La Audiencia Nacional investiga una cita de Villarejo con la ministra de Justicia

La Audiencia Nacional investiga en una pieza secreta anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo que afectan a la ministra Dolores Delgado. Entre los archivos que guardaba el policía, hoy en prisión, y que fueron incautados en el marco de la operación Tándem, se ha localizado un apunte en el que el comisario reflejaba una cita con la ahora titular de Justicia y fiscal hasta el pasado mes de junio, para recabar su apoyo en beneficio del empresario Ángel Pérez-Maura, informan a El Confidencial fuentes del caso. El naviero estaba inmerso en un proceso dependiente de la Audiencia, donde Delgado desarrollaba su labor como miembro del Ministerio Público. La investigación se centra ahora en averiguar si la cita llegó o no a celebrarse.

Tras la publicación este lunes de la noticia, desde el Ministerio de Justicia aseguran en un comunicado que la cita que se refleja en los archivos del comisario nunca se produjo y que Delgado "nunca ha tenido relación de ningún tipo" con Villarejo. De todos modos, la propia ministra ha matizado después esta correción, pasando ahora a decir que nunca ha mantenido una reunión "profesional" con el policía. En lo que se refiere al caso concreto de Ángel Pérez-Maura, el ministerio apunta que, pese a trabajar en la Audiencia Nacional como fiscal durante la instrucción del mismo, la ministra no participó "en trámite alguno del proceso de extradición", afirmación que también ha mantenido Delgado.

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Beatriz Parera

Bajo el nombre de pieza Pit, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción rastrean desde hace meses trabajos del comisario destinados a frustrar o dilatar la extradición a Guatemala de este naviero de nacionalidad española y emparentado con los Botín. El procedimiento se abrió en 2016, después de que las autoridades guatemaltecas dictaran una orden de busca y captura contra Pérez-Maura, sospechoso de participar en la firma de un contrato irregular entre la Terminal de Contenedores Quetzal SA (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

La extradición bajo sospecha, a la que finalmente se dio cerrojazo dos años después, ya en 2018, dependía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tenía a Delgado entre sus miembros. El tribunal se ocupa de todas las reclamaciones de países extranjeros por delitos cometidos contra personas residentes en España, como era el caso. La ahora ministra no estaba asignada a esta cuestión, pero intervino de forma puntual en sustitución de uno de sus compañeros, aunque desde el Ministerio de Justicia niegan ahora esta participación. Como titular de Justicia, es aforada ante el Tribunal Supremo.

Además de la anotación sospechosa de la agenda, escrita en clave, han aparecido conversaciones telefónicas grabadas y un plan de trabajo sobre el caso Pérez-Maura que han llevado a concluir que Villarejo tenía especial interés en contactar con personas de la Fiscalía dentro de su labor de 'asesoría' al empresario. Se han detectado, además, otros encuentros informales de la ministra con el comisario u otros de los imputados en la Tándem, sin aparente vinculación con este asunto.

El proceso de extradición que centra la investigación se alargó de forma anormal a consecuencia de enormes dilaciones en la entrega de la documentación por parte de las autoridades guatemaltecas. No solo se agotaron los 40 días prescritos para la remisión de los documentos necesarios para impulsarla, sino que no entregaron el expediente hasta que transcurrió un año.

En abril de 2016, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron la implicación del naviero español en las investigaciones del caso conocido como TCQ e impulsaron su busca y captura internacional. Pérez-Maura es sospechoso del pago de mordidas millonarias al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina a cambio de la firma de un contrato por 25 años prorrogables para la construcción y mantenimiento de una terminal del puerto.

Debilitada por la defensa de Llarena

La ministra de Justicia se ve de nuevo salpicada por la polémica después del episodio de la defensa en Bélgica del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que la dejó en evidente situación de debilidad en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Moncloa se vio obligada a rectificar su criterio inicial en este caso y evitar dejar al juez desamparado ante una demanda civil presentada por Carles Puigdemont.

Este pasado miércoles, acudió al pleno de Congreso de los Diputados, donde rechazó ante el PP dimitir por este episodio con el argumento de que su nombre no aparece en ningún sumario. "No voy a dimitir", dijo. "Yo nunca he pagado indemnizaciones en diferido. Mi nombre no sale en ningún listado como 'Dolores D.' ni como 'D. Delgado", ironizó.