Casado afea a Sánchez el atajo de los PGE y le pide elecciones: "Libere al país de su lastre"

"Convoque elecciones cuanto antes". Pablo Casado se suma a Albert Rivera y da por finiquitada la legislatura. Y se lanza a reclamar urnas para ya. Y se lo reclama al presidente del Gobierno, a quien ve como un autócrata devorado por sus propias "mentiras" y cuyo Gabinete "se cae a trozos". "Consejos vendo, que para mí no tengo", responde con sorna Pedro Sánchez, aludiendo implícitamente a Mariano Rajoy, que no quiso convocar elecciones en su momento de máxima debilidad y acorralado por la sentencia de la Gürtel.

El líder del PP dio un paso más este miércoles en su estrategia de oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez y lo dejó ver en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Y fue duro, muy duro. Para ello se sirvió de un material muy reciente y que ha escandalizado a la oposición: la argucia utilizada por el PSOE para sortear el veto de la Mesa de la Cámara a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la que permite privar al Senado de la llave del veto a los objetivos de déficit. Lo que hicieron los socialistas fue introducir ayer martes, por sorpresa, una enmienda a una proposición que nada tenía que ver —la que desarrolla una parte del pacto de Estado contra violencia de género, la que persigue mejorar la formación de jueces y fiscales en esta materia— para asegurarse que la reforma de la Ley de Estabilidad se tramita, y de forma urgente, porque esa es la garantía de que podrá haber unos nuevos Presupuestos elaborados a partir de la senda de déficit autorizada por Bruselas.

Casado también recrimina a Sánchez que saque un "conejo irresponsable de la chistera". "¿Cree que España está para una reforma constitucional?"

Ese atajo legal —que no por controvertido es nuevo en el parlamentarismo—, un "fraude de ley", permitió a Casado reprochar a Sánchez su "autoritarismo". Lo comparó con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque "al igual" que en ese país, como no controla el Parlamento, "o duplican o cierran la Cámara". El Grupo Popular, anunció, pedirá amparo a la Presidencia del Congreso para frenar esa enmienda, apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional que cuestionan esa fórmula. El Ejecutivo camina, pues, a lomos de ese "autoritarismo", y también, para los conservadores, de la "mentira", porque entiende que siguen publicándose noticias que cuestionan la autoría de su tesis doctoral. Así que el PP le hará comparecer en el Senado, ya que en esa Cámara goza de mayoría absoluta y el PSOE no tiene manera de frenar la iniciativa.

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Juanma Romero Javier G. Jorrín

También la ministra de Justicia

Pero no solo ocurre eso, a juicio del PP. El Gobierno "se cae a trozos". Cayó el ministro de Cultura, Màxim Huerta, menos de una semana después de la toma de posesión, cayó la titular de Sanidad, Carmen Montón, la semana pasada. "Y veremos qué pasa con la ministra de Justicia", Dolores Delgado, recordó, ahora salpicada por una investigación de la Audiencia Nacional, como reveló El Confidencial desde este lunes por una presunta reunión con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Casado citó a otros miembros del Gabinete envueltos por alguna polémica, como la de Política Territorial, Meritxell Batet —por manifestar que sería mejor que los presos del 'procés' estuvieran fuera de la cárcel—, o la de Industria, Reyes Maroto —que habló de que el impuesto al diésel era un "globo sonda" unas horas después de que Sánchez lo confirmase—, la de Defensa, Margarita Robles —por la venta de bombas a Arabia Saudí— o el de Fomento, José Luis Ábalos —"que dice ahora que hay que penalizar las viviendas vacías"—.

El presidente defiente que la argucia legal empleada por su grupo es "perfectamente legal" para salvar el bloqueo y que se usó varias veces antes

"¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados, señor Sánchez? Lo peor de todo es que usted, para ocultar este desastre, saca un conejo irresponsable de la chistera", dijo Casado. Con ello introducía su crítica al gran anuncio del presidente esta semana: la limitación de los aforamientos. El jefe del PP preguntó al líder del Ejecutivo si cree que España está para una reforma de la Constitución, cuando Podemos pide referéndum, "con la que cae en Cataluña". Lo que toca, dijo, es "poner orden" y "aplicar el artículo 155 el tiempo que haga falta". "La Moncloa le queda grande. Por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes", remató, despertando un largo aplauso de su bancada. Hasta ahora, el nuevo líder de los populares no había demandado un adelanto electoral.

