El Gobierno insiste en el diálogo pero avisa: actuará si el Parlament vulnera la ley

No se apeará de la senda del diálogo. Pero el aviso está. Claro y expreso: el Gobierno no tolerará que los independentistas se salten de nuevo la ley. Así que si el Parlament quiebra la legalidad, el Ejecutivo obrará "en consecuencia". No dice cómo, pero la medida reactiva más inmediata podría ser un recurso ante el Tribunal Constitucional o instar a la Fiscalía a que actuase, dado que la intervención de Cataluña vía artículo 155 es una medida extrema que por ahora no entra en los planes de Pedro Sánchez, aunque no está por completo descartada.

Fue muy significativo que este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministras y Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, arrancara su intervención ante los periodistas, sin esperar a las preguntas de estos, expresando la "preocupación" del Ejecutivo por la deriva de estos días en Cataluña, primero por las palabras del 'president', Quim Torra, cuando alentó a la agitación ciudadana y luego lanzó un ultimátum a Sánchez —aunque horas después se demostró que estaba aislado en su órdago—, y después por la "parálisis" del Parlament a consecuencia de la crisis entre los dos socios del Govern, Junts per Catalunya y ERC, por el voto delegado de los seis diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, hasta tal punto que el pleno programado para ayer jueves, con la última sesión del debate de política general, tuvo que ser aplazado hasta el próximo martes.

"El independentismo está sufriendo una crisis importante y arrastra en su deriva a toda Cataluña", dijo Celaá. Con su "posición numantina", de hecho, impide que el Parlament "haga su trabajo", lo que implica "paralizar cuestiones que afectan a todos los ciudadanos", a la puesta en marcha de una agenda social, que ha quedado "subordinada" a la "agenda territorial", algo que "preocupa" al Gobierno socialista.

Si el Parlament adopta posiciones contrarias a la Constitución, el Gobierno por supuesto actuará en consecuencia

El Ejecutivo "sigue apostando por el consenso, el acuerdo, la salida del laberinto", por reunir "fuerzas en el territorio común del autogobierno". Pero lanza a la vez una advertencia clara: "Si el Parlament adopta posiciones contrarias a la Constitución, el Gobierno por supuesto actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo".

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El espacio entre los dos extremos

Este viernes JxCAT y ERC cerraron provisionalmente su crisis y se conjuraron para apuntalar su Govern a la espera de la sentencia del 'procés', pero era el remate a una semana delirante de idas y venidas entre los dos socios. Ayer, la Mesa del Parlament dio por bueno el acuerdo al que llegaron los republicanos y JxCAT, contra el criterio de los letrados, respecto a los cuatro diputados suspendidos de la lista de Carles Puigdemont: que el 'expresident', Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull registrasen un escrito individual en el que avalasen el documento que horas antes había presentado el parlamentario de su grupo Albert Batet, anunciando que "continuará votando en representación" suya e invocando la delegación de voto que ya ejercían desde la primavera.

El Ejecutivo aduce que no cabe una delegación de voto, sino una transmisión de los derechos parlamentarios, de acuerdo a lo que dijo el TS

Con los dos diputados de ERC suspendidos por el Supremo, Oriol Junqueras y Raül Romeva, no había problema, ya que el martes habían dirigido un escrito a la Mesa de la Cámara en la que designaban al presidente de su grupo, Sergi Sabrià, para que ejerza todas las funciones parlamentarias en tanto se resuelve su situación procesal. El lunes, el órgano rector de la Cámara catalana volverá a reunirse para estudiar las reconsideraciones de la decisión de delegación del voto de los parlamentarios de JxCAT presentada por Ciudadanos, PSC y PP, pero previsiblemente serán tumbadas dada la mayoría en la Mesa de las formaciones independentistas.

Celaá dio a entender que el Ejecutivo no aceptará esa solución acordada por JxCAT y ERC y que cuenta con las reticencias de los letrados de la Cámara. Subrayó que los seis parlamentarios afectados están "inhabilitados" —en realidad, están suspendidos por el Supremo, puesto que no ha habido sentencia condenatoria—, y por tanto no cabe una "delegación" de voto, sino una "transmisión de los derechos parlamentarios". El Gobierno espera que esta "transmisión" se lleve a cabo "de conformidad con el auto del Tribunal Supremo", del juez Pablo Llarena, "de acuerdo a la ley". Y es que está por ver si los letrados contabilizan los votos de los cuatro diputados de JxCAT y si los partidos constitucionalistas impugnan esas votaciones.

