Rivera ve una "barbaridad" que Sánchez proponga un nuevo Estatut para Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, inauguró el inicio de este curso político compareciendo al término de la ejecutiva nacional de su partido y reprochando una vez más la gestión de la crisis catalana que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la última propuesta del jefe del Ejecutivo, la de un referéndum sobre el autogobierno (nunca sobre la autodeterminación) que conllevaría la votación de un nuevo Estatut, el líder naranja consideró que es una “muy mala idea” que Sánchez deberá explicar jurídicamente. “¿Cómo va a recuperar algo que es inconstitucional. Eso es una barbaridad”, zanjó el barcelonés.

El presidente aclaró en una entrevista en la ‘Cadena Ser’ a qué se refería con esta propuesta: a un referéndum sobre un nuevo Estatut, porque el vigente, el de 2006, no es el que votó en sus términos la sociedad catalana (participó en torno al 48% del censo), ya que fue tumbado en parte por el Tribunal Constitucional cuatro años después de su referéndum.

Para la formación naranja el anuncio de Sánchez demuestra que “el PSC se ha apoderado del PSOE” y entiende que este referéndum es “la vieja reivindicación de los socialistas catalanes de siempre”. Rivera insistió en que “si algo ha quedado acreditado” es la utilización de dinero público “para dar un golpe de Estado” y recordó que la Generalitat “es un gobierno en quiebra en términos financieros que está rescatada por el Estado”. En ese sentido, consideró una “barbaridad” que el actual Ejecutivo se plantee un nuevo Estatut, que el TC ya consideró inconstitucional y que conllevaría, si sigue la estela del de 2006, que Torra elija a los jueces en esa comunidad.

Precisamente, en Ciudadanos insisten en que “hay demasiadas evidencias y amenazas” en estos momentos como para requerir cuanto antes al Govern el acatamiento de la Constitución y, en caso de obtener una respuesta negativa, “que se proceda a una nueva aplicación del artículo 155”. Esta reivindicación es que la defiende el partido de Rivera desde hace semanas.

Sobre la situación de Cataluña se pronunció también Rivera a raíz del pronunciamiento del Defensor del Pueblo este mismo lunes, que defiende el respeto a la neutralidad ideológica de los espacios públicos, en línea con lo expresado por el partido naranja. En una declaración institucional en la que reclama a los poderes públicos catalanes que respeten el “principio de neutralidad ideológica” que debe regir “cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante”. En este sentido, Fernández Marugán recuerda que “el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es incompatible con la presencia en los edificios públicos de símbolos de una ideología”.

Supresión del impuesto de sucesiones

 

Además, Ciudadanos presentará mañana en el Congreso una proposición de ley para suprimir el impuesto de sucesiones en toda España, una medida que supondría una merma en la recaudación de unos 2.000 millones de euros al año, según los cálculos del equipo económico de Rivera. El líder naranja anunció que se trata de una decisión que llega después de “pelear” tres años en algunas comunidades como Andalucía, Murcia, y Aragón, donde ya se han establecido distintas bonificaciones.

Rivera insistió en que su partido ha llegado a la conclusión de que el actual sistema es “caótico e injusto” y, por eso entienden, “es necesario unificar este figura impositiva en todas las comunidades” a través de su supresión. “No puede ser que en función de donde muera una persona se pague bastante o nada”, insistió el líder del partido, que entiende que esta medida supondrá un “alivio” para las clases medias.

Con respecto a los 2.000 millones de euros que supondría de recorte en la recaudación, apuntó  que para compensarlo existen otros ámbitos en los que reducir costes, “como en duplicidades burocráticas y administrativas”, antes de “meter la mano en el bolsillo a los españoles” con este gravamen. Y, de hecho, el presidente de Ciudadanos aseguró que su formación pedirá una comisión de estudio en el Congreso para calcular el coste real de estas duplicidades.