Bronca en Melilla por la escolarización de 160 musulmanes: "Que se vayan a su país"

Para el hijo de Naima, este curso es el primero que va al colegio. Tiene 12 años, habla perfectamente español, pero todo lo que sabe lo ha aprendido en casa o en la calle. “Hemos estado años intentando que le cojan en el colegio, pero nada”, cuenta su madre por teléfono desde Melilla, donde ha residido toda la vida.

Junto a su amiga Fátima (que prefiere no dar su nombre real) y otra veintena de madres, lleva los últimos dos años con recogidas de firmas y manifestaciones todas las semanas para que el Gobierno de Melilla acepte a sus hijos en los colegios. Hace unos meses, recibieron al entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, con carteles de 'Queremos estudiar'.

“Mi hijo tiene nueve años y llevo desde que tiene tres intentando que le matriculen. Yo no pude estudiar, y no quiero que le pase como a mí, quiero que pueda encontrar un trabajo”, explica esta mujer nacida en la ciudad autónoma.

Los 160 niños escolarizados han acreditado que viven en Melilla presentando diversos documentos, ya que no tienen padrón

Parece que lo ha conseguido. Su hijo es uno de los 160 niños residentes en Melilla pero de ascendencia marroquí que por primera vez irán a clase en un colegio español, aunque no estén empadronados en la ciudad. Una reivindicación histórica de la comunidad afincada en la ciudad, como explica Mustafa Aberchán, presidente del partido Coalición por Melilla: “El problema aquí es que hay una zona oscura urbanísticamente hablando, que es la periferia, formada por viviendas que no están regularizadas, que no tienen cédula de habitabilidad. Por eso las familias que están allí viven con irregularidades administrativas y no tienen padrón, por lo que históricamente el Gobierno del PP les había negado la matriculación”.

El PP alerta de “marroquinización”

El cambio de criterio ha venido de la mano de los socialistas del Gobierno central. La educación en Melilla depende directamente del Ministerio de Educación; no está transferida como en el resto de comunidades, por lo que Gobierno regional (del Partido Popular) y la Dirección Provincial de Educación (socialista) llevan varios días de broncas por esta decisión.

El PSOE se acoge a la Ley de Protección a la Infancia, que explica que para que un menor sea escolarizado, los únicos requisitos son tener entre seis y 16 años y vivir en España. Todas las familias aceptadas, explican los socialistas, han presentado pruebas, como la tarjeta sanitaria, facturas, libro de familia o cartilla de vacunación, para acreditar que, efectivamente, Melilla es su residencia habitual y no se trata de trabajadores transfronterizos. Hay que tener en cuenta que muchos de los menores son apátridas, y que otros han heredado la nacionalidad marroquí de sus padres, aunque hayan nacido en territorio español. En España, el nacimiento no otorga la ciudadanía, como sí ocurre en países como EEUU o Canadá. Pero eso no debe ser impedimento: incluso los MENA —menores extranjeros no acompañados— que llegan a España deben ser escolarizados por las instituciones.

Sin embargo, para el Partido Popular, que preside la ciudad, esta decisión puede traer consigo una “marroquinización” de la ciudad debido al “efecto llamada” que cree que podría producir en el país vecino por la “matriculación masiva” de menores. “Es verdad que hay que escolarizarlos a todos, pero a cada uno en su país. No es falta de solidaridad, es sentido común. Hay que ver Melilla con las gafas de aquí, no con las de Cuenca o Madrid, y lo cierto es que aquí ya soportamos una presión migratoria enorme”, afirma Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma.

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De hecho, el Partido Popular elevó el número de matriculaciones a 700, aunque el Partido Socialista y la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) aclaran que este número se refiere a todas las nuevas matriculaciones y cambios de centro de la ciudad, no solo a las que están en esta situación. Aun así, el Partido Popular afirma ahora que según sus datos son 300 alumnos los que han entrado al colegio con estas condiciones. “Están montando un escándalo porque no les gusta que los marroquíes vayan al colegio, cuando son niños que no tienen nada que ver con Marruecos, que han nacido aquí, que han crecido aquí. Algunos incluso vienen de familias que lucharon con Franco”, afirma José Palazón, portavoz de Prodein, la asociación que se ha encargado de ayudar a las familias a presentar la documentación.

