El Consejo de Estado quiere poner freno al acoso de empresas contra los denunciantes

El ciclo se repite una y otra vez, tanto en el sector público como en el privado. Un empleado se atreve a denunciar un indicio de ilegalidad del lugar donde trabaja y de inmediato comienzan las presiones: acoso laboral, despido fulgurante —que casi siempre acaba siendo declarado nulo— y, en el peor de los casos, juicio de la empresa contra el trabajador por revelación de secretos comerciales. En esta batalla de David contra Goliat, el supremo órgano consultivo del Gobierno ha salido en defensa del primero.

En su dictamen sobre el proyecto de Ley de Secretos Empresariales que transpone la Directiva Europea 2016/943 al ordenamiento jurídico español, el Consejo de Estado recomienda “agravar las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar en caso de constatar el carácter abusivo y manifiestamente infundado de una de estas demandas de protección de secretos empresariales” interpuestas por las empresas contra los trabajadores que denuncien prácticas corruptas a partir de la obtención de datos confidenciales. De esta forma, el órgano consultivo propone ampliar la protección a los ‘whistleblowers’ en la misma dirección prevista en la directiva europea.

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Para ello, el dictamen firmado por el anterior presidente, José Manuel Romay Beccaría, sustituido recientemente por María Teresa Fernández de la Vega, sugiere “la elevación del límite máximo de las sanciones pecuniarias aplicables en estos casos, la posibilidad de fijar su importe en proporción a las cuantías solicitadas en concepto de indemnización en la demanda, o la difusión de la resolución en que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta”. Esta última recomendación también ha sido avalada por el Consejo General del Poder Judicial en su informe incluido en la iniciativa legislativa, que actualmente se encuentra en periodo de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

Con esta propuesta, el Consejo de Estado pretende recuperar estas medidas, que ya figuran en la directiva europea original y que el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy no recoge, al entender que otras leyes nacionales “ya salvaguardan suficientemente” la protección de los trabajadores contra el acoso y las presiones de los empresarios. En concreto, el anterior Ejecutivo cita el artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé una multa máxima de 6.000 euros en los casos de demandas abusivas o con mala fe.

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Sin embargo, el Consejo de Estado considera que la nueva legislación sobre secretos empresariales “debería prever la posibilidad de imponer sanciones cuya eficacia coercitiva sea superior a las multas por importe máximo de 6.000 euros”. Y justifica: “Se trata de articular mecanismos que tengan la verdadera virtualidad de impedir que las empresas, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, utilicen alguna de las acciones previstas en el anteproyecto con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la directiva, obligándole a autocensurarse”.

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