Sánchez trabaja con UGT para acercar a ERC a la aprobación del Presupuesto

Moncloa trabaja ya con una hoja de ruta marcada por el presidente, y que sitúa las elecciones generales a finales de 2019 a expensas de que los acontecimientos en Cataluña no se hagan insostenibles y llegue el ‘game over’ que señaló el propio Pedro Sánchez en declaraciones públicas. En esta estrategia, ERC (nueve diputados) y agentes sociales como UGT estarían jugando un papel importante, según fuentes del Ejecutivo de toda solvencia, un extremo que no ha sido confirmado por el sindicato.

Entre las prioridades del Gobierno está sacar unos Presupuestos Generales del Estado en los que trabaja el Ministerio de Hacienda pese a todas las dificultades que entraña la actual aritmética parlamentaria (84 diputados de 350). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que estas cuentas no serán decisivas para que siga adelante la legislatura y que se pueden prorrogar las anteriores pero que en su departamento trabajan para que vean la luz.

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El primer paso será enviar a Bruselas la semana próxima el llamado Plan Presupuestario, en el que se deben dibujar las líneas maestras de las cuentas del reino. Lo que no está claro es si el Gobierno se ajustará a los objetivos de déficit del anterior Gobierno o, por el contrario, aplicará los nuevos pese a que no han sido aprobados por el Parlamento. Los PGE, en todo caso, incorporarán medidas como la anunciada este domingo por Sánchez de equiparar los permisos de paternidad y maternidad.

Las negociaciones están muy avanzadas con Unidos Podemos y tanto desde el Gobierno como desde el partido de Pablo Iglesias consideran muy posible un acuerdo que, según ha podido saber este periódico, estaría prácticamente cerrado. Así lo ha reconocido el propio líder de la coalición.

Superado este escollo, los PGE seguirían necesitando el apoyo de los independentistas catalanes en el Congreso, y ahí está la principal dificultad. La estrategia del Gobierno de Sánchez pasa por romper el bloque independentista, toda vez que el diálogo, admiten desde el Ejecutivo, es mucho más fluido con ERC que con JxCAT, donde Quim Torra o Carles Puigdemont son identificados directamente como los principales obstáculos.

De momento, los nacionalistas se han conjurado para que no haya elecciones hasta julio de 2019 y garantizan una tregua en el Congreso a Sánchez, que incluso podría pasar por sacar adelante los Presupuestos. El Gobierno seguirá trabajando para aislar a los dirigentes con discursos más radicales ofreciendo a los independentistas con discursos más posibilistas vías de encuentro, informan desde el Ejecutivo. Y aquí juegan un papel determinante las comisiones mixtas bilaterales, de las que forman parte la Generalitat y el Gobierno central.

Inversiones pendientes

Hacienda, de hecho, mantiene una relación fluida con el vicepresidente y consejero de Finanzas la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC. La ministra Montero ha conseguido que Cataluña vuelva a las mesas de diálogo y ha pactado una inyección de 1.459 millones de euros en cuatro años para inversiones pendientes. En particular, mediante la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que el Estado debe invertir en infraestructuras una cifra equivalente al peso de Cataluña en el PIB.

En este diálogo con ERC, el principal obstáculo para seguir avanzando en estos momentos es la situación de los políticos presos. El partido catalán ha trasladado al Gobierno que tiene muy difícil cerrar un acuerdo de Presupuestos con Oriol Junqueras y el resto de políticos en la cárcel, una vez anulada por el Supremo la posibilidad de que salgan y se suspenda la prisión preventiva hasta la sentencia, que se espera para verano de 2019, siempre que la vista oral pueda celebrarse en los primeros meses del próximo año.

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En esta estrategia de “vuelta a la normalidad institucional” participan también agentes económicos y sociales, con el sindicato UGT como aliado del Gobierno de Sánchez en la apuesta por el diálogo y abrir puertas para desencallar el conflicto independentista.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que estuvo 26 años al frente de la organización en Cataluña, nunca ha ocultado sus posiciones contra "el abuso" de la prisión preventiva y a favor del diálogo. Fuentes de la comisión ejecutiva confederal de UGT, sin embargo, negaron a este periódico que el sindicato esté haciendo alguna labor de mediación.

Diálogo social

La ministra de Hacienda, en todo caso, tiene una comunicación fluida con el líder sindical, hablan con frecuencia y colaboran no solo compartiendo reivindicaciones en la elaboración del Presupuesto sino también en buscar vías para desinflamar el conflicto catalán y volver a la normalidad institucional, admiten desde el gabinete de Sánchez. La otra gran interlocutora es la ministra Magdalena Valerio, que trabaja con el objetivo de lograr que el diálogo social vuelva a ser lo habitual.

Las visitas del secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros, a la cárcel de Lledoners para departir con Oriol Junqueras entrarían dentro de la estrategia del sindicato de ayudar a normalizar la situación en Cataluña y ayudar a abrir vías de comunicación con el Gobierno de Sánchez. Fuentes del sindicato en Cataluña, sin embargo, niegan que su organización esté mediando con el Gobierno central. Ros ha sido militante de ERC y fue en su día secretario general de las juventudes del histórico partido republicano. Puede jugar, por lo tanto, un papel clave en este proceso a modo de puente entre los republicanos de izquierdas y el Gobierno socialista.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha negado en muchas ocasiones que haya fractura interna en su organización por la posición ante el desafío independentista en Cataluña y ha tratado de apagar fuegos como el generado por la participación en la manifestación del pasado 25 de abril a favor de la libertad de los políticos catalanes presos, evitando que ningún dirigente sindical se situara detrás de una pancarta pidiendo el indulto o la liberación de estos dirigentes políticos. Pero no hay que olvidar que UGT se siente más cómoda con un socialista en La Moncloa en unos momentos en que debe negociar, entre otros asuntos, el salario mínimo, la reforma de las pensiones o cambios en la legislación laboral.