Denuncian acoso a las mujeres que acuden a centros de interrupción del embarazo

Las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y los profesionales que trabajan en los centros destinados a este fin son acosados y hostigados desde la despenalización del aborto en 1985 en España. Es la denuncia que hace la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).

Esta asociación se refiere a un estudio que evidenciaría esta situación de "hostigamiento" y que se habría incrementado desde que se aprobase la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2010. "Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas, amenazadas de algún modo" en esos centros, según la asociación.

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ACAI llega a esta conclusión a partir de los resultados de este estudio, que se ha realizado con las opiniones recogidas durante un año de 300 mujeres afectadas por estas acciones cuando trataban de acceder a los centros de IVE. Esta asociación asegura que estos grupos van rotando por diferentes puntos de la geografía española, pero se ha centrado en siete de las clínicas situadas en Málaga, Madrid, Albacete, Algeciras y Córdoba.

Información que no hace cambiar de opinión

A las mujeres les han preguntado por cómo se sienten ante la acción de estos grupos, si les resulta útil la intervención de estas personas que las interceptan en las puertas de los centros, sobre si creen que estas acciones deberían estar prohibidas, y también si continúan adelante con su gestación tras haber sido "asesoradas" por estos grupos.

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Hasta un 73% de las mujeres se sintieron muy molestas por la intromisión en su espacio íntimo y personal, y sólo un 1 % consideró que le había sido de utilidad, mientras que un 10 % se mostró indiferente. El 89 % de las encuestadas declaró haber experimentado alguna forma de acoso, y 200 se sintieron amenazadas.

El informe apunta que todas las mujeres mantuvieron su decisión de interrumpir su gestación, tras el "asesoramiento" de estos grupos. El 95 % de ellas, además, dijeron que estas acciones deberían estar prohibidas y un 90 % creen que deberían recibir protección frente a estos grupos.

Para ACAI, este resultado revela que es imprescindible que el Gobierno y el poder legislativo asuman esta realidad "injusta" y promuevan una iniciativa legislativa que tipifique como delictivas aquellas conductas que "obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan" el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo.