El PP respalda el veto de Moncloa a la ley de transparencia universitaria

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido vetar la proposición de ley de mejora de la autonomía y rendición de cuentas de las universidades españolas, una iniciativa que el grupo parlamentario de Ciudadanos propuso el pasado mes de mayo tras estallar la polémica del máster de Cristina Cifuentes que terminó haciendo caer a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. El proyecto de ley incluía medidas específicas para profesorado y alumnos para evitar casos similares, entre las que se encontraba la obligatoriedad de publicar el contenido de los trabajos fin de máster, la creación de un buzón anónimo para denunciar comportamientos inadecuados con la garantía de proteger al denunciante o un régimen sancionador para quien incumpliera los preceptos de la normativa.

Pero el Ejecutivo ha decidido vetar el debate (se trata de la primera ley vetada por este Gobierno) y ha trasladado su criterio de disconformidad al grupo parlamentario naranja, asegurando que dichas medidas supondrían un incremento presupuestario de aproximadamente cinco millones de euros y rechazando, por tanto, su tramitación. La cuestión es que el documento del Ministerio de la Presidencia se ha conocido este lunes, coincidiendo con el estallido del caso del máster de Carmen Montón, la ministra de Sanidad. Y precisamente el PP ha apoyado el veto en la Mesa del Congreso este martes. En fuentes naranjas reconocen que tenían pocas expectativas de recabar suficientes apoyos para tumbar el veto del Gobierno, pero reprochan a populares y socialistas "que se protejan mutuamente" y aseguran que "el bipartidismo continúa haciendo lo de siempre".

La formación de Rivera tenía serias dudas de que el PP de Pablo Casado, con el caso que aún sobrevuela la cabeza de su nuevo líder, se animara a impulsar la proposición de ley. Pero insistirán. El portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, confirmó que su grupo volverá a llevar el asunto a la próxima Junta de Portavoces para que se reconsidere el veto. El diputado por Barcelona insistió en que si la ley de transparencia universitaria estuviera en vigor, "ni el caso Cifuentes, ni el caso Casado, ni el caso Montón se habrían producido" puesto que la proposición recoge la obligatoriedad de hacer públicos los trabajos. Girauta no dejó pasar la oportunidad de lanzar una nueva pulla al presidente del Gobierno: "Con la ley también conoceríamos la misteriosa tesis doctoral del señor Sánchez que nadie ha leído", zanjó.

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Por otro lado, el grupo naranja sigue señalando su sorpresa ante este veto, que se basa en un incremento presupuestario que no tendría una consecuencia sustancial directa en las cuentas públicas —tratándose de cinco millones— y, sobre todo, recuerdan que a la vista de las últimas noticias es una proposición legislativa que sigue teniendo todo el sentido del mundo.

En el escrito remitido sobre el veto, el Gobierno asegura que la creación de una Agencia independiente de la Alta Inspección Educativa del Estado —organismo autónomo que también recogía la propuesta— requeriría la transferencia de los créditos necesarios para gastos de funcionamiento e inversión mediante la creación de dos partidas presupuestarias específicas. En ese sentido, el Ejecutivo contempla que estas partidas deberían estar dotadas con 4,5 millones y 500.000 euros respectivamente y, en consecuencia, "este ministerio no presta la conformidad para su tramitación". En efecto, el artículo 134 de la Constitución deja claro que una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

Más allá del escrito y sin mencionar su contenido, la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, aseguró que el veto "no tiene ninguna motivación política", sino que responde a que la proposición de ley "está mal hecha porque no tiene una fecha de entrada en vigor". La portavoz insistió ante los medios de comunicación que cuando el grupo naranja subsane el error, el Gobierno levantará el veto.

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La propuesta de Ciudadanos nació tras el estallido del caso Cifuentes, en lo que el partido de Rivera bautizó como una "trama universitaria" en la que a día de hoy, según fuentes de la formación, se reafirman. "Y además vemos que no es sectaria. Porque afecta a PP y PSOE", apuntan. El líder del partido insistió el pasado mayo durante la presentación de la proposición —en la que participaron activamente el responsable económico, Luis Garicano, y la portavoz parlamentaria en materia de universidades, Marta Martín— que "la universidad debe estar libre de cualquier injerencia política". Y precisamente bajo esa premisa Ciudadanos presentó la ley que ahora sufrirá el veto del Gobierno socialista.

Comisión de Investigación en la Asamblea

El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que dirige Ignacio Aguado ha vuelto a la carga proponiendo de nuevo que se cree una comisión de investigación sobre universidades ante las nuevas irregularidades encontradas en el máster de la titular de Sanidad y que depende también de la Universidad Rey Juan Carlos. El resto de grupos se han mostrado a favor en la junta de portavoces, excepto el PP.

En su propuesta, el grupo naranja insiste en que los efectos de estas presuntas irregularidades “han provocado una profunda mella en el prestigio de la Universidad, forjado por el trabajo de miles de profesores y estudiantes que cada día empeñan su tiempo y esfuerzo en obtener de manera lícita sus respectivos títulos académicos”. Además de la creación de una comisión, Aguado ha propuesto celebrar un pleno monográfico sobre universidades que tendrá lugar el día 25 de octubre.