Fraude de ley en la fórmula para sortear la suspensión de los presos del 'procés'

La traumática decisión de ERC y JxCAT sobre el modo de aplicar en el Parlament la suspensión de funciones de cuatro de sus diputados, en prisión provisional por rebelión o en el extranjero —y por tanto fuera de la acción de la Justicia española—, se edifica sobre un fraude de ley, aseguran fuentes jurídicas. Esta es la opinión a la vista del acuerdo alcanzado entre las dos formaciones soberanistas y que supone, en definitiva, que Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez delegarán su voto en otro diputado. Las fuentes consultadas no descartan que la cuestión acabe desembocando en una investigación por desobediencia, por tratarse de una maniobra para sortear los efectos de la suspensión acordada en julio por el juez Pablo Llarena.

El espíritu de la controvertida decisión tomada por el instructor de la causa del 'procés' suponía en la práctica impedir que ninguno de los cuatro afectados actuaran como diputados. Ni siquiera a través de persona interpuesta, pese a conservar el acta al no estar definitivamente inhabiltados. Esta medida no encaja en el acuerdo definitivo por el que el portavoz del grupo "continuará votando en representación" de los ausentes.

"Han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal", destacaba hace dos meses Llarena, que añadía que no existía impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados "puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento".

Esta alusión a la sustitución, no a la representación a la que ahora aluden ERC y JxCAT, vino motivada por la necesidad de preservar las mayorías de la Cámara parlamentaria. No obstante, los afectados no han dejado su escaño libre para que lo ocupe otro miembro de sus respectivas listas. Las formaciones han optado por una solución que mantiene su voz en el Parlament. "Como diputados suspendidos, ni siquiera pueden designar a otro", destacan las fuentes consultadas, que apuntan a la existencia en la estrategia de una evidente desobediencia.

Ante los acontecimientos de la Cámara, es previsible que la Fiscalía tenga que pronunciarse en un futuro. El juez Llarena informará al Ministerio Público del modo en que se ha aplicado su orden y tendrán que ser los fiscales los que analicen si existe ilegalidad. En el caso de que consideren que es así, la cuestión acabaría en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los responsables del delito

A la hora de determinar quién o quiénes incurrirían en el delito de desobediencia, hay unos responsables claros: la Mesa del Parlament aprobó en la tarde de este jueves la propuesta, pese al criterio contrario de los propios letrados de la Cámara, que rechazaban la solución.

Las dos vías de las formaciones son, en todo caso, contrarias al auto de Llarena. Una forma gráfica de entenderlo es que las cosas no cambian en absoluto con la situación antes de la suspensión de funciones judicial. Los presos votaban entonces ya de forma delegada y también lo hizo a partir de abril el 'expresident' Puigdemont, a través de la portavoz de JxCAT, Elsa Artadi.