IU pregunta al Gobierno sobre la corrupción de menores que Delgado relata a Villarejo

Izquierda Unida exige más explicaciones al Gobierno sobre la supuesta corrupción de menores practicada por jueces y fiscales que relató la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante una comida con el excomisario José Manuel Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y otros cuatro mandos policiales el 23 de octubre de 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid. Tras la publicación de las audios y "ante las respuestas escuchadas hoy en el Congreso por parte de la propia ministra, otros miembros del Ejecutivo y de su partido sobre esta cuestión", la formación liderada por Alberto Garzón ha decidido esta tarde registrar una doble pregunta escrita dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"¿Por qué la ministra Delgado (entonces fiscal) no puso en conocimiento de las autoridades competentes aquellos indicios de posibles delitos que presenció en Cartagena de Indias?” y "¿tiene el Gobierno o alguno/a de sus miembros en su poder más pruebas que puedan determinar si se estaba cometiendo un delito en el hecho relatado por la hoy ministra Dolores Delgado en Cartagena de Indias y protagonizado por jueces del Tribunal Supremo, catedráticos de Universidad y fiscales de la Fiscalía General del Estado?”. Las dos preguntas registradas por la diputada del grupo confederal Unidos Podemos Isabel Salud, tienen como base las conversaciones en las que la entonces fiscal aseguraba haber sorprendido a jueces del Tribunal Supremo, catedráticos de Universidad y miembros de la Fiscalía General del Estado con jóvenes menores de edad en Cartagena de Indias.

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Desde IU se destaca que en Colombia la edad mínima para el consentimiento sexual está en 14 años, penándose de 12 a 20 años a quien mantuviera relaciones sexuales con alguien menor de esa edad, asimismo indican que la prostitución y la pornografía de menores de 18 años está perseguida, así como el turismo sexual. La parlamentaria indica en su exposición que en las grabaciones no se especifica mucho más, es decir, “no hay detalles para saber si se estaba cometiendo un delito según la legislación colombiana. Sin embargo, y como se recoge también hoy en prensa, desde ‘Jueces y Juezas para la Democracia’ se considera que, aunque no estaba obligada a hacerlo, la ministra Delgado, entonces fiscal, sí podía haber denunciado y facilitado así el que se abriera una investigación ante los indicios de los que fue testigo”.

La diputada completa su iniciativa interrogando al Gobierno si cuenta con "un protocolo específico para la prevención de la explotación de menores y el turismo sexual que pueda entregarse a los y las trabajadoras de la Administración, también la de Justicia, que realicen viajes al extranjero. En caso de no ser así, se pregunta sobre si tiene pensado elaborar uno a la mayor celeridad. De hecho, explica que instituciones y empresas internacionales, por ejemplo compañías aéreas, recogen protocolos específicos para la prevención de la explotación de menores y el turismo sexual.

Estos protocolos se basan en su mayoría en el protocolo facultativo de la 'Convención sobre los Derechos del Niño' relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía’, firmado por el Estado español. "En algunos de ellos se especifica, por ejemplo, a sus trabajadores/as que deben ‘poner en conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo las autoridades aeroportuarias y de policía aeroportuaria, cualquier hecho o situación que conozcan que sea sospechoso, que haya dado o pueda dar lugar a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la existencia de sitios relacionados con las explotaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes’", concluye la diputada.