El PSOE usa los 480M que ganaría Cataluña para arrancar al PDeCAT un sí al déficit

El Ejecutivo de Pedro Sánchez enfila las horas decisivas antes de la votación de la nueva senda de déficit en el Congreso, la llave maestra que abre (solo abre) la puerta de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. No tiene aún los apoyos atados, pero confía en poder arrancarlos en el poco tiempo que le queda por delante, y por eso la negociación seguirá en marcha hasta el último minuto, hacia el mediodía del viernes, cuando el pleno de la Cámara Baja vote. El Gobierno necesita superar el primer escollo antes de la prueba del Senado, en la que su propuesta decaerá por el veto del PP, que disfruta allí de una cómoda mayoría absoluta. Ese seguro rechazo de los populares en la Cámara Alta hace que Moncloa esté a la búsqueda de "soluciones" para esquivarlo, para garantizar que el posicionamiento del Congreso prevalezca.

Solo en la medida en que el marco de estabilidad presupuestaria salga adelante en la Cámara Baja el Ejecutivo puede asegurar a cada autonomía que podrá disponer de esas dos décimas de margen que les ha prometido, y que servirán para destinarse a servicios públicos, sanidad o dependencia. Dos décimas que se traducen en dinero contante y sonante: 480 millones de euros más de respiro para Cataluña; 350 para Andalucía; 200 para la Comunidad Valenciana. Tres ejemplos de tres de las CCAA con mayores angustias económicas y que han padecido más por el vigente sistema de financiación, caducado hace cuatro años.

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Esa es la baza que juega Hacienda a muy pocas horas de la doble votación decisiva del viernes. La nueva senda de déficit y también la elección de Rosa María Mateo como administradora provisional única de RTVE. El Ejecutivo quiere tener éxito en ambas cuestiones, es optimista, pese a las dificultades, y cree que una de ellas actuará de motor de arrastre de la otra. Dicho de otro modo: le cuesta creer que pueda sacar adelante el relevo transitorio de la radiotelevisión pública estatal y que en cambio fracase la votación de los objetivos de déficit del periodo 2019-2021. Pero para los grupos ambos elementos están disociados. De hecho, los votos teóricos para nombrar a Mateo los tiene ya, pero para la segunda prueba del viernes, los escenarios siguen muy abiertos.

El Ejecutivo es optimista, y confía en que la votación de RTVE, que tiene en teoría garantizada, actúe como motor de arrastre del marco de estabilidad

En la negociación, uno los actores clave es el PDeCAT, cuya posición es más rocosa tras la asamblea nacional del pasado fin de semana, en la que Carles Puigdemont se impuso al pragmatismo de Marta Pascal, a la que acabó tumbando. El 'expresident' logró situar en la cima de su partido, como paso previo a la integración en el movimiento que él mismo ha promovido, la Crida, a dos dirigentes de su confianza: David Bonvehí en la presidencia y Míriam Nogueras como su número dos. Ella es diputada, y con ella estuvieron negociando a lo largo de este miércoles los socialistas.

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Reuniones sucesivas

Primero se pudo ver en los pasillos de la Cámara Baja a la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, y a su adjunto, Rafael Simancas, con Nogueras y con el todavía portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano. Más tarde, los cuatro volvieron a verse, y en esta segunda cita se unió la vicepresidenta, Carmen Calvo. Tanto RTVE como el techo de gasto se situaron en el eje de las conversaciones.

Calvo se reunió, junto con Lastra y Simancas, con la nueva número dos del PDeCAT, Míriam Nogueras, y el todavía portavoz, Carles Campuzano

El Gobierno se afana, primero, en salvar como sea la votación del viernes. Intenta convencer a los grupos de que su apoyo es necesario, además de para auxiliar a Sánchez. La herramienta negociadora son esas dos décimas extra. El Ejecutivo logró que Bruselas relajara el camino de reducción fiscal, de tal forma que para 2019 España dispusiera de un objetivo de déficit cinco décimas superior a lo programado. Pasar del -1,3% al -1,8%. De ese medio punto de "respiro", en palabras de Calvo, dos décimas —unos 2.500 millones— irían para las comunidades —se les permitiría un desvío del -0,3%, y no del -0,1%, más restrictivo—. Otras dos décimas servirían para paliar el agujero de la Seguridad Social, y la última (unos 1.200 millones) se la quedaría el Estado.

