investigacion por revelación de secretos

Decenas de denuncias acorralan al Govern por el robo de datos para el 1-O

El Juzgado 13 de Barcelona centraliza las denuncias de ciudadanos anónimos de toda Cataluña contra el Ejecutivo de Puigdemont por el uso de sus datos personales en la consulta ilegal

Foto: Recuento de papeletas en uno de los colegios de Barcelona el 1 de octubre. (EFE)
Recuento de papeletas en uno de los colegios de Barcelona el 1 de octubre. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga ya decenas de denuncias de ciudadanos de toda Cataluña contra altos cargos de la Generalitat por el uso irregular de sus datos personales en la consulta independentista del 1-O. Las primeras denuncias comenzaron a tramitarse incluso antes del referéndum y han seguido acumulándose en los meses siguientes, en el marco de una pieza separada por revelación de secretos que ya ha desencadenado la detención de los principales implicados en la elaboración del censo ilegal.

La mayoría de las acciones judiciales que han impulsado esta rama de la investigación contra los líderes del proceso independentista, a la que ha tenido acceso El Confidencial, ponen el foco en la publicación de nombres, apellidos, DNI y domicilios en la web informativa del referéndum sin que mediara consentimiento de los afectados. En otros supuestos, los perjudicados acudieron a las Fuerzas de Seguridad y a los tribunales tras ser avisados por la Generalitat de que habían sido seleccionados para formar parte de las mesas del referéndum ilegal. Las denuncias empezaron a ser investigadas simultáneamente en diferentes sedes judiciales, pero en noviembre de 2017 fueron centralizadas en el Juzgado número 13 de Barcelona, donde han continuado instruyéndose en paralelo a las investigaciones sobre el resto de preparativos del 1-O.

Una de las primeras en ser incorporadas fue interpuesta el 29 de septiembre por un vecino de Tarragona que respondía a las iniciales P.J.F.G. por el "uso indebido de sus datos personales". “En el transcurso del día 21 de septiembre, recibo notificación a través de la aplicación móvil WhatsApp de la convocatoria para votar en el referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre de 2017”, expuso el denunciante. “Que tras el anuncio oficial por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña y eepresentante del Estado en la misma comunidad autónoma procedo a comprobar los datos que se me requieren para la averiguación del colegio electoral. A saber: Documento Nacional de Identidad (DNI), fecha de nacimiento y código postal”. P.J.F.G. comprobó automáticamente que sus datos estaban en el sistema, a pesar de que no había “autorizado a nadie” a utilizarlos, “menos, para un referéndum ilegal”. En su opinión, los hechos eran constitutivos de un delito de “transmisión indebida de datos personales” y de una “violación flagrante de la Ley Orgánica de Protección de Datos”. Por ello, pidió al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía que ordenaran automáticamente la eliminación de los datos.

Comprobó que sus datos estaban en el sistema, a pesar de que no había “autorizado a nadie” a utilizarlos, “menos, para un referéndum ilegal”

J.A.V.L., con residencia en Polinyá (Barcelona), tramitó al día siguiente de la consulta otra denuncia tras verificar 'in situ' que su nombre había sido incorporado al censo. “El día 1 de octubre de 2017 me persono en el colegio Pere Calders de Polinyá en el presunto referéndum ilegal para comprobar si mis datos personales están en la lista, lo cual confirmo que sí (…) Por lo tanto, quiero denunciar al responsable de la mesa electoral y al responsable que organiza este simulacro de referéndum. También quiero denunciar a los Mossos d'Esquadra, que estuvieron impávidos”, recoge la denuncia, redactada a mano.

Entre los afectados también brotaba una sensación de intranquilidad. C.G.L., de Pallejá (Barcelona), acudió el 27 de septiembre a la Policía Local del municipio para comunicar que había recibido una carta “en la que se le emplaza como vocal 2 de la mesa electoral para el declarado ilegal Referéndum d'Autodeterminació de Catalunya 2017”. El agente que redactó la denuncia reflejó la tesitura en la que se encontraba C.G.L. “Que la Sra. G se muestra sorprendida por el modo en que se haya podido conseguir sus datos personales, a la vez que preocupada de las consecuencias de no presentarse a la convocatoria”.

R.C.P., con domicilio en Font-Rubí (Barcelona), también acudió a los Mossos el 27 de septiembre. Su relato describe un episodio surrealista. El día antes, a las 22:30, un desconocido tocó en la puerta de su casa anunciándole que tenía que entregarle una carta. “Que al abrir la puerta, un hombre, sin ningún uniforme, le entregó una carta en las manos diciéndole que le hacía entrega y acto seguido se fue”. R.C.P. lo detuvo para preguntarle qué era exactamente esa acta y por qué se la entregaban a esas horas. El mensajero era un joven de unos “25 años, 1,80 de altura aproximadamente, complexión delgada, que vestía con ropa oscura”. “Acto seguido, el joven se marchó”. Al abrir la carta, R.C.P. se encontró una comunicación oficial de la Generalitat que le informaba de que el 1 de octubre debía presentarse en un colegio electoral del municipio para formar parte de una de las mesas de la consulta.

Otro vecino de Olesa de Montserrat (Barcelona), I.C.R., contó una situación similar a los Mossos. “Que el declarante se presenta delante de esta instrucción para manifestar los siguientes hechos. Que el declarante manifiesta que el pasado día 26/09/2017 sobre las 21 horas, una persona picó en el interfono de la portería donde vive preguntando por el declarante. Que le respondió la suegra del declarante y esta le abrió la puerta a esta persona. Que esperando a que picaran en la puerta del domicilio, vieron que nadie llegaba y fue cuando el Sr. C. bajó a la portería y vio que en el interior del buzón había una carta. Que en ese momento vio también cómo una persona salía de delante de la portería con una furgoneta de color negro, pero que no pudo ver la matrícula. Que abrió el buzón y comprobó que en el interior había una carta a su nombre con el logotipo de la Generalitat de Catalunya”. La carta le informaba de la mesa que debía constituir el día 1-O. “Que el declarante manifiesta que ante la sospecha de que el referéndum sea inconstitucional, quiere reflejar su voluntad de no acudir a la mesa para no realizar ninguna ilegalidad”.

La misma notificación recibió A.G.C., vecino de La Pobla de Mafumet (Tarragona), autor de otra de las denuncias que se investigan en esta pieza separada por revelación de secretos. A su buzón llegó una citación para que ocupara un asiento en calidad de vocal 2 en una mesa de su pueblo situada en el colegio Mare de Deu del Lledó. “Que estimo que los hechos relatados constituyen un delito de transmisión indebida de mis datos personales, previsto en el Código Penal en su art. 197, con la intención de colaborar en la realización de un referéndum ilegal y prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional”.

Estas denuncias, decenas, han sido incorporadas a la pieza que instruye por separado el Juzgado 13 de Barcelona y que desencadenó a principios de verano una nueva operación policial. A mediados de junio, el juez Ramirez Sunyer ordenó registros tras la pista del censo. Agentes de la policía accedieron a la sede central del Departament d'Economia y al Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.

En el marco de la operación y a efectos del registro se detuvo al director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y al jefe del gabinete técnico de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Daniel Gimeno. El Idescat se encontraba en el foco ya desde diciembre por sospechas de los investigadores de que proporcionó al Govern los medios técnicos necesarios para acceder a datos sobre el registro de población de Cataluña y de catalanes en el extranjero.

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