EN PRINCIPIO, TAMPOCO SE ELIMINARÁN LOS PRIVILEGIOS A LA FAMILIA REAL

El PSOE cierra la puerta a suprimir la inviolabilidad del Rey que le pide el PNV

Los socialistas subrayan que plantean una reforma simple de la Constitución, por lo que no se tocará el Título II, que afecta a la Corona, y cuyo cambio exige hasta la disolución de las Cortes

Foto: Felipe VI, este 17 de septiembre en Barcelona, en la inauguración de la XXX edición de Gastech. (EFE)
Felipe VI, este 17 de septiembre en Barcelona, en la inauguración de la XXX edición de Gastech. (EFE)

El anuncio del presidente del Gobierno este lunes para impulsar una reforma exprés de la Constitución y revisar los aforamientos ha sacudido de lleno un debate que llevaba pendiente mucho tiempo. En concreto, el partido que lidera Albert Rivera dio la bienvenida a una propuesta que ya pactó tanto con PSOE como con PP en sendos acuerdos de legislatura (el segundo permitió a Mariano Rajoy ser investido) y que, en realidad, no terminaba de llegar nunca.

De hecho, el número dos de Rivera, José Manuel Villegas, reconoció tras la propuesta de Pedro Sánchez que la formación naranja estaría dispuesta a "estudiar y hablar" un texto más amplio en el que se incluyera suprimir la inviolabilidad del Rey, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución. Pero el PSOE tiene claro que no va a tocar el escudo que protege por completo al jefe del Estado, como tampoco revisará, en principio, el fuero de que disfrutan el rey Juan Carlos, las reinas Sofía y Letizia y la princesa de Asturias, que se introdujo en 2014 con la abstención de los socialistas.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) recogió rápidamente el guante. De hecho, este martes por la mañana, el grupo parlamentario vasco registró una enmienda a la moción de Ciudadanos en la que precisamente pide que se lleve a cabo la supresión de todos los aforamientos, sin excepción (en España hay en torno a 250.000), e incluye específicamente que también se elimine la inviolabilidad del Rey en su actividad no institucional, modificando el artículo 56.3 de la Carta Magna en el que se recoge tal escudo. La justificación de esta enmienda, alegan desde el PNV, es "no discriminar entre aforados (ámbito político, institucional, judicial, seguridad, etc.)" y "eliminar la desigualdad ante la ley del jefe del Estado con respecto al resto de ciudadanos". La inviolabilidad —que es distinta al aforamiento— supone que el monarca no puede ser investigado judicialmente en ningún caso por ningún tribunal mientras permanezca en el trono, ni por sus actividades privadas ni públicas.

Los nacionalistas vascos reclaman la eliminación de todos los aforamientos, sin excepción, y quitar "la desigualdad ante la ley del jefe del Estado"


La moción consecuencia de interpelación urgente registrada por Ciudadanos se refería a "las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras, la supresión de los aforamientos políticos". Por tanto, el PNV sube la apuesta notablemente obligando a que el arco parlamentario se retrate. Empezando por el propio Ejecutivo que, al abrir el melón de la reforma constitucional exprés, se enfrenta a esta iniciativa, y siguiendo por el resto de grupos, que también deberán tomar partido.

Primar el acuerdo

El PSOE ya tiene tomada la decisión de no tocar al monarca. La portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, sostuvo este martes que está de acuerdo con que las fuerzas introduzcan matizaciones o quieran ir a más, pero esa puerta de revisar aquello que afecta al jefe del Estado está cerrada. Insistió en que la propuesta del presidente es una reforma simple de la Constitución, y no agravada. Ahí está la clave. El artículo 56.3 de la Carta Magna forma parte del Título II, que está especialmente protegido. Cambiar cualquier precepto de ese título —o revisar la parte medular del preliminar, en lo que tiene que ver con derechos y libertades de los ciudadanos— supondría la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas generales, y, posteriormente, un referéndum de ratificación de la reforma. Obligatoriamente.

Lastra subraya que no ha oído a los grupos que estén en contra, solo "matizaciones" o querer ir más allá de la propuesta limitada del Ejecutivo

Lastra defendió que su grupo, en línea con lo anunciado por Sánchez, plantea una modificación simple y rápida, cuya primera redacción aprobará este viernes el Consejo de Ministras y Ministros, que luego será sometida a los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Después de recibirlos, el Gobierno aprobará la propuesta definitiva y la enviará a las Cámaras para su tramitación, que llevaría unos 60 días. "No he escuchado a los grupos que estén en contra. Sí que hagan matizaciones o que quieran ir a más [...]. Pero aunque cada uno tenga su posición, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo".

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, es felicitada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado 13 de septiembre, tras su intervención en el debate sobre la exhumación de Francisco Franco. (EFE)
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, es felicitada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el pasado 13 de septiembre, tras su intervención en el debate sobre la exhumación de Francisco Franco. (EFE)

Otra cuestión adyacente a la inviolabilidad del Rey es la de los aforamientos del resto de la familia real. En julio de 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos, se aprobó de modo exprés una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para proporcionar este privilegio procesal al Rey emérito y a su esposa, la reina Sofía, a la reina Letizia y a la heredera, la princesa Leonor. Esto suponía que de todas las causas judiciales que les afecten será competente solo el Tribunal Supremo. Lastra emplazó a los periodistas a esperar al viernes, pero reiteró que el planteamiento del Gobierno es el de limitar "los aforamientos de los políticos". Ello excluiría, por tanto, a la familia real, pero la concreción definitiva no se conocerá hasta finales de semana. Lo mismo ocurre con los delitos de corrupción: el Ejecutivo ha de delimitar qué se entiende por suprimir el fuero a diputados, senadores y miembros del Gobierno salvo en el ejercicio estricto de su cargo.

Los populares presentan una enmienda para dilatar los tiempos y que se pidan primero los informes a los órganos consultivos para luego ver qué hacer

En definitiva, lo que quieren los socialistas, y así lo plasman en su enmienda a la moción de Ciudadanos, es modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, los que confieren el fuero a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. Por otro lado, plantean que, "en coherencia con el objeto" de esa revisión de la Carta Magna, el Congreso "invite y aliente" a los parlamentos autonómicos a promover la modificación de sus propios estatutos para suprimir los aforamientos. Este último punto suaviza la redacción del texto de Cs, que directamente instaba a las asambleas legislativas de las CCAA a cambiar sus estatutos. El PSOE entiende que el Congreso puede impulsar pero no exigir a las comunidades, además de que una vez cambiada la Constitución, pierden sentido los aforamientos en los territorios.

El PSOE cierra la puerta a suprimir la inviolabilidad del Rey que le pide el PNV

Los populares, por su parte, también presentaron una enmienda a la moción de Cs con el propósito de dilatar los tiempos. Si los naranjas hablan de una reforma que se materialice en tres meses —más o menos el tiempo que prevé el Gobierno, si se cuentan los plazos de petición de informes a los órganos consultivos—, el PP lo que demanda es que el Gobierno pida distintos informes primero (antes de plantear cualquier redacción) al Consejo de Estado, a la Comisión General de Codificación y al Consejo General del Poder Judicial sobre el régimen de aforamientos en España, sobre su adecuación a la Carta Magna y justificación, y sobre las reformas necesarias para la "limitación y, si procediera, supresión de todos los aforamientos". El grupo que preside Casado considera necesario un "replanteamiento sereno y constructivo" de estas prerrogativas, pero ya avisa a Cs de que no comparte que se entiendan como "privilegios penales".

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