"Denuncié que mi banco blanqueaba dinero a los chinos y me han destrozado la vida"

La vida de Mar Uriarte (Almería, 1975) se complicó una mañana de enero de 2012. Ese día, el director de la sucursal de Bantierra-Caja de Abogados donde trabajaba le pidió que adelantase el almuerzo, ya que a las tres había programado una importante reunión de negocios en su despacho. En la sucursal de la calle Ponzano, en Madrid, adonde la acababan de destinar, solo estaban el director, el subdirector y ella. "Por la puerta entraron nueve personas, siete de ellas de origen asiático y dos españoles", relata Uriarte, que se licenció en Derecho pese a haber dedicado su carrera a la banca. "Los españoles se nos presentaron como prescriptores. Es habitual que en los bancos haya intermediarios que cobren una comisión por llevar hipotecas de terceros, pero en la Caja de Abogados nunca se había hecho. Pues bien, nos anunciaron que estos prescriptores no solo iban a cobrar del banco, sino también del cliente", continúa.

"Fueron tres horas de reunión en las que nos explicaron que los prescriptores nos iban a traer operaciones hipotecarias de ciudadanos chinos ya montadas, con el papeleo y todos los trámites hechos. Así que nos dejaron un montón de carpetas con hipotecas y se marcharon", relata. Uriarte quedó sorprendida no solo por las formas sino porque la Caja de Abogados históricamente se limita a tratar con sus colegiados y conocidos, y no con empresarios chinos. "El director nos explicó que esta nueva línea de negocio era crucial para el banco, y que debíamos estar contentos de que nos trajesen las operaciones ya hechas. En ese momento, el banco llevaba dos años casi en números rojos e hice por comprenderlo", afirma la abogada.

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"A los 10 días, el director de la zona se presentó en el banco para reunirse a puerta cerrada con los directores. Después de una hora, salió mi director y me dijo que íbamos a reestructurar la sucursal y que a partir de ese momento la prioridad eran los clientes chinos", dice la abogada. "Y vinieron muchísimos. A mis clientes habituales, a los que atendía yo sola, se sumaron los chinos, que venían con bolsas de plástico llenas de dinero para que se lo cambiase en billetes grandes, 'de los morados', se formaban unas colas tremendas", sigue. Así estuvo durante meses, cambiando dinero constantemente: "Hasta los de Prosegur estaban enfadados porque no paraba de pedirles billetes".

No iba a pagar el cheque de un señor chino a otro señor que se llamaba Roberto

En marzo, Uriarte fue a hacer una sustitución a la sucursal de Bantierra en plaza de Castilla, justo al lado de los juzgados. "Estaba atendiendo y llegó un ciudadano español con un cheque a nombre de un ciudadano chino con intención de cobrarlo. Yo me negué, porque no iba a pagar el cheque de un señor chino a otro que se llamaba Roberto, y el cliente hizo salir a uno de los jefes de la oficina, quien aceptó pagárselo sin problema. Yo me negué, porque quería hacerlo con mis claves introducidas en el sistema, lo que a todos efectos sería mi operación, pero me obligó a salir a 'tomarme un café". Cuando regresó a la oficina, comprobó que la operación se había realizado con su usuario y decidió tomar cartas en el asunto. "Era obvio que allí se estaban haciendo cosas ilegales, lo sospechaban hasta los repartidores de Prosegur, que me preguntaban con sarcasmo qué narices estábamos haciendo".

Según su versión, luego llegaron las hipotecas, y todas se emitían con sus claves de empleada. "Todas venían firmadas por el mismo tasador y seguían un patrón: se concedía la hipoteca contratando todos los productos bancarios posibles y, a los pocos días, el ciudadano chino abría otra cuenta con la cantidad exacta de la hipoteca. Al año, la mayoría liquidaba su hipoteca, pero se quedaba con otros productos". Uriarte detalla el caso de una limpiadora búlgara que trabajaba tres horas a la semana, con movimientos de tarjeta de 30 y 40 euros, a la que le fue concedida una hipoteca por llevar 20.000 euros en efectivo. "Se hicieron al menos 50 operaciones de menos de 180.000 euros, que era lo máximo que se podía dar en la sucursal sin la aprobación de la central, siempre conmigo delante. Por cada operación vendíamos 13 seguros, una locura que otras sucursales del país no podían ni soñar".

