Sánchez e Iglesias aceleran un pacto para sellar los PGE en octubre y agotar el mandato

"Satisfacción". "Optimismo". "Hay 'feeling". Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, PSOE y Podemos, ya sí son socios preferentes. Después de dar muchas vueltas, de muchos encuentros y desencuentros, ambos líderes logran engrasar sus relaciones. Con Sánchez en La Moncloa, eso sí, y con el dirigente morado como báculo imprescindible para que la legislatura pueda avanzar y llegar —aunque no solo depende de él y de su grupo— a su desembocadura natural, 2020. El presidente y el secretario general de Podemos siguen acercando posturas y ya están cada vez más cerca de un pacto presupuestario que pretenden sellar el mes próximo y que funcionaría como una suerte de bombona de oxígeno para el Gobierno. Por lo pronto, la plena sintonía de los dos responsables tendrá una primera plasmación práctica este viernes, cuando el Consejo de Ministras y Ministros apruebe un amplio paquete de medidas para la reversión de los recortes educativos y la lucha contra la pobreza infantil.

Sánchez e Iglesias mantuvieron este jueves por la tarde su primer encuentro público en La Moncloa desde la moción de censura. Dos horas que sirvieron para cerrar acuerdos en materias sociales, simbólicas y de memoria histórica, aquellas en las que sus respectivos partidos sí están más próximos, y para visibilizar también que los principales escollos de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 —la piedra angular de la legislatura para ambos, pues es la que permite priorizar políticas y mostrar el estilo de gobierno de la izquierda por contraste con el de la derecha de Mariano Rajoy— siguen girando en torno a la fiscalidad. Aun así, consiguieron lacrar un pacto en torno a dos cuestiones: la bajada del IVA para productos de primera necesidad, que todavía deberá concretarse, y la reducción de los impuestos para los autónomos. La dificultad estriba, pues, en cómo aumentar los ingresos para financiar la lista de medidas sociales perfiladas.

"La reunión ha sido cordial, hemos tratado muchos temas, hemos avanzado mucho, hemos avanzado hacia un acuerdo global presupuestario", arrancó Iglesias su comparecencia en La Moncloa. El líder de Podemos no se cansó de subrayar que la cita había sido productiva, que entre los dos líderes había reinado un buen clima, que estaban cimentando una alianza sólida con visión de futuro y que la primera traducción habrá de ser el Presupuesto de 2019, que prevén tener cerrado a lo largo de octubre. Es decir, en poco más de un mes.

El 'timing' del Gobierno se mantiene: líneas maestras de los PGE antes del 15-O y presentación de las cuentas entre noviembre y diciembre

Eso cuadra con el 'timing' del Ejecutivo, puesto que Sánchez se comprometió en la mañana del jueves con el comisario de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, a enviar a Bruselas las líneas maestras de las cuentas del año que viene antes del 15 de octubre. Pero será entre finales de noviembre y principios de diciembre cuando Hacienda llevará el proyecto de ley ya redactado a las Cortes para su tramitación. El problema radica en que al Ejecutivo no le basta con el apoyo de Podemos, aun en el caso de que, como todo apunta, se cierre un acuerdo: necesita el sí de los partidos que hicieron presidente a Sánchez, sumar por tanto a nacionalistas e independentistas.

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Confianza mutua

"Yo sí me fío del presidente", proclamó Iglesias, para evidenciar el cambio de tono respecto al pasado y marcar distancias con el popular Pablo Casado. Pero eso no es suficiente, vino a decir: "Si hay acuerdos, seremos socios y habrá Presupuestos. Soy optimista. Si estamos sentados aquí no es porque nos fiemos, sino porque estamos al frente de dos grupos llamados a entenderse", verbalizó, para añadir que en España "no se puede gobernar con un apoyo de 84 escaños", los que tiene el PSOE, por lo que se requieren "mayorías parlamentarias estables". "Estamos a favor de hacer que la legislatura llegue a 2020 porque se puede traducir en políticas favorables para la gente", recalcó Iglesias.

Las dos partes se sienten optimistas y satisfechas. Iglesias quiere "hacer valer" su fuerza en las Cortes y Sánchez ve que los PGE están "en el buen camino"

"Una satisfacción compartida", coincidían después desde el equipo del presidente, sin apenas matizar las palabras de Iglesias durante su comparecencia. Si acaso para insistir en que algunas propuestas siguen en estudio, como las de fiscalidad. Más tarde, el presidente expresaba en Twitter su contento por su "productiva" reunión con el líder de Podemos. "Estamos en el buen camino para presentar en noviembre unos Presupuestos sociales que comiencen a recuperar el Estado del bienestar destruido por la crisis y los recortes".

