Marlaska se pone en contra a la Guardia Civil por nombrar policías en puestos clave

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha encontrado con enormes problemas nada más llegar al departamento que dirige la seguridad de todos los españoles. Desde que aterrizó, ha tenido que gestionar el caso Tándem, que en su inicio provocó la detención de tres comisarios —José Villarejo, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca— y que ha salpicado a la mismísima Corona tras la aparición de los audios de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en que esta asegura que el Rey emérito tenía cuentas en Suiza y cobró comisiones por la construcción del AVE a La Meca, entre otras cosas. Ahora está inmerso en el asalto masivo de inmigrantes que dejó más de una veintena de guardias civiles heridos el pasado jueves en Ceuta, que hace prever un verano movido en este plano y que viene precedido de la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acoger al barco Aquarius.

Ninguno de estos dos asuntos, sin embargo, le está generando tantas controversias en el seno del ministerio como un tema en apariencia mucho menos trascendente pero que ha tocado una de las instituciones más sensibles del Estado, la Guardia Civil. El ministro decidió nada más llegar relevar al coronel Juan Hernández Mosquera de su cargo de responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio, un puesto clave que antes había ejercido el también coronel de la benemérita Diego Pérez de los Cobos y del que dependía, entre otras cosas, la coordinación de los Mossos mientras estuvo en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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En su lugar, además, Marlaska ha colocado a un policía afín, el comisario José Antonio Rodríguez, conocido en el cuerpo como 'Lenin' por su asdcripción política. El movimiento, que ya adelantó El Confidencial incluso antes de que se produjera, generó un enorme malestar en la Guardia Civil. La Unión de Oficiales del instituto armado emitió un comunicado en el que expresó que la decisión venía a "reabrir una nueva polémica" entre la Policía Nacional y el instituto armado. El puesto que ahora había sido reasignado a un funcionario del primer cuerpo, añadían los oficiales, "había sido ocupado siempre por personal de la Guardia Civil" debido a que se trata de una plaza clave para coordinar todas las fuerzas de seguridad del Estado que requiere de un mando "con independencia y neutralidad política", algo que a juicio de esta asociación únicamente se da en el instituto armado.

"El Ministerio del Interior debe tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que la seguridad se estructura en dos cuerpos policiales de ámbito estatal, por lo que es necesario que exista equilibrio y proporcionalidad, tanto cuantitativa como cualitativa, en el reparto de cargos, de forma que ambos cuerpos queden convenientemente representados", asegura la Unión de Oficiales, que considera que si esto no se hace así, "se estará poniendo un cuerpo a disposición de las órdenes del otro", lo que repercutirá negativamente en la necesaria independencia y en la eficacia policial.

"No se trata de una mera cuestión de cupos, sino de seleccionar a los profesionales más capacitados de cada institución acorde a su hoja de servicios y no en base a cuestionables filiaciones", remarcaba la agrupación en clara referencia a la afinidad al PSOE del comisario José Antonio Rodríguez y al extenso currículo de Hernández Mosquera, que venía de una carrera ligada a la lucha antiterrorista, tanto contra ETA como contra el yihadismo, y al análisis de información sensible. Pero no ha sido únicamente la Unión de Oficiales —que incluso ha pedido un listado de los cargos que ocupan policías y guardias civiles en el ministerio— la que ha levantado la voz contra la decisión de Marlaska. La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que aglutina a los mandos con más poder dentro de la corporación, también ha mostrado su "malestar" por lo que considera una "discriminación" respecto a la Policía.

"Durante la reunión del 16 de julio, usted afirmó que existe un equilibrio en el reparto de cargos (...); sin embargo, sentimos tener que decirle que probablemente no ha sido bien informado por su equipo de colaboradores", le recrimina este colectivo a Marlaska antes de detallarle que la Policía tiene ocho mandos de nivel 30 en la Secretaría de Estado por los seis de la Guardia Civil, cinco de nivel 29 por cuatro del cuerpo hermano; 26 de nivel 28 por 17, y 48 de nivel 27 por 45 del instituto armado verde. "Estimamos que deben primarse los criterios técnicos de profesionalidad frente a cualquier tentación de politizar", ha subrayado APROGC, que ha pedido "un criterio claro y justo" al repartir los puestos, "ya sea basado en la rotación o en la equidad", lo que "evitaría" cualquier enfrentamiento entre cuerpos.

En este contexto, el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige las investigaciones judiciales más relevantes, Manuel Sánchez Corbí, ha dado orden de suspender toda la actividad del departamento por falta de fondos disponibles para realizar su trabajo. "Mediante este correo se informa de que con fecha 24 de julio se acaba de agotar la caja de fondos de gastos reservados correspondiente a la Unidad Central Operativa, lo cual motiva que no se pueda hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios del funcionamiento de los distintos departamentos de investigación", explica el coronel en una misiva remitida a todos los miembros del área.

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"Desde este momento y hasta nueva orden, queda temporalmente suspendida cualquier actividad de la Unidad Central Operativa (UCO) y sus unidades subordinadas que requiera obligatoriamente realizar gastos de la partida Fondos Reservados así como los apoyos solicitados a las mismas por parte de otras unidades", reza el correo, que viene a paralizar cualquier investigación relevante coordinada por la Guardia Civil. El momento no es especialmente trascendente, dado que ahora comienza el periodo estival y en la práctica se producen muy escasos avances de los casos más importantes. Sin embargo, se trata de un órdago hasta el momento nunca visto que hace vislumbrar un problema mayor de extenderse la situación al próximo septiembre.

Marlaska tiene por lo tanto tiempo para tomar decisiones hasta entonces. De momento, desde el ministerio niegan que la decisión del jefe de la UCO, uno de los mandos con más peso dentro de la institución, esté ligada al relevo de Hernández Mosquera y justifican que se debe a que el nuevo equipo de Interior quería saber en qué se gastaban los fondos reservados antes de usarlos y que así se lo trasladó a la unidad central, pero rechazan que se hayan paralizado las investigaciones y aseguran haber trasladado al departamento que si necesitan gastos extraordinarios, les serán concedidos. La UCO dirige operaciones como Púnica, Lezo, Taula o Acuamed, que implican a diferentes dirigentes políticos.

La AEGC reitera que el cuerpo está "desbordado"

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha insistido en que este cuerpo está "desbordado" en el Campo de Gibraltar para atender a los inmigrantes y luchar contra el narcotráfico, y ha criticado que la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solo haya servido para dar "palmaditas en la espalda" a los agentes y no para aportar soluciones.

En un comunicado hecho público el domingo, la AEGC denuncia que la visita del ministro el día anterior, "como en las anteriores suyas y de sus antecesores, se realiza a la hora de los informativos y con las manos vacías de soluciones".

Esta asociación lamenta que se hayan producido "muchos abrazos y palmaditas en la espalda" a los agentes que estos días "multiplican sus esfuerzos por cuatro para poder atender el incremento de pateras que arriban cada día a las costas gaditanas".

Y todo ello "sin dejar de mirar a los narcotraficantes que aprovechan la situación para hacer su agosto".

Sobre la "falta de previsión", a la que según AEGC aludió Grande-Marlaska en su intervención, afirma que no será por que este colectivo "no lo haya avisado casi a diario" nada más tomar posesión del cargo.

"No llegó el refuerzo de personal, llegó el problema con el aumento de llegada de pateras y la solución que encontró fue aumentar las horas de trabajo de los guardias. Pero ni aun así se da abasto", critica la asociación.

Según AEGC, "los puestos de la zona apenas dan para sacar una patrulla" que, "como esté pendiente de la inmigración, no puede realizar al cien por cien las labores de seguridad ciudadana o de control a los narcos".

"Además, ahora también se tienen que hacer cargo del traslado de los inmigrantes que llegan a la costa a los distintos puntos de acogida" en unos autocares en los que sostienen que hay un guardia civil por cada 60 o 65 inmigrantes.

Igualmente, han denunciado que en los espacios habilitados para inmigrantes, los agentes que prestan servicio lo hacen "en condiciones lamentables porque ni tienen aseos, ni agua se les ofrece".

"El problema que no ve o no quiere ver el ministro del Interior se traduce en 1.600 inmigrantes solo en las últimas 24 horas, y eso es colapso para las autoridades civiles y para las fuerzas de seguridad", alega la AEGC.