Justicia usará la alteración de las palabras de Llarena para tumbar la demanda en Bélgica

La mala traducción de las palabras del juez Pablo Llarena en la demanda de Carles Puigdemont en Bélgica será uno de los primeros argumentos que utilice el Ministerio de Justicia para intentar tumbarla. Fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado señalan que ese será uno de los puntales de la defensa de España y del juez, una vez se compruebe tras la personación el literal de la acción civil en la que el 'expresident' y cuatro 'exconsellers' acusan al magistrado de atentar contra su honor y reputación. La demanda original no pudo ser analizada por la Abogacía del Estado ya que el magistrado no ha sido notificado de forma oficial.

Se informará, por tanto, de lo sucedido al abogado a quien se contrate finalmente. Según las fuentes consultadas, este 'error' que el equipo de abogados atribuye a una traducción defectuosa no puede considerarse menor sino que afecta al fondo del asunto, al atribuirse al magistrado una frase en la que da por culpables a los acusados mientras que en la original en castellano añadió "si es que esto ha sido así".

La demanda contra Llarena acusa al magistrado instructor de la causa contra el procés de prejuzgar el caso. El documento incluye el original en castellano en que Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' lo estén siendo por motivos políticos y asegura que trata de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal. En respuesta a una pregunta sobre si en el procedimiento hay presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

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Pero en la traducción al francés hay un error grosero, como publicó este diario. "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya sido la motivación que haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados". Al cambiar un condicional por un sí afirmativo, todo el sentido de la frase queda distorsionado. La demanda dice que Llarena dijo que eran unos delincuentes, cuando en la versión original no da por sentado que hayan cometido los delitos —aún no han sido juzgados—.

Es una parte nuclear de la demanda, porque en teoría acusa al magistrado por esa conferencia, que considera que es un acto privado. Aunque en realidad la demanda repasa toda la instrucción del 'procé' y presenta a España como un Estado delincuente con una justicia comparable a la de Kazajistán. Eso es lo que hizo que la Abogacía del Estado apoyase en dos informes que España defendiera al juez, porque entre otras cosas al empezar la conferencia señala que habla como magistrado del Supremo: "Sus palabras no son ajenas a su función". Inicialmente, Justicia afirmó que contrataría a un abogado para defender la jurisdicción española pero que "en ningún caso" defendería actos privados del magistrado. Tras un alud de críticas, el Gobierno comenzó un viraje que zanjó Pedro Sánchez en su gira latinoamericana: "No es una cuestión privada, es de Estado".

La mala traducción en una parte tan esencial puede usarse para forzar una nulidad de las actuaciones

El 4 de septiembre está señalada la primera vista para ver si la Justicia belga admite la demanda. El bufete que contrate el ministerio usará como uno de los primeros argumentos esa mala traducción, según fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado. El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, ha achacado todo a un error del traductor y ha asegurado que se subsanará ante el tribunal de Bruselas. Sin embargo, en la demanda ese extracto no lleva cita a la traducción jurada sino que detalla que se tratar de una traducción aproximada con el aviso: "Se podría traducir como".

La mala traducción en una parte tan esencial puede usarse para forzar una nulidad de las actuaciones y precipitar que no se admita. El Ministerio de Justicia ya se encuentra en trámites de formalizar un contrato para que un belga, francófono por tanto, ejerza la doble función de defender al Estado y al magistrado. El Gobierno intentó —a través de Exteriores y de Justicia— que fuese Bélgica quien defendiera la jusrisdicción española, pero el Gobierno belga se negó, lo que ha originado un nuevo roce diplomático entre Madrid y Bruselas.