El Gobierno, pues, mantiene oficialmente su optimismo y cree que logrará aprobar los PGE. Y desde Podemos se defiende que los partidos catalanes no podrán rechazar el paquete de medidas sociales porque también benefician directamente a la ciudadanía de su comunidad.

Bajada del IVA y de impuestos a autónomos

Iglesias citó como primer acuerdo con Sánchez la reversión de los recortes educativos que en 2012 aprobó el Ejecutivo del PP. Se disminuirá la ratio de alumnos por aula, se rebajarán las tasas y se aumentarán las becas, se dará un empujón a la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años y se impulsará la gratuidad del material escolar, de forma que "ninguna familia sin recursos se quede sin libros de textos". Podrían aprobarse, contó Iglesias, "partidas finalistas" en colaboración con las comunidades autónomas para un sistema de bancos y préstamos de libros.

El Consejo de Ministros de este viernes alumbra el primer paquete de medidas para dar marcha atrás a los recortes educativos del PP de 2012

Desde La Moncloa hicieron hincapié en ese primer acuerdo. De hecho, ya adelantaron fuentes gubernamentales que el Consejo de Ministros de este viernes prestará "especial atención a la infancia, con una evaluación del plan de becas escolares dentro de la lucha contra la pobreza infantil, un informe sobre los menores extranjeros no acompañados y otro de la ministra de Sanidad sobre el anteproyecto de ley orgánica de protección integral frente a la violencia" contra los pequeños.

Otro de los acuerdos alcanzados es la bajada de los impuestos a los autónomos y el IVA a los productos de primera necesidad. Sin embargo, no hay concreciones sobre los detalles, si bien Iglesias deslizó, en el primer caso, que su idea es que los profesionales paguen tributos en función de lo que facturen y queden exentos aquellos que cobran por debajo del salario mínimo.

Quinta mesa de diálogo

Hasta ahora, funcionaban cuatro mesas de negociación de Gobierno y Podemos: políticas sanitarias y educativas, fiscalidad, relajamiento de la regla de gasto y pensiones, Seguridad Social y empleo. Ayer, Iglesias y Sánchez pactaron dar vida a una quinta mesa, esta dedicada al estudio de medidas para luchar contra los precios abusivos del alquiler y a la creación de un parque de vivienda social. También el Consejo de Ministros de este viernes estudia, a propuesta del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un informe de su departamento para blindar la protección de las viviendas sociales.

Más medidas: contención de los precios del alquiler, Museo Estatal de la Memoria, fuera medalla para Billy el Niño, supresión del voto rogado...

En materia de memoria histórica, el líder de la formación morada adelantó que el Ejecutivo socialista se compromete a hacer las modificaciones legales pertinentes para retirar la medalla y la pensión al torturador Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. También se creará un Museo Estatal de la Memoria, una idea que ya avanzó Sánchez durante su gira por Latinoamérica. Para ello, se creará una mesa en la que se escuchará a las asociaciones memorialistas y a los represaliados por el franquismo.

La lista de acuerdos entre los dos líderes incluye también la firma del tratado de prohibición de armas nucleares y el compromiso de la supresión del voto rogado, de forma que los emigrantes españoles puedan votar con más facilidades en las elecciones autonómicas, municipales y europeas de mayo de 2019. El presidente, también durante su viaje por cuatro países latinoamericanos, la semana pasada, repitió a las colonias de españoles que lucharía para eliminar el voto rogado, aunque para ello depende del acuerdo con los grupos. Asimismo, se acabará con el copago farmacéutico para los pensionistas —el Gobierno ya había trasladado esa voluntad, aunque Podemos quiere suprimirlo para todos aquellos que ganen menos de 18.000 euros al año—, y Sánchez estudiará el reconocimiento del Estado palestino.

Hasta ahí los acuerdos, aunque la formación morada tiene más demandas en su cartera, como subir el salario mínimo a los 1.000 euros, derogar la reforma laboral del PP (el presidente ha insistido en que no tiene los votos suficientes en el Congreso para acabar con ella por completo), ampliar los permisos de paternidad y maternidad, potenciar la lucha contra el fraude fiscal, eliminar los privilegios tributarios de la Iglesia católica, cambiar la Ley Electoral para que sea más proporcional o sacar adelante un impuesto a la banca. Iglesias da por hecho el "principio de acuerdo" para subir el IRPF a las rentas a partir de 140.000 euros, pacto que desde La Moncloa enfrían (el listón del presidente son 150.000 €), y la actualización de las pensiones conforme al IPC.

