejecutivo vaya a revertir el decreto que Mariano Rajoy aprobó para facilitar la salida de empresas de Cataluña. Ella este 12-O remarcó que su mensaje es el de que el Gabinete socialista no alimentará la inestabilidad de ningún modo. Todo lo contrario: la comunidad crecerá este año, prevé, en torno al 2,3%, por debajo del conjunto de España, y creará unos 135.000 empleos, por lo que le interesa que Cataluña siga ejerciendo de locomotora de la economía nacional.

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Resolver el conflicto en Cataluña, reconocieron Sánchez y Calvo, no será cosa de un año, no será nada resoluble a corto plazo. Pero la propuesta del Gobierno, como recordó el presidente, es simple, y se articula en tres fases. Primero, normalizar, distender, recuperar la confianza; dos, encontrar una solución política, y tres, que los catalanes voten, pero no sobre la independencia, sino sobre su autogobierno.

No es más "difícil" el PDeCAT que ERC

Sánchez tiene otro reto más inminente por delante: la aprobación de sus Presupuestos Generales del Estado de 2019. El jueves selló un acuerdo con Unidos Podemos, el lunes un Consejo de Ministros extraordinario servirá para enviar el plan presupuestario a Bruselas —no cree que sea tumbado—, y a finales de noviembre o principios de diciembre llevará las cuentas al Congreso. Solo entonces, cuando los PGE hayan llegado a las Cortes, empezará a hablar con las formaciones nacionalistas e independentistas. Pero para ese momento su proyecto contará con un respaldo sólido, enfatizó el presidente, el de más o menos 155 escaños —suma sus 84, los 67 de Unidos Podemos y los cuatro de Compromís—, al nivel de los que tenían los Presupuestos al arribar a las Cámaras en la primera legislatura de José María Aznar.

Sánchez no comenzará a negociar los PGE hasta que los lleve al Congreso. En su Ejecutivo creen que podría bastar con la abstención del PDeCAT

El jefe del Ejecutivo sigue "convencido" de que logrará sacar sus cuentas adelante. Y no tiene tan claro que sea más "difícil" convencer al PDeCAT que a ERC. Ambos partidos le reclaman referéndum de autodeterminación y gestos hacia los dirigentes separatistas procesados y en prisión preventiva. Fuentes gubernamentales apuntaban que, con cada negociación, tanto PDeCAT como ERC ponen por delante ambas cuestiones, y luego al final ceden. Confían en que la mecánica se repita.

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Todo apunta, además, a que una estrategia posible es buscar el acercamiento con ERC, para obtener su voto a favor, de tal modo que baste con la abstención de los neoconvergentes. Esa suma bastaría siempre que Hacienda añadiera, a los 151 apoyos que ya tiene amarrados, los cuatro de Compromís, los cinco del PNV, los nueve de ERC y el de Nueva Canarias. 170 síes por los 169 noes de PP y Cs y el resto, abstenciones. Las cuentas se descabalan si Coalición Canaria (1) o EH Bildu (2) rechazan el proyecto. En ese caso sería imprescindible el sí del PDeCAT: no sería suficiente con la abstención.

La interlocución con el Govern es fluida, y de hecho la relación institucional de Calvo con el número dos de Quim Torra, Pere Aragonès, o con la 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi, es "razonable". Ahora, decía la vicepresidenta, los independentistas deberán decidir si quieren o no los "recursos que les ayudan a gobernar" —Hacienda calcula que Cataluña recibiría 2.200 millones con unos nuevos PGE— o si prefieren situar al Gobierno central como un enemigo y tirar del latiguillo de "Madrid es franquista". A ojos del Ejecutivo, ese mantra ya no cuela porque se ha comprobado que en España sí hay un Gabinete que se preocupa de los problemas de los catalanes y no quiere confrontar.

En cualquier caso, salgan o no los Presupuestos, Sánchez pretende continuar en La Moncloa. En su conversación con los periodistas, apuntó que solo ve en el horizonte elecciones andaluzas (el 2 de diciembre) y municipales, autonómicas y europeas (el 26 de mayo). Esa sensación de que las generales no se anticiparán también se palpó en los distintos corrillos en el comedor de gala del Palacio Real. Algunos cuadros socialistas que acudieron a la recepción ofrecida por don Felipe y doña Letizia reiteraban ese optimismo y enfatizaban que el partido se mantiene al alza. Así, si no hubiera PGE, la campaña estaría hecha.