“Según Imbroda, parece que hay un autobús que mete a los niños en Melilla por el día y se los lleva a Marruecos por la noche. Eso no es así: esos niños viven aquí”, denuncia Aberchán. “Están alimentando un discurso xenófobo, con un discurso perfectamente programado, como si fuésemos a vivir una invasión”.

Ni siquiera es la primera vez que se lleva a cabo una medida similar. Palazón recuerda al menos otras dos ocasiones en que se matriculó a menores sin padrón: una con el Gobierno de José María Aznar y otra con el de Rodríguez Zapatero. La decisión también se ha tomado después de que la Fiscalía de Ceuta, con una situación histórica similar, obligase en 2016 a la dirección provincial a dar cobertura educativa y sanitaria a los menores con arraigo.

Desde el Partido Popular están redactando ya una denuncia por prevaricación contra el equipo socialista, al considerar que la matriculación de los menores va en contra de la orden de febrero de 2018 del Ministerio de Educación, según la cual se requiere el empadronamiento para la escolarización.

35 niños por clase… y 10 años sin colegios

La raíz del descontento reside también en la falta de espacio en las aulas, en que se escudan los populares y también algunos padres, que no ven con buenos ojos la llegada de más compañeros para sus hijos. Incluso CCOO, que se ha posicionado a favor de la escolarización, ha reclamado ya más profesores para hacer frente a la presión del alumnado que arrastran desde hace años.

Estos 160 alumnos apenas inclinan la balanza de los cerca de 7.500 que hay en la ciudad entre Primaria e Infantil. El problema es que en Melilla, el ratio de estudiantes ya supera en nueve alumnos la media nacional, con cerca de 31 niños por clase en Infantil, y 35 en Primaria, cuando el reglamento marca que sean 25. Melilla es una de las ciudades con la tasa de natalidad más alta de España, con una población joven que ronda los 35 años, y sin embargo hace una década que no se construyen nuevos centros en la ciudad autónoma.

“Hace 10 años que se construyó el último colegio, y están a reventar. El problema no son esos 160 niños, es que hace 10 años que estamos así”, se queja Palazón, de Prodein. “El PP nunca ha tenido eso en cuenta. Han hecho mil rotondas, pero no colegios, y ahora que entran 160 niños que les molestan, claman al cielo”.

De hecho, no todos los menores que se encuentran en la misma situación han conseguido plaza. Tanto Fátima como Naima tienen a uno de sus hijos sin matricular, a pesar de que han presentado los mismos papeles que para los hermanos que sí han ingresado en el colegio. “El mayor se queda en casa llorando porque quiere ir al colegio como su hermana y no puede”, se lamenta Fátima.

Fátima tiene claro que no va a llevar a su hijo a la Residencia de Estudiantes Musulmanes, la única alternativa educativa para los menores en su situación. Este centro ya fue polémico en 2013, cuando salió a la luz un vídeo de un profesor dando una paliza a un adolescente, hecho por el que no se depuró ninguna responsabilidad.

Mi hijo solo puede aprender cosas malas allí. No les ve nunca una enfermera, les dan cualquier cosa de comer, no hay vigilantes…

Este centro, al que acuden cada día 620 estudiantes, no está reconocido como colegio por España, sino que depende de Rabat. Es más bien como una academia, con un sistema educativo diferente, saturado, y con muchas carencias: “Mi hijo solo puede aprender cosas malas allí, no quiero que vaya. No les ve nunca una enfermera, les dan cualquier cosa de comer, no hay vigilantes… El año pasado, me decía que veía a niños fumando o que se encerraban en el baño. Y yo no quiero eso para él”, explica. Además, cuando acaban en este centro, los estudios no son homologables en España, por lo que no pueden seguir realizando estudios superiores.

Según explica el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, están trabajando contrarreloj para abrir nuevas aulas (ya han habilitado cinco más en tres colegios diferentes) y el Gobierno central ya les ha concedido 16 de los 25 profesores que calculan que necesitan para paliar la situación y poder terminar de aceptar a todos los menores que se encuentran en un “limbo jurídico y educativo”.