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El Govern pagó más de 750.000 euros para quedarse la recaudación de IRPF e IVA
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El Govern pagó más de 750.000 euros para quedarse la recaudación de IRPF e IVA

La investigación acredita pagos realizados por la Generalitat destinados a gestionar el cobro de impuestos estatales

Foto: Junqueras, Puigdemont y Turull en una imagen de archivo. (EFE)
Junqueras, Puigdemont y Turull en una imagen de archivo. (EFE)

El juez de instrucción 13 de Barcelona ha acreditado pagos de más de 750.000 euros realizados por la Generalitat para el desarrollo de aplicaciones informáticas que le permitieran recaudar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), de competencia estatal. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer tiene ya en sus manos contratos que acreditan que se destinaron fondos públicos para comenzar a cobrar estos gravámenes.

Según la documentación que consta en el sumario del 13, a la que ha tenido acceso El Confidencial, las respuestas a los requerimientos de información efectuados a las empresas IBM y SAP España han comenzado a dar frutos. El encargado de la causa en la que se investigan las estructuras para una Cataluña independiente reclamó todos los soportes en papel y digitales relacionados con posibles contratos, facturas, reuniones de trabajo e informes técnicos que tuvieran relación con el desarrollo de aplicaciones informáticas para gestionar estas recaudaciones. La Policía se personó en las sedes de las dos compañías el pasado mes de julio para ejecutar la orden judicial.

Foto: Agentes de la Guardia Civil, en el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña. (EFE)

Buscaba datos sobre la gestión de los impuestos transferidos, e-SPRIU, encargado para proceder a recaudar los tributos del Estado en cuanto llegara el momento de la desconexión. Los fondos para sufragar esos servicios adicionales que superaban el marco del Estatuto de Autonomía salieron de las arcas de la comunidad. Los trabajos estaban amparados por una licitación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. El objeto del contrato era supuestamente desarrollar "los servicios necesarios para la realización de un proyecto para la conceptualización, la definición de los procedimientos y la implantación de una primera fase de un sistema de gestión tributaria basado en una solución de mercado, así como de las herramientas necesarias para su despliegue”. Según el BOE, el importe ascendió a 1,2 millones de euros.

Módulos y gestor

En concreto, los agentes centraron su atención en una serie de módulos con los nombres Gestor de Entradas, Tax & Revenue RTA, Tax & Revenue ISO, Tax & Revenue IIEE y Tax & Revenue IVA. IBM ya ha contestado por escrito y asegura que no ha realizado nada directamente con estos impuestos, aunque matiza que por encargo del CTTI, en agosto del pasado año se encargó de realizar el trabajo previo que después debía desarrollar SAP para la aplicación de cobro. Una vez aplicado el 155, procedieron por orden del Gobierno a cerrar este instrumento informático. El coste ascendió a 241.282,30 euros y se destinaron a su cierre 16.000 euros adicionales.

Respecto al gestor de entradas, la compañía ha comunicado que la herramienta se desarrolló en tres fases con un coste total de 511.720,94 euros. En este caso, el origen del encargo de la Generalitat se remonta a 2014 en la línea de desarrollar una Hacienda propia de Cataluña. Por su parte, SAP entregó a la Guardia Civil un contrato en vigor desde septiembre de 2017, días antes del 1-O, pero que fue suscrito años antes, en 2015.

El juez de instrucción 13 de Barcelona ha acreditado pagos de más de 750.000 euros realizados por la Generalitat para el desarrollo de aplicaciones informáticas que le permitieran recaudar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto de sociedades y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), de competencia estatal. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer tiene ya en sus manos contratos que acreditan que se destinaron fondos públicos para comenzar a cobrar estos gravámenes.

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