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Iglesias anunció una batería de medidas algunas de las cuales comportan, en efecto, un mayor gasto social. Pero aún no se ha detallado cómo se mejorará la recaudación para financiar esas partidas. Sobre la mesa siguen estando la posibilidad de un impuesto a la banca —que podría trasladarse a través de un mayor recargo en el impuesto de sociedades— o a las transacciones financieras. Pero nada está cerrado aún. El secretario general de Podemos manifestó que había "buena sintonía" con el presidente, pero que quería anunciar acuerdos y no "intenciones". Es decir, que habrá que esperar aún para ver qué da de sí la negociación entre las dos fuerzas.

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Otro de los escollos objetivos es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que PSOE y Unidos Podemos quieren tramitar de forma exprés, pero que ya ha topado con el bloqueo en la Mesa del Congreso de PP y Ciudadanos. Iglesias insistió en que el Gobierno mantiene su compromiso de cambiar la legislación que aprobó Rajoy, bien por una vía u otra, pero que en todo caso se enmarcará dentro del marco global presupuestario, aunque ello suponga dilatar los tiempos. El dirigente incluso aseguró que el Ejecutivo había demandado a la Abogacía del Estado informes para ver si es posible modificar la norma vía real decreto ley, extremo que desde el entorno del presidente preferían no confirmar. Solo insistían en que hay que esperar a la evolución del trámite en el Congreso y a las conversaciones con otros grupos.

"Nuestra voluntad es entendernos y hacer valer nuestra fuerza parlamentaria para que haya cosas que cambien a favor de la gente", "cogobernar desde el Parlamento", recalcaba Iglesias durante su comparecencia. Es su oportunidad para influir en el Ejecutivo y lucir la carta de presentación de una formación útil, y la de Sánchez para tender puentes con la formación competidora de la izquierda y atraer al electorado progresista. PSOE y Podemos siguen encontrándose. Aunque ninguno de los dos sabe si las conversaciones permitirán que la legislatura resista hasta 2020 o el final será mucho más abrupto por falta de apoyos. Es pronto para anticipar escenarios.

Salvados tres decretos sin dificultades: el más importante, el de sanidad universal

"Pues para estar débiles en el Parlamento como dicen, no estamos tan mal". La apreciación, de un alto cargo de la cúpula socialista en el Congreso, tenía su sentido ayer jueves en el Congreso. La nueva mayoría parlamentaria nucleada en torno al PSOE pasó la prueba de la convalidación de tres reales decretos leyes enviados por el Gobierno sin dificultades. Dos de ellos, la adaptación al Derecho español de la normativa de la UE en materia de protección de datos y la oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, salieron refrendados por la casi completa unanimidad: 339 votos a favor y dos abstenciones. 

El tercero era el más importante y simbólico, el de la restitución de la sanidad universal. Obtuvo 177 apoyos (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 133 noes (PP y Foro Asturias) y 31 abstenciones (Ciudadanos). 

La suma de PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas e independentistas funcionó otra vez y permitió al Ejecutivo devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, con las mismas condiciones que los españoles, ya que se liga la titularidad del derecho a la condición de ciudadano, y no de asegurado. 

Los grupos apoyaron por la práctica unanimidad que se tramite el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que les permitirá introducir enmiendas durante la tramitación. 

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, la encargada de presentar el decreto ley, celebró la aprobación de la medida, que revierte una de las medidas más polémicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, impulsada en 2012. "Para el anterior Gobierno era urgente recortar derechos. Para el Gobierno actual, es urgente recuperarlos", aseguró. 

Ignacio Sánchez Amor, secretario de Estado de Política Territorial @territorialgob, y Elsa Artadi, consellera de Presidencia y portavoz @gencat, se han reunido para avanzar en el diálogo iniciado en la Comisión Bilateral e impulsar acuerdos de traspasos y reducción de conflictos pic.twitter.com/rUc4dEH7Dk

 

Pocas horas más tarde del pleno, el Gobierno anunciaba que pondrá ya en marcha los "procedimientos y trámites" para la formalización del desistimiento ante el Tribunal Constitucional del recurso contra la ley catalana que universalizaba la sanidad. El Ejecutivo entiende que la convalidación del decreto ley este jueves modifica "el alcance de la normativa básica", por lo que la norma catalana impugnada resulta ya acorde con el marco nacional. El anuncio se hizo tras la reunión del secretario de Estado de Política Territorial, Nacho Sánchez Amor, y la 'consellera' de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi.