El estado de los puentes españoles, un secreto guardado a cal y canto por Fomento

Italia está viviendo unas horas trágicas tras el hundimiento del tramo central del viaducto de Morandi, en Génova. Las imágenes del desplome del tramo de cien metros a una altura de 90 metros –hasta el momento hay una treintena de muertos– han dado la vuelta al mundo, más si cabe si tenemos en cuenta que el espectacular colapso ha tenido lugar en la novena economía mundial. ¿Podría darse un suceso similar en España? ¿Cuál es el estado de los puentes españoles? Respuesta rápida: no se sabe. Y quien lo sabe, el Ministerio de Fomento, no está por la labor de difundirlo.

A través de la Ley de Transparencia, El Confidencial ha intentado en varias ocasiones recabar los resultados de las inspecciones de los puentes de carretera y de ferrocarril gestionados por el Estado, pero Fomento se ha negado por activa y por pasiva, llevando incluso al Consejo de Transparencia a los tribunales para seguir ocultando esta información. Esta actitud contrasta con la de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Estados Unidos, donde estos datos son públicos y se actualizan anualmente.

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T.F.

Las primeras solicitudes enviadas por este medio se centraron en averiguar el estado de los puentes de la Red de Carreteras del Estado –el viaducto hundido de Génova se encuadraría en esta categoría–. La negativa llegó en forma de trabalenguas escrito en lenguaje burocrático. “En cuanto a la condición de las estructuras se le informa que en cuanto se detecta alguna deficiencia en alguna de ellas se procede a su subsanación de forma inmediata, por lo que el estado de todas las estructuras en funcionamiento es el correcto para que así lo sea”, argumenta la resolución firmada por el anterior director general de Carreteras, Jorge Urrecho Corrales. Traducido al español: todos los puentes del Estado están en buenas condiciones, ya que en caso de detectar algún problema, se repara inmediatamente. Eso es lo que dicen desde Fomento.

No obstante, Carreteras sí facilitó información sobre la ubicación, el tipo de infraestructura, el material de fabricación o la fecha de la última inspección realizada –sin detallar el resultado– procedente del Sistema de Gestión de Puentes (SGP), una base de datos de acceso restringido gestionada por Fomento. Pero los datos proporcionados a El Confidencial contienen varios errores o, al menos, inconsistencias. Por ejemplo, entre julio de 2012 y mayo de 2014 no aparece ninguna inspección. ¿En estos cerca de dos años no se ha analizado ningún puente o sencillamente no lo han anotado en el registro? Desde Fomento no lo aclararon.

Pese a estos defectos, y por tanto con las debidas cautelas, los datos permiten destacar varios aspectos. El primero es que cada año se inspeccionan en torno a 3.500 puentes de carretera –en 2011 fueron unos 3.800 y en 2015, 3.300–, lo que equivale a un promedio de diez al día, incluyendo fines de semana y festivos. Estas inspecciones se realizan de forma rotatoria entre los diferentes territorios, analizando cada año los puentes de unas diez provincias. El segundo tiene que ver con el tipo de infraestructura, siendo predominantes los puentes con un arco interno de más de 10 metros de ancho y los pontones, cuyo arco se sitúa entre los 3 y los 10 metros; mientras que los viaductos apenas representan una de cada diez infraestructuras.

La última consideración tiene que ver con la distribución territorial de los puentes. De las más de 21.600 infraestructuras facilitadas por la Dirección General de Carreteras, Asturias y Valencia son las dos únicas provincias que tienen más de 1.000 puentes. La primera encabeza la clasificación de viaductos y otras estructuras de grandes dimensiones (194), mientras la segunda hace lo propio con los puentes con un arco superior a los 10 metros de ancho (552). En el lado opuesto de la balanza se sitúan Segovia y Guadalajara, con, respectivamente, 148 y 86 puentes en total.

El estado de los puentes ferroviarios, a juicio

De la misma forma que se intentó recabar el estado de los puentes de las carreteras estatales, El Confidencial hizo lo mismo con los de la red ferroviaria, obteniendo otra negativa. En este caso fue la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la que se opuso a proporcionar la información solicitada, alegando que “supondría un perjuicio para la materia señalada, toda vez que se refiere a infraestructuras de transporte de carácter esencial y contiene datos que podrían afectar a la seguridad global del transporte ferroviario como servicio estratégico”.

Después de que este medio presentara la reclamación correspondiente ante el Consejo de Transparencia, la AESF alegó también que algunas de estas infraestructuras ferroviarias forman parte del Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, documento clasificado como secreto, por lo que su acceso está restringido por la Ley de Secretos Oficiales.

Todas estas alegaciones fueron rechazadas por el Consejo de Transparencia, estimando íntegramente la reclamación presentada por El Confidencial. La resolución firmada por el presidente en funciones, Javier Amorós, abunda en el hecho de que conocer el estado de los puentes ferroviarios permitiría saber “las medidas adoptadas por los poderes públicos, en este caso el Ministerio de Fomento, para la garantía del correcto funcionamiento y viabilidad de un servicio esencial como es el del transporte ferroviario”.

Transparencia avaló el acceso al considerar que "la seguridad de los ciudadanos es un derecho más digno de protección que el daño invocado"

“Aunque los puentes de ferrocarril sean una infraestructura crítica y existiera el daño a la seguridad pública, que no se aprecia en modo alguno, prevalecería el interés público superior de conocer la información, pues afecta al estado de infraestructuras de uso público y a la seguridad de los usuarios de la red nacional de transporte de ferrocarril, siendo la seguridad física y vital de los ciudadanos un derecho más digno de protección que el hipotético –por no justificado– daño invocado”, sentencia el Consejo de Transparencia.

Pese a la rotunda resolución de Transparencia y disponer de tres semanas para facilitar los datos sobre el estado de los puentes ferroviarios, Fomento presentó una semana más tarde un recurso contencioso-administrativo contra la institución presidida por Javier Amorós para seguir ocultando esta información. La demanda entró en el juzgado el mismo día en el que se celebraba el primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, donde José Luis Ábalos se estrenó como ministro de Fomento en sustitución de Íñigo de la Serna.

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