Una exhumación "discreta" y sin honores

Calvo también fue preguntada por la inhumación de Francisco Franco. La familia reclama que los restos, una vez sacados del Valle de los Caídos, sean enterrados en la cripta privada de la catedral de la Almudena. El Gobierno asume que no podrá impedir que el cadáver se dirija al templo madrileño. La vicepresidenta insistió en que el Ejecutivo ha de respetar la voluntad de los descendientes del dictador, que el real decreto ley solo posibilita la exhumación, al pertenecer la basílica a Patrimonio Nacional, pero no puede entrar en dónde se le inhuma si la familia sí recepciona el cuerpo. Los Franco tienen una sepultura comprada a perpetuidad en la zona subterránea de la catedral de Madrid, donde yacen la hija del exjefe del Estado, Carmen, y su esposo, Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde.

La vicepresidenta remarca que el Ejecutivo no puede impedir que Franco sea enterrado en la Almudena. No abordará el tema con Parolin el 29

Esa es un área privada, que depende de la Iglesia, y ahí el Gobierno no tiene mano, a diferencia del Valle de los Caídos. "¿Voy a decirle a la Iglesia lo que puede y lo que no puede hacer? La Iglesia sabe lo que quiere y lo que no, lo que puede y lo que no, lo que debe y lo que no. Es suficientemente importante para saber lo que quiere", mantuvo la vicepresidenta.

La número dos del Ejecutivo se verá el 29 de octubre con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Ella negó que fuera a abordar con la mano derecha del papa Francisco la exhumación de Franco. Ambos abordarán distintas cuestiones —que no concretó—, como corresponde con dos Estados que mantienen relaciones diplomáticas (porque los acuerdos de 1979, por cierto, no se van a denunciar, como defendía el PSOE). Pero no sobre Franco.

El procedimiento, "inmaculado", enfatizó Calvo, sigue adelante. Formalizada la última notificación a través del BOE —no se le pudo hacer llegar personalmente a Merry Martínez-Bordiú, al vivir fuera de España—, se está ahora mismo en periodo de alegaciones. El Ejecutivo no da plazos para hacer efectiva la exhumación, pero sí adelanta que se hará de forma "discreta" y con decoro. No habrá honores militares, como exigen los Franco.

A la espera del Consejo de Estado para limitar los aforamientos

Tampoco hay fecha para la reforma constitucional para limitar los aforamiento. Carmen Calvo aprovechó su conversación con los periodistas para precisar que el Gobierno no trasladó la redacción de la propuesta al Consejo de Estado. El Consejo de Ministros, alegó, simplemente eligió una de las dos vías posibles. Una, por la que se optó, es que el Gobierno hace el encargo al máximo órgano consultivo a partir de unas pautas, unas bases.

Otro camino posible es que el Ejecutivo redacte directamente la propuesta de reforma de la Carta Magna y el Consejo de Estado dé su opinión. En cualquier caso, el informe del órgano presidido hoy por María Teresa Fernández de la Vega (presente este viernes en la recepción en el Palacio Real) es preceptivo en este caso. 

Calvo comentó que la comisión de estudios del Consejo de Estado ya está trabajando sobre la propuesta y la remitirá en breve al Ejecutivo. En ella está el consejero (y uno de los padres vivos de la Carta Magna) Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. El Gobierno podrá asumir o modificar el texto que le sea enviado. El proyecto definitivo será mandado a las Cortes para su tramitación. El texto incluirá tanto la limitación de los aforamientos (modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución) como la eliminación de la expresión "disminuidos" y su reemplazo por una terminología menos discriminatoria: personas con discapacidad (artículo 49). 

"Hemos usado la vía más rigurosa. Vamos a hacer una reforma de la Constitución de manera clara. Mucha gente identifica los aforamientos como un privilegio, y no tenemos problema en acotar los términos para que sean mejor entendidos", señaló Calvo. La vicepresidenta presumió de que el Gobierno hizo "en una tarde" el reglamento que permitió la publicación de las declaraciones de bienes de los altos cargos, cuando el Ejecutivo del PP "tuvo tres años y no lo hizo".