Tocar el silbato

A finales de año, Uriarte escribió un informe interno al presidente y altos cargos del banco detallando las prácticas del banco. "Rivero, el presidente, me respondió que los servicios jurídicos se ocuparían del asunto, y nunca más supe de ellos". La abogada, sintiéndose amparada por la Ley de Blanqueo de Capitales, comenzó a sacar información y dosieres del banco de cara a una hipotética demanda. Lo hizo durante siete meses, hasta el mes de septiembre de 2014 cuando, al regresar de vacaciones, se encontró con que se seguían firmando hipotecas fraudulentas, solo que ahora el negocio se había trasladado a las sucursales de provincias. Volvió a levantar la voz. "La situación en el banco era insostenible, teníamos broncas continuas y muchísima tensión. Una mañana, mientras iba en la moto a trabajar, me tuve que parar porque sentía que no podía respirar con el casco", afirma.

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Uriarte llegó a Urgencias en plena crisis de ansiedad y posteriormente obtuvo una baja por depresión. "Me tomé un tiempo para reflexionar. Estaba en una situación complicada porque por un lado quería decir la verdad cuanto antes ante los juzgados, porque si un día aparecía en el banco la UDEF me iban a buscar a mí la primera, que era la responsable de aquellas operaciones. Por el otro, me daba mucha pena por los compañeros a los que iba a implicar, sus familias... ¿Por qué unas personas con estudios y un buen puesto se la jugaban de esa manera? No conseguía entenderlo", sigue la abogada. También descubrió que los correos en los que describía la corrupción en el banco habían sido borrados de los servidores de la entidad, si bien ella conserva copias en sus correos privados.

El presidente de Bantierra renunció dos meses después de la denuncia ante Anticorrupción

Finalmente, el 14 de mayo de 2015, Uriarte acudió a la Fiscalía Anticorrupción con un escrito de 30 páginas en el que se explican las operaciones realizadas durante 2012 y 2013 con ciudadanos chinos. Toda la cúpula de Bantierra se encuentra en estatus de investigada en este momento. José Antonio Alayeto, presidente de la entidad desde su creación en 2011, fruto de la fusión entre Cajalón y Multicaja, dimitó dos meses después de que Uriarte presentase su escrito, a pesar de estar recibiendo unos importantes honorarios para un puesto que, según los estatutos del banco, es más bien simbólico. Él y otros nueve altos cargos de la entidad han prestado testimonio ante el juez y permanecen a la espera del siguiente paso de Anticorrupción, que podría llegar en septiembre.

Para llegar a este punto, Uriarte tuvo que atravesar un calvario de más de dos años: "Estuve seis meses sin poderme levantar de la cama, tomando 25 pastillas al día. No podía levantar las persionas, le tenía pánico a cualquier contacto humano. Cuando empecé a recuperarme, me puse a redactar el informe para Anticorrupción, escribiendo frases sueltas en un folio".

Estuve seis meses sin poder moverme de la cama, no podía ni ver luz

Uriarte se incorporó al trabajo al recibir el alta, pero solo aguantó un día: "Al llegar me dijeron que, como habían cambiado de gestor informático, me metiera en las cuentas de conocidos e hiciera pruebas para ir familiarizándome, lo que hacíamos todos los días, vaya. Y al día siguiente me despidieron por meterme en las cuentas de los demás, un despido procedente. Me pagaron 3.000 de los 88.000 euros que habría tenido que recibir".

Desde entonces, Uriarte no ha vuelto a trabajar. A sus 44 años, explica su situación con lágrimas en los ojos, dando su carrera por terminada: "Estoy estigmatizada en el sector bancario, nadie me da trabajo. En cuanto explico lo que he vivido, dejan de escuchar. ¿Qué voy a hacer, vivir debajo de un puente porque denuncié una situación de corrupción? ¿Qué va a ser de mí? Tendrían que pelearse los bancos por poder contratar a la empleada más honrada de España, la única que se ha enfrentado a un banco sola". Uriarte ha pasado gran parte del tiempo en los juzgados, intentando que se le aplique la Ley de Blanqueo de Capitales, así como que se reconozca que su despido no estuvo justificado o su causa médica. Su marido, Arturo Gómez, ambos militantes de Ciudadanos en Majadahonda, ha vivido junto a ella todo el proceso, que aún está lejos de terminar: "Hemos gastado todos nuestros ahorros, más de 300.000 euros en abogados, solo para descubrir que en este país no hay ningún interés en perseguir la corrupción, sino más bien lo contrario". Ambos se sienten víctimas de tortura y no descartan elevar su caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si aquí son rechazadas sus peticiones.

"Me han destrozado la vida, hasta me desapareció la regla y no me ha vuelto, por lo que me han quitado también el derecho a tener hijos. Pero si me vuelve a pasar, lo vuelvo a decir, yo no me callo nunca", zanja Uriarte.