Interior busca policías y guardias civiles en toda España para enviarlos al Estrecho

El Ministerio del Interior sigue tomando decisiones sobre la marcha para hacer frente a la emergencia humanitaria que ha provocado la llegada masiva de inmigrantes a las costas de Cádiz y Málaga. La Policía Nacional y la Guardia Civil están buscando agentes en toda España para reforzar de forma urgente su presencia en el Campo de Gibraltar. El pasado viernes, enviaron una circular a sus respectivas plantillas en la que pedían voluntarios para incorporarse a un plan de choque que arrancarará en los próximos días y se prolongará hasta octubre. Si no se cubren las vacantes, se obligará a funcionarios a desplazarse.

La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tenido que improvisar esta medida ante el colapso que sufren los servicios de seguridad y vigilancia de la zona. En el caso de la Guardia Civil, la Dirección General del cuerpo ha optado por trasladar 56 efectivos para cubrir los huecos que ya tiene en su plantilla de Algeciras. “El Mando de Operaciones Territoriales está estudiando la posibilidad de nombrar comisiones de servicio para cubrir temporalmente las vacantes en diferentes unidades de la comandancia de Algeciras de las especialidades de seguridad ciudadana, fiscal, marítima, policía judicial, protección de la naturaleza, y protección, seguridad e intervención, que actualmente están sin ocupar”, informa un correo remitido a todas las unidades de España.

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El grueso de la oferta se concentra en la sección de seguridad ciudadana, con 40 puestos disponibles. “La fecha de inicio prevista será durante la primera quincena del mes de agosto y la finalización, a mediados de octubre del presente 2018”. Los agentes que se desplacen tendrán derecho a cobrar el 80% de la dieta de alojamiento, tasada actualmente en 48,92 euros por día.

Los efectivos que movilice la Dirección General de la Policía Nacional ni siquiera cobrarán ese complemento. La División de Personal del cuerpo aprobó la semana pasada una convocatoria para “reforzar las comisarías locales de la Línea de la Concepción y Algeciras” ante la “urgente necesidad” de hacer frente al desafío migratorio. La resolución no aclara cuántos funcionarios se demandan, pero especifica que irán “sin derecho a percepción de indemnización alguna”. Pese a todo, los que estén interesados deberán presentar una instancia antes del 8 de agosto.

La petición ha provocado el malestar en los sindicatos de Policía, que además de denunciar la falta de previsión censuran que no se compense a los agentes que vayan a la zona. “Se va a enviar a compañeros a la zona sin ningún tipo de alojamiento. Es un área turística, además, donde no es fácil ni barato encontrar hoteles. No entendemos el agravio frente a la Guardia Civil. Solo funcionarios que tengan vivienda en la zona pueden hacer frente a una situación como esta. Estamos cansados de que se hagan así las cosas”, asegura Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), aunque en este asunto también habla en nombre de los otros tres grandes sindicatos del cuerpo, CEP, UFP y SPP. Los cuatro se reunirán esta tarde con el director general de la Policía, Francisco Pardo, para tratar la situación en Algeciras y las condiciones de este plan de emergencia.

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“Los compañeros están haciendo jornadas maratonianas, pero es imposible llegar a todo. La ley nos da 72 horas para identificar y hacer todos los trámites administrativos a las personas que llegan, pero son tantos que hasta la mitad se va sin ningún tipo de control porque no damos abasto”, asegura Cosío. “Para atender a los 629 inmigrantes del Aquarius, Interior movilizó casi a 300 agentes de toda España y habilitó mas horas de las legalmente previstas para realizar todos los trámites policiales. Tan solo dos días mas tarde, en Málaga y de regreso a la realidad, lejos de los focos de las cámaras, apenas 15 agentes tuvieron que dar servicio a 300 inmigrantes llegados en similares circunstancias".

La asociación mayoritaria del Instituto Armado, la Asociacicón Unificada de Guardias Civiles (AUGC), también critica la previsión del Gobierno. “Esta medida es un simple parche. ¿Hasta cuándo van a tener que estar los agentes de forma provisional fuera de sus casas para atender esta emergencia?”, se pregunta Juan Fernández, portavoz de la asociación. “Da rabia que no se afronte este problema de forma definitiva. Estamos desbordados. Es una crisis humanitaria y nuestros compañeros tienen que atenderla. Pero están por encima de sus posibilidades”.

La AUGC reclama más efectivos en la zona de forma permanente. También en Ceuta, donde 22 agentes tuvieron que hacer frente al salto a la valla de más de 700 inmigrantes. “Han decidido enviar otros 20 agentes, pero eso y nada es lo mismo. No solo son incapaces de pararlos. Es que hay hasta miedo porque creen que en cualquier momento puede haber otra avalancha, y a ver qué se hace entonces, porque los centros de internamiento ya están colapsados”, alerta el portavoz de la AUGC.

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Los mensajes de los sindicatos y asociaciones chocan con el discurso oficial de Interior, que niega un colapso en el sistema de salvamento y acogida de extranjeros. El propio Grande-Marlaska rechazó este fin de semana que la situación sea crítica. “Tenemos una situación controlada y controlable”, dijo desde la propia ciudad de Algeciras. Hasta allí se desplazó el sábado precisamente para calmar los ánimos de los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad. Este lunes, fue el director general de la Policía quien acudió a la zona cero de la inmigración para subrayar “la profesionalidad y dedicación de todos los agentes” que participan en los dispositivos de recepción.

De puertas para adentro, Interior sí admite que la situación en el Estrecho es de “emergencia humanitaria”. La Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido sacar 3,4 millones de euros del presupuesto de la Dirección General de la Policía Nacional para destinarlos de forma urgente a la compra de ropa, calzado, mantas, kits de aseo personal, mobiliario y obras de acondicionamiento de varias naves y terrenos en el término municipal de San Roque donde Interior prevé acoger a un total de 10.500 inmigrantes durante los próximos tres meses, aunque solo en sus primeras 72 horas en territorio nacional. Después, serán enviados a otros puntos de la Península.