Detectaron pagos millonarios de Pérez-Maura a Villarejo para evitar su extradición

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió la pieza Pit del caso Villarejo después de que los investigadores detectaran pagos millonarios efectuados por el empresario Ángel Pérez-Maura, perteneciente a una de las familias más ricas de España, a José Manuel Villarejo e identificaran el ‘trabajo’ que este iba a llevar a cabo: frustrar su extradición a Guatemala, que le reclama por graves delitos vinculados con la corrupción, informan a El Confidencial fuentes del caso. El instructor rastrea ahora pagos del excomisario a terceros.

Para llevar a cabo este encargo, Villarejo se propuso contactar con personas de la Audiencia Nacional y anotó en su agenda una cita con la actual ministra de Justicia, a la que identificó con el alias ‘Dos’. El magistrado trata de determinar en estos momentos si logró su objetivo y ese encuentro se produjo, y si tuvo alguna consecuencia.

Los problemas del empresario, cabeza de la naviera Pérez y Cía e hijo de Elena García Botín, comenzaron en 2016 a raíz de la declaración de un testigo guatemalteco que delató al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta y amante, Roxanna Baldetti, por liderar un entramado de corrupción institucional destinado a su enriquecimiento.

Una de las piezas de la red era precisamente el naviero, al que se acusa de pagar al exdignatario casi 30 millones de dólares a cambio de que se le adjudicara una obra faraónica para ampliar el puerto Quetzal y construir una terminal de contenedores. La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de la firma de un sustancioso contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

Su propuesta consistía en trabajar en España y contactar con personas de la Fiscalía de la AN, como la ahora ministra, y también en Guatemala

Estas revelaciones provocaron que Guatemala dictara en 2016 una orden de busca y captura internacional contra el español. El proceso de extradición recayó en la Audiencia Nacional y el policía retirado vio en él una nueva oportunidad de negocio. Se ofreció a cambio de elevados pagos a utilizar su influencia para evitar que la entrega se produjera. Según el plan de trabajo que diseñó y que ha sido incautado junto al numeroso material que conservaba Villarejo, su propuesta consistía en trabajar en España y contactar con personas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como la ahora ministra, fiscal en aquella etapa, y también en Guatemala.

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De hecho, uno de los acusados en el marco de la operación Tándem que condujo a la cárcel al excomisario es el abogado Rafael Redondo, socio del policía, que fue precisamente arrestado a la vuelta de un viaje a este país. La extradición se cerró el pasado verano: la Audiencia Nacional denegó la entrega por un motivo absolutamente lícito: Pérez-Maura es nacional español.

Más dudas existen sobre la normalidad de los trámites en la propia Guatemala. Después de reclamar el arresto del naviero, el procedimiento sufrió un parón nada habitual. El trámite de envío de la documentación necesaria para impulsar la entrega quedó atascado durante más de un año. Durante ese tiempo, Villarejo continuó recibiendo pagos por sus servicios. Este medio se ha puesto en contacto con la defensa en España del empresario que ha preferido no hacer declaración alguna.

La acusación contra el español no se encuentra totalmente desactivada, ya que recientemente, el pasado mes de julio, el diario 'La República' publicó que la Fiscalía va a solicitar a España que Ángel Pérez-Maura sea juzgado en nuestro país. De forma paralela, ya ha comenzado la cuenta atrás para el juicio contra el expresidente y el resto de implicados.