La jueza investiga la agenda de Cifuentes en 2012 para ver si anotó la defensa del TFM

La titular del Juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, está decidida a llegar hasta el final en el caso máster y en cada una de sus derivadas. Tras reclamar tanto a la Universidad Rey Juan Carlos como a los profesores Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos los trabajos que Pablo Casado presentó para aprobar las únicas cuatro asignaturas que no le convalidó el centro, la magistrada ha decidido impulsar de nuevo la causa que afecta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

En concreto, la instructora ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Madrid "la agenda electrónica" de la exjefa del Ejecutivo regional relativa al 2 de julio de 2012, que fue cuando —según indicó la propia Cifuentes en sede judicial— la investigada tenía su defensa del trabajo fin de máster (TFM) en la sede de la universidad. La jueza pretende constatar si la entonces delegada del Gobierno dijo la verdad y efectivamente registró en la citada agenda su compromiso académico, con lo que realmente habría un indicio sólido de que defendió el trabajo, o si no hay nada anotado en la mencionada fecha sobre la cita universitaria.

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Por ese motivo, pide expresamente a la Delegación del Gobierno que indique si Cifuentes tenía algún tipo de señalamiento para ese día e incluso si el mismo se refería concretamente a la defensa del polémico trabajo fin de máster. La magistrada, que da de plazo hasta el próximo 7 de septiembre al organismo público para responder a su requerimiento, en cualquier caso, no pretende dejar ningún cabo suelto en esta diligencia, como ha hecho en el resto de pesquisas ordenadas.

En su afán por atar todas las posibilidades, Rodríguez Medel incluso especifica en su mandamiento que, "en el caso de que conste" en la agenda el mencionado compromiso académico, será necesario comprobar si esta cita fue realmente incluida en el cuaderno electrónico en 2012 —antes de la defensa del trabajo— o si, por contra, se introdujo más tarde. En concreto, pide cotejar si se modificó la agenda para introducir esta cita tras el 20 de marzo de 2018, que fue cuando estalló el caso en los medios de comunicación. Un día después de esa jornada, de hecho, alguien fabricó el acta que la ex presidenta regional exhibió en la Asamblea de Madrid, tal y como contó El Confidencial.

En concreto, pide cotejar si se modificó la agenda para introducir esta cita tras el 20 de marzo de 2018, que fue cuando estalló el caso en los medios

Este documento —que pretendía acreditar que Cifuentes había obtenido el título— contenía al menos dos de las tres firmas que lo suscribían falsificadas, como explicaron a este diario en su momento fuentes del Instituto de Derecho Público y posteriormente confirmaron las propias profesoras a las que representaban las rúbricas ante el Juzgado 51. La comprobación sobre la posible modificación de la cita ordenada por la magistrada trata de detectar, teniendo en cuenta el precedente del acta, si al tiempo que fue falsificado este documento exhibido por Cifuentes también se introdujeron cambios en la mencionada agenda electrónica.

No en vano, como también relató El Confidencial, tras saltar a la luz el escándalo de la posibilidad de que Cifuentes no hubiera realizado el máster y le dieran el título sin examinarse, el catedrático Álvarez Conde reunió a las profesoras implicadas y a un abogado en su despacho de la Universidad Rey Juan Carlos con el fin de tratar de pactar una versión única de cara a la declaración que todos ellos tendrían que prestar en el marco de la investigación interna abierta por el centro.

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Según mostraba el acta, Cifuentes habría presentado su trabajo fin de máster el 2 de julio de 2012, cuando ostentaba el cargo de delegada del Gobierno y el mismo día en que la Selección española de fútbol festejaba por las calles de Madrid su triunfo en la Eurocopa. El tribunal que supuestamente la evaluó y que aparece en el documento estaba conformado por las docentes López de los Mozos (presidenta), Clara Souto (vocal) y Cecilia Rosado (secretaria). López de los Mozos fue la primera en denunciar que su firma había sido falsificada para tratar de generar una prueba exculpatoria para Cifuentes. También reveló que nunca formó parte de ningún tribunal de evaluación a Cifuentes, ni ese día ni ningún otro. Rosado ha admitido posteriormente en sede judicial haber suplantado las firmas de sus compañeras, aunque alegando que lo hizo por presiones de su superior directo, Álvarez Conde.