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Respecto a una hipotética intervención de Cataluña, Celaá se mantuvo en su tesis expresada el martes en una breve comparecencia posterior al discurso de Torra: el Gobierno cree que entre "un 155 perpetuo", como quieren PP y Ciudadanos, y la quiebra de la legalidad, hay un "espacio amplio para acordar, dialogar e incorporar racionalidad".

Menos "gesticulación"

La ministra portavoz recurrió a la idea expresada por otros miembros del Ejecutivo en esta semana: los soberanistas tienen que "dirimir la cuestión", aclararse, decir si "quieren salir del conflicto, sí o no, y si quieren hablar de autogobierno, sí o no". Aparcar la "retórica" inflamada y la "gesticulación".

En estos días es evidente que el Gobierno ha endurecido el tono con los dirigentes soberanistas. Bastante. Sin tensar la cuerda más de lo necesario y siempre poniendo por delante la necesidad de diálogo hasta la extenuación. Pero dejando claro que no tolerará que se cruce ninguna línea roja.

Sánchez "mantiene firme la voluntad de llevar la legislatura a término", su "vocación intacta" de continuar con su acción de gobierno

Lo cierto es que tanto Torra como el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, volvieron a poner en cuestión la estabilidad de Sánchez si no hay avances en el derecho de autodeterminación. Una amenaza que podría arriesgar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Celaá insistió, en línea con lo manifestado ayer desde La Moncloa, que el Gobierno "trabaja denodadamente" para sacar adelante las cuentas del año próximo, con el objetivo de que los "datos robustos" de la economía española "pasen a la vida micro de los ciudadanos", y estos recuperen los "derechos sustraídos durante la crisis". Por tanto dialogará "hasta el ultimísimo momento" con todas las fuerzas parlamentarias, también con ERC y PDeCAT, para que den su apoyo, y serán ellos quienes "determinen si el país merece unos PGE que salven y mejoren el futuro" de los ciudadanos o no. El presidente, pues, mantiene "su vocación intacta de continuar con su acción de gobierno".

Dicho de otro modo: Sánchez mantiene "su firme voluntad de llevar la legislatura a su término", y es al presidente, insistió, al que corresponde únicamente la facultad de convocar nuevas elecciones generales.

También la ministra de Economía, Nadia Calviño, que compareció junto a Celaá y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reforzó esa idea de fortaleza del Gabinete. Para empezar, recordó que el concepto de "inestabilidad política es relativo", porque la realidad parlamentaria frágil que padece el Gobierno socialista es bastante "normal" en el resto de Europa, "a nadie le sorprende", y además Sánchez ha logrado sacar adelante sus iniciativas legislativas. "No he visto preocupación por la situación política del país", sostuvo, subrayando de nuevo la "absoluta determinación" del Ejecutivo para presentar sus PGE y sacarlos adelante.

Así que el Gobierno no escatimará esfuerzos para acercar posiciones con todas las formaciones. Sumar a los separatistas es, sin duda, la tarea más compleja, dada la situación en Cataluña, pero Celaá anticipó que el Ejecutivo tiene la "obligación" de tener "toda la paciencia" del mundo, porque "la obligación de la política es cerrar heridas" y tender puentes. "El diálogo es el camino" y es el que está haciendo aflorar "contradicciones razonables en el independentismo".

Victoria Camps entra en el Consejo de Estado y Serrat, en el Instituto Cervante

El Gobierno cubre la vacante que había dejado María Teresa Fernández de la Vega. La catedrática Victoria Camps fue nombrada este viernes como consejera permanente de Estado y presidenta de la sección séptima de esta institución, que anteriormente dirigía la exvicepresidenta del Gobierno. Esta tomó posesión en julio de su cargo como presidenta del Consejo de Estado. 

Isabel Celaá informó del nombramiento del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que remarcó que Camps, la nueva consejera de Estado, "es una mujer muy significativa en el campo de la ética y la educación". Ella además, como nueva presidenta de la sección séptima, tendrá que despachar los asuntos que le eleven los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Ciencia, Innovación y Universidades. 

Victoria Camps (Barcelona, 1941), se doctoró en Filosofía en 1975, bajo el magisterio de, entre otros filósofos y pensadores, José Luis López Aranguren y José Ferrater Mora. Después, ejerció la docencia en la Autònoma de Barcelona de manera ininterrumpida, desde 1972 como profesora y desde 1986 como catedrática de Ética y de Filosofía del Derecho Moral y Político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de la UAB. 

El Ejecutivo procedió también a nombrar a los vocales del Patronato del Instituto Cervantes, para un periodo de seis años. Entre ellos, el cantante Joan Manuel Serrat, el director de escena José Carlos Plaza, el actor Ricardo Darín o el presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta.