El CGPJ ampara a Llarena ante el "ataque planificado" de los acusados por el 'procés'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves otorgar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el amparo que solicitaba ante lo que considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional” por parte de Carles Puigdemont y otros de los procesados en la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña que permanecen huidos de la Justicia española y que presentaron en su contra una demanda civil en Bélgica acusándole de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

El órgano de Gobierno de los jueces considera que el único objetivo de esta acción judicial es el de "condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse" en ese y otros procedimientos. El juez decano de Madrid rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y del emplazamiento para que comparezca ante un tribunal belga el próximo 4 de septiembre. Puso, no obstante, la demanda en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo, que el pasado 10 de julio se dirigió a los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores para, tras concluir que el texto ponía en cuestión "las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado", instarles a llevar a cabo "las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica”.

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En su solicitud de amparo, Pablo Llarena dice que tiene conocimiento de estas actuaciones, así como de las que, tras la carta remitida por el presidente del Tribunal Supremo al ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado el Gobierno español ante el de Bélgica, aunque añade que ignora si esas gestiones han dado lugar "a una decisión concreta de actuación procesal por parte del Gobierno belga".

Defraudar la independencia

A la vista de los hechos, la Comisión Permanente concluye que con una simple lectura de la demanda formulada y de la citación se pone de manifiesto que los procesados, demandantes en Bélgica, "han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

"Se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español"

El texto, muy duro con la acción, agrega que la demanda cuestiona toda la instrucción llevada a cabo, tachándola de parcial y de arbitraria, pretendiendo que un tribunal belga considere que se ha vulnerado la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales de los demandantes. "En este estado de la cuestión, se nos antoja difícil considerar que pueda existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español”, añade la Permanente.

"La conclusión de todo ello es que los procesados en la causa especial instruida por el magistrado Pablo Llarena, con la interposición de la demanda contra él en Bélgica, han realizado un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional, pretendiendo desacreditar la instrucción llevada a cabo en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional ante la opinión pública internacional a través de un cauce inidóneo para ello, con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse en la causa especial nº 20907/2017 y en otros procedimientos que puedan sustanciarse ante la jurisdicción española", concluye la Permanente.

"Todas las medidas necesarias"

La Comisión, una vez otorgado el amparo solicitado, insta a los huidos a cesar en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de Llarena y señala que, “a los efectos de que el amparo otorgado proporcione al magistrado inquietado el marco de independencia y seguridad debido”, se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones propias de dicho marco de independencia y seguridad, incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la LOPJ.

Además, el CGPJ pone su acuerdo en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores "para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".