"Consejos vendo, que para mí no tengo", se burló Sánchez en su réplica. Y entonces pasó a defender la legalidad de su enmienda. El Gobierno lo que quiere, explicó, es modificar una "ley anacrónica", la de Estabilidad, de 2012, que puso en pie de igualdad Congreso y Senado, ya que permite a la Cámara Alta tener una capacidad de veto de la que no dispone en el resto de normas.

"En realidad, lo que queremos es desbloquear este debate necesario que tiene una mayoría parlamentaria detrás, y una limitación de los aforamientos minoría, la del PP y Cs lo está bloqueando en la Mesa del Congreso. Sea usted demócrata y desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad. ¿Qué miedo tiene?", le recriminó a Casado. Después le recordó que le había ofrecido, en su reunión bilateral en La Moncloa de primeros de agosto, pactos en varias materias y él "no ha dicho nada de ello" y en cambio "se hace oposición a sí mismo", defendiendo lo "contrario" de lo que decía como portavoz del PP cuando Rajoy estaba en el poder.

Después, en declaraciones en los pasillos del Congreso, Sánchez arguyó que la argucia empleada por el PSOE es "perfectamente legal" y se trata de una fórmula que se ha empleado en "reiteradas ocasiones", y en esta ocasión lo que persigue es poder disponer de 6.000 millones extra —eso es lo que suponen las cinco décimas de déficit autorizadas por Bruselas— para "reconstruir el Estado del bienestar". Para el Ejecutivo, es clave poder disponer de los PGE de 2019 (en caso de que consiga los respaldos de sus socios), porque permitirá a Sánchez agotar la legislatura.

ERC advierte de que si el Gobierno no insta a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión de los presos del 'procés', no podrá pactar los PGE

En los pasillos de la Cámara, tras acabar su cara a cara con Casado y también con los portavoces de ERC y PNV, Joan Tardà y Aitor Esteban, el presidente confirmó que este viernes el Consejo de Ministras y Ministros aprobará la propuesta de reforma de la Carta Magna para limitar los aforamientos a políticos, que después tendrá que recibir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el Ejecutivo tenga las respuestas de ambos órganos, enviará a las Cortes la propuesta definitiva para su tramitación. A partir de ahí, espera que se culmine en 60 días.

En su respuesta al PNV, Sánchez se mostró dispuesto a acortar a 25 años el plazo para levantar el secreto de los documentos clasificados y también estudia autorizar con carácter general la consulta de los textos que integran el Archivo General Militar, informa EFE. Tardà, por su parte, advirtió al Gobierno de que si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión a los encausados del 'procés', será "casi imposible" que pueda pactar los Presupuestos con su grupo.

Aviso importante, en la medida en que los votos de ERC son fundamentales para el Ejecutivo. Sánchez respondió como en otras ocasiones: no se puede judicializar una "crisis política" como la que vive Cataluña, pero tampoco saltarse la ley, como hicieron los separatistas hace un año. "Ley y diálogo" es su receta. Tanto él como sus ministros han insistido en más ocasiones que no se darán instrucciones a la Fiscalía porque el Gabinete respeta la separación de poderes.

El PP confía en que la Mesa del Congreso paralice la maniobra de Sánchez

El Grupo Popular pedirá el amparo de la Mesa del Congreso, órgano presidido por Ana Pastor y con mayoría de miembros del PP y Ciudadanos, para frenar la enmienda de los socialistas en las medidas sobre violencia de género destinada a burlar el trámite del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Será el primer paso de la ofensiva de los populares en defensa del “equilibrio de poderes” y el respeto a ambas Cámaras ya que en fuentes de la dirección del PP ven una tendencia "autoritaria" de decretazos y, “fraudes de ley” y “trampas” parlamentarias en el Ejecutivo de Pedro Sánchez más propia del chavismo que de una democracia occidental.

Fuentes del Grupo Popular apuntan que la Mesa del Congreso puede rechazar la enmienda introducida “con nocturnidad y alevosía” por el PSOE y dirigida a la Mesa de la Comisión de Justicia, que en este caso es la que trabaja en las medidas para prevenir la violencia de género. También aducen en el PP que ya hay fallos del Tribunal Constitucional que limitan o impiden ese tipo de maniobras parlamentarias dirigidas a enmendar leyes orgánicas con textos y trámites ajenos a la normativas que se pretende corregir. En el Ejecutivo argumentan lo contrario: que el trámite se ha utilizado en anteriores ocasiones y que está avalado por el TC.