El TS estudia validar los títulos privados de idiomas para acceder a la Administración

El Tribunal Supremo ha decidido crear jurisprudencia sobre un tema que afecta a miles de aspirantes a ocupar un puesto de funcionario. Estudiará si las titulaciones de idiomas expedidas por instituciones privadas son o no válidas para superar los procesos selectivos de la Administración pública española. Así lo ha expresado el alto tribunal en un auto en el que admite a trámite el recurso interpuesto por un aspirante a guardia civil a quien las instancias administrativas y jurídicas denegaron el ingreso en la escala de cabos y guardias del cuerpo tras restarle los puntos obtenidos con una titulación privada.

En concreto, el Supremo analizará "si las titulaciones y certificados expedidos por instituciones privadas son válidos para acreditar un nivel adecuado de competencia lingüística de acuerdo con los seis niveles comunes de referencia establecidos por el Marco Común Europeo; en qué condiciones dichos certificados privados pueden considerarse homologados con las capacidades que el alumno debe controlar en cada una de esas categorías, y si estos pueden ser aportados para acreditar los distintos niveles exigidos en las convocatorias de procesos selectivos de la Administración pública española".

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Según el mismo auto, la cuestión jurídica planteada por el recurrente "presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia", porque la materia "puede afectar a un gran número de situaciones" y, por lo tanto, "trascienden el caso objeto del proceso". Para llegar a una conclusión sobre este punto, el alto tribunal interpretará la legislación educativa que regula el currículo de las enseñanzas de idiomas, fija las exigencias mínimas para conseguir los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 y establece las equivalencias con los diversos planes de estudios.

El candidato a convertirse en guardia civil denunció que en mayo de 2016 fue admitido como aspirante, que un mes más tarde superó la primera prueba de la convocatoria, que en julio apareció en la lista definitiva de aceptados para ingresar en el cuerpo, que dos semanas después superó los exámenes de ortografía, conocimientos, lengua extranjera y aptitud intelectual, que el mes siguiente fue declarado apto en la entrevista personal y que en septiembre le quitaron seis puntos de 10 por estudios e idiomas en el trámite de revisión documental.

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"Al recurrente se le detrajeron seis puntos de su baremo de idiomas, no habiéndole puntuado el perfil lingüístico pese a tener el certificado IELTS (International English Language Testing System), expedido por la Universidad de Cambridge, el British Council y el IDP IELTS de Australia, que constaba debidamente acreditado y al cual habrían de corresponder los seis puntos detraídos", argumentó el abogado del aspirante a la corporación, Antonio Suárez Valdés, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso que ahora se dispone a abordar en profundidad el Supremo. "Si al recurrente no se le hubiera modificado el baremo, detrayéndole injustamente los puntos correspondientes a su perfil lingüístico, habría obtenido plaza", insistió el letrado.

Los argumentos esgrimidos por el alto tribunal madrileño para rechazar el recurso del aspirante a guardia civil se basaron en la interpretación de la citada normativa. La sala llegó a la conclusión de que la legislación determina que únicamente son válidas las titulaciones de la Escuela Oficial de Idiomas para acceder a los procesos selectivos de la Administración y que no caben el resto de cerficados de instituciones privadas, afirmación que ahora pone en duda el Supremo, consciente de la repercusión que su decisión tendrá en todos los ámbitos de los concursos públicos de empleo.

El alto tribunal, de hecho, admite que la decisión podría afectar a una gran cantidad de personas. Por otro lado, también admite que la resolución del Tribunal Superior de Justicia que rechazó los argumentos del recurrente podría carecer de motivación, como también denuncia el abogado del recurrente, que critica que esta falta de explicación objetiva impide hacer "una oposición con cabal conocimiento" y "constituye una práctica indefensión susceptible de acarrear la nulidad del acto".