El juez archiva el 'caso Jimmy' para 90 de los 100 imputados por la reyerta de ultras

El Juzgado 20 de Madrid ha archivado la causa para la mayoría de implicados en la pelea callejera que enfrentó el 30 de noviembre de 2014 a decenas de hinchas del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña y en la que murió el aficionado del conjunto gallego Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy. En un reciente auto, el Juzgado sobresee las actuaciones, en concreto, contra 87 de los 97 investigados al entender que no existen pruebas suficientes contra ellos. "No resulta debidamente acreditada la perpetración del delito que dio lugar a la causa", argumenta el escrito en referencia al ilícito de riña tumultuaria que se le atribuía a los casi un centenar de involucrados en la reyerta.

El Juzgado asegura, además, que en el caso de 17 de esos 87 no está confirmada ni su presencia en el lugar de los hechos. "Ni siquiera queda debidamente acreditada en los diferentes atestados y ampliatorias policiales no ya la utilización de instrumentos peligrosos, sino tampoco su participación en la riña tumultuaria", agrega el auto, que echa por tierra las argumentaciones de los investigadores del Servicio de Información de la Policía Nacional, que aseguró que todos ellos portaban palos, armas u otros utensilios y formaban parte del grupo.

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El titular del Juzgado 20, Jesús de Jesús Sánchez, sí sigue adelante con el procedimiento contra los otros diez investigados. En concreto, contra ocho de ellos (Alberto C. P., Carlos Jesús L. V., Francisco I. B., José Enrique A. R., José Luis Z. P., José Tomás C. L., Julio L. B. y Óscar X. S. R.) por el delito de riña tumultuaria y contra dos (Carlos O. G. y Jacobo K. M.) por atentado a la autoridad y lesiones. El magistrado considera que hay indicios razonables para concluir que a primera hora de aquel 30 de noviembre de 2014 se citaron los hinchas del Dépor y del Atlético de Madrid "con la finalidad de agredirse recíprocamente" antes del partido que enfrentaría a ambos equipos en el estadio Vicente Calderón, una "riña confusa y tumultuaria" en la que "participaron con instrumentos que ponen en peligro la vida" los ocho primeros.

Los dos últimos, según el juez, "fueron requeridos" por dos agentes de la Policía Nacional "para que depusieran su actitud", pero no solo no hicieron caso a la reclamación de los funcionarios, sino que tiraron al suelo a uno de los dos policías y forcejearon con el otro y con dos miembros más de la Policía Municipal de Madrid. Como consecuencia de este enfrentamiento, el agente que cayó al piso se fracturó un dedo de la mano, se contracturó las cervicales y se contusionó la tibia.

El sobreseimiento de la mayoría de los investigados en este caso se suma al archivo ya decretado por el mismo Juzgado el pasado junio, cuando el magistrado De Jesús Sánchez decidió concluir la investigación por el homicidio de Jimmy, que fue arrojado al río Manzanares, sin apreciar indicio de criminalidad alguno contra los que fueron considerados como sospechosos por la Policía Nacional, responsable de las diligencias. El juez argumentó entonces que cerraba la instrucción sin acusar a nadie debido a que la única prueba —la declaración del testigo principal que señalaba a varias personas— no era fiable. Explicó que se trataba de un menor que había sido acusado en un procedimiento paralelo sobre los mismos hechos al mismo tiempo que era testigo en la causa del Juzgado 20, una doble situación que a juicio del magistrado le resta credibilidad.

Entendió el juez, por lo tanto, que su declaración incriminatoria no servía de manera evidente para sustentar el procesamiento de persona alguna. Además, el instructor consideró que no debía de momento acusar a nadie porque la grabación realizada por un videoaficionado aportada a la causa en relación con la riña tumultuaria que se formó a orillas del Manzanares carecía asimismo de la calidad suficiente para identificar a las personas que aparecían en las imágenes. Tiene baja resolución y por lo tanto resulta imposible establecer sin género de dudas la identidad de los individuos, arguyó el juez.

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Este nuevo archivo es considerado un éxito por parte de las defensas de los que han estado cuatro años como investigados en esta causa. "La resolución es un triunfo logrado con informes periciales concienzudos", asegura la abogada Ana Vázquez de Prada, que ha defendido desde el principio que "no pueden admitirse informes policiales basados en la subjetividad de quiénes los elaboran ni testigos que mienten". "El perjuicio causado a quienes estuvieron en prisión por un error policial, es irreparable", subraya Vázquez de Prada.

En la misma línea se expresa la letrada Margarita Santana, representante legal de otro de los que han visto cómo el juez acaba de archivar su causa. "Tras prácticamente cuatro años de compleja investigación, se ha acreditado la versión mantenida por esta defensa", afirma Santana, quien espera que "con el último auto no quede resquicio de duda sobre la injusticia a la que se ha sometido" a su representado, que "permaneció durante casi seis meses privado de libertad y sometido a una presión mediática personal y familiar que aún dura en el momento actual".