Nicolás contra Roures: el juez investiga a Mediapro por dar el teléfono del joven

El Juzgado de Instrucción 1 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por Francisco Nicolás Gómez Iglesias contra la compañía Mediapro y su administrador único, Jaume Roures, por publicar el número de teléfono del joven en un documental producido por esta mercantil. En concreto, la productora presentó los nueve dígitos en el reportaje 'Las cloacas de Interior', emitido en el canal de YouTube de la compañía así como en el canal Gol TV y en las televisiones autonómicas TV3, EiTB e IB3.

En total, según calcula la representación legal del querellante, alrededor de 10 millones de personas vieron el documento audiovisual. De hecho, nada más emitirse, el joven recibió decenas de llamadas a todas horas del día, además de mensajes a través de la aplicación WhatsApp e incluso llamadas en momentos intempestivos. Gómez Iglesias incluso tuvo que cambiar de número para poner fin al 'bombardeo', que se alargó durante las semanas siguientes, dado que el documental estaba en YouTube y los usuarios podían visualizarlo en cualquier momento.

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La querella atribuye a Mediapro los delitos de encubrimiento y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de una posible indemnización. La representación legal del joven calcula esta cuota a razón de un euro por descarga de YouTube. Cuantifican en más de 100 euros cada visualización del producto audiovisual, pero limitan al mencionado euro por descarga la cantidad que debe afrontar, a su juicio, la cúpula de la compañía.

De momento, el Juzgado de Instrucción 1 ha remitido la querella a los juzgados de Barcelona, al entender que el domicilio social de la sociedad querellada se encuentra en Barcelona. Sin embargo, la mercantil está ubicada en la Ciudad de la Imagen de Madrid, con lo que a entender de los querellantes debería haberse quedado en los tribunales de la capital de España. No en vano, la defensa de Gómez Iglesias insiste en que la causa regrese a Madrid.

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Para conseguirlo, pedirá la acumulación del procedimiento en el mismo momento en que meta en el mismo procedimiento a las mencionadas televisiones autonómicas, que deben a juicio del querellante asumir también una responsabilidad penal por difundir el vídeo con el teléfono, un dato personal que los canales y la propia productora deberían haber obviado.

La querella contra Mediapro no cita a Roures, pero hace responsable a la cúpula de la sociedad y nombra explícitamente al directivo de 'compliance' Joaquim Triadu, ya que el demandante entiende que este debería haber detectado esta irregularidad, como también deberían haberlo hecho —a juicio de Gómez Iglesias— sus homólogos en las diferentes televisiones autonómicas.