Revés a Casado: el diputado que sustituye a Soraya declarará como investigado el día 19

Mariano Pérez-Hickman, exconcejal del PP en el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, será el sustituto de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados, que este lunes presentó la renuncia a su acta de diputada después de reunirse con Pablo Casado y comunicarle que dejaba la política. Pérez-Hickman tomó posesión este martes 11 por la tarde. Ocho días después, el 19, tendrá que declarar en calidad de investigado en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo, que investiga el papel de Pérez-Hickman en los vertidos tóxicos que una depuradora municipal, la del barrio de Húmera de Pozuelo, lleva soltando durante años al arroyo Antequina, que a su vez desemboca en el río Guadarrama tras cruzar la Casa de Campo.

El juzgado ha citado como investigadas a una decena de personas, todos los cargos públicos (del PP) que han gestionado el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo y los tenientes de alcalde de los que dependía esa área. Pérez-Hickman fue concejal entre 1991 y 2011. En esos 20 años gestionó casi todas las áreas municipales: urbanismo, vivienda, obras, servicios, movilidad, transportes, patrimonio y medio ambiente. En declaraciones a El Confidencial, Pérez-Hickman confía en que este asunto se archive en cuanto declare judicialmente. "Ya lo he hecho ante la Guardia Civil y les expliqué que desconocía el tema de los vertidos. Esto es un asunto administrativo. Yo dejé el ayuntamiento en 2011". En Génova conocen su imputación, aunque no ha sido obstáculo para que tome posesión como diputado.

TE PUEDE INTERESAR

Dos años de multas y nueve ediles del PP, investigados por vertidos tóxicos en Pozuelo

David Fernández

La depuradora data de 1997 y fue reformada en 2006 por el entonces alcalde, Jesús Sepúlveda, uno de los principales condenados por el caso Gürtel. El problema, según la denuncia vecinal que inició la investigación, a la que se sumó el partido Somos Pozuelo, es que la instalación está colmatada y la rehabilitación que se hizo hace más de una década no contó con el informe preceptivo de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid ni con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). De hecho, la CHT ha impuesto en los últimos tres años, desde abril de 2015, seis sanciones al ayuntamiento por incumplimiento en la autorización de vertidos y daños al dominio público que suman 30.000 euros.

La Guardia Civil ya tomó declaración a todos los concejales que tuvieron responsabilidad sobre la gestión de la depuradora desde que se aprobaron las obras de reforma en 2005. El pasado 29 de enero, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó al juzgado que se citara como investigados a todos aquellos cargos públicos y funcionarios que la Guardia Civil identifique como "responsables del continuado vertido contaminante". También ha pedido a la CHT que emita un informe valorando el daño medioambiental causado. El juzgado ha identificado a 11 personas, que declararán los días 18 y 19 de septiembre.

La depuradora da servicio a unos 30.000 vecinos, incluidos los de la elitista urbanización La Finca. "Los vertidos provocan gas sulfuroso en el entorno, un gas que es tóxico y que sale de una instalación que está a 30 metros de viviendas", afirma el portavoz de Somos Pozuelo. El actual equipo local, que tiene cuatro miembros también citados como investigados, ha destinado un crédito de tres millones y medio de euros para reformar la depuradora mientras se construye otra en el municipio. Somos Pozuelo, que está personada en la causa como acusación popular, ha criticado el nombramiento de Pérez-Hickman. "Una persona investigada por unos hechos tan graves y que están directamente relacionados con su gestión al frente de un ayuntamiento debería dimitir como diputado en caso de confirmarse su imputación. De no ser así, el PP seguiría protegiendo y premiando el mal gobierno", señala el edil Pablo Perpiñá.

Mariano Pérez- Hickman tiene una amplia trayectoria pública en las filas del PP. Fue concejal durante dos décadas. También diputado nacional en las VII y X legislaturas, es decir, entre 2000 y 2004 y 2011 y 2016. También ha sido gerente del PP de Madrid entre 1988 y 1990. Además, formó parte, como secretario jurídico, de la gestora que dirigió el partido tras la dimisión de Esperanza Aguirre en 2016. Nacido en San Sebastián, está casado y tiene cuatro hijos. Entre otros títulos, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es teniente del Ejército de Tierra en la reserva voluntaria.