Hacienda siempre ha insistido en que, por tanto, las grandes beneficiadas de la nueva senda pactada con Bruselas son las comunidades, porque para el Estado una merma de 1.200 millones apenas si pesa en el conjunto del Presupuesto. Entre ellas, obviamente, Cataluña. Las dos décimas extra le suponen disponer en sus bolsillos de unos 450-480 millones de euros más, según confirman a este periódico fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero. Para Andalucía, ya lo avanzó el pasado lunes la presidenta, Susana Díaz, tras su reunión con Pedro Sánchez, significan un alivio de 350 millones. La baronesa agradeció ese oxígeno, así como los otros 150 millones más que su comunidad recibiría en concepto de liquidación de las entregas a cuenta. Para Asturias, se trataría de 49 millones adicionales, como se recordaba tras el encuentro de este miércoles con Javier Fernández.

El Govern de Quim Torra se coordina con las dos fuerzas que lo integran, ERC y PDeCAT, para tomar la decisión final. Tanto la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, como sus peones en Madrid han venido subrayando en las últimas horas que no tiene demasiado sentido un respaldo al plan de Sánchez cuando después el Senado lo bloqueará. Y "gratis" no saldrá nada, recordaban desde el entorno de Campuzano.

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Caso singular

Eso explica que Calvo, en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, tras su reunión con los representantes del PDeCAT, señalara que el Ejecutivo está a la búsqueda de "soluciones" para dar la vuelta al veto de los senadores del PP, que en teoría llegaría el lunes —siempre y cuando la votación en el Congreso de este viernes resultara exitosa—. No adelantó cuáles. Es evidente que no tiene margen para cambiar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la misma que impulsó Cristóbal Montoro en 2012 y que estipula que el acuerdo del Consejo de Ministros sobre los objetivos de déficit y deuda ha de recibir el visto bueno sucesivo de los plenos de Congreso y Senado, de forma que si una de las Cámaras lo rechaza, el texto vuelve al Gobierno.

Hacienda señala a Podemos que el techo de gasto no se vota en los plenos, y que en todo caso cumple su petición de que crezca más que el PIB nominal

Calvo recordó ante los periodistas que la Constitución concede un rango superior al Congreso, porque a fin de cuentas toda ley que es vetada por el Senado siempre acaba volviendo a la carrera de San Jerónimo, y sus señorías pueden revertir lo hecho en la Cámara Alta, que para eso es de segunda lectura. Es decir, que lo que introdujo Montoro en la Ley de Estabilidad Presupuestaria constituye un caso anómalo en el sistema parlamentario español. Si el Ejecutivo recibe una bofetada en la votación de la senda de déficit el lunes, podría echar mano de un resorte excepcional: aprobar un real decreto ley con esos objetivos para el periodo 2019-2021 que solo ha de ser convalidado por el Congreso.

Pero si el primer examen, el de mañana viernes, ni siquiera sale, y los grupos dan la espalda a Sánchez, no habrá lugar a cambiar nada. El acuerdo ni llegaría al Senado, y el Ejecutivo no tendría opción de elaborar un decreto ley.

Sánchez no solo tiene que vencer las reticencias de las fuerzas independentistas catalanas. Unidos Podemos y Compromís también tienen pegas. Los morados consideran que el techo de gasto, con una subida del 4,4% respecto al ejercicio anterior (125.064 millones de euros, frente a los 119.834 del último Presupuesto del PP), es insuficiente. Hacienda insiste en que el límite de gasto no financiero no se vota en las Cortes —lo que tienen que aprobar o rechazar sus señorías es la senda de déficit— y que cumple con su exigencia de que crezca por encima del PIB nominal.

El arma electoral

El Ejecutivo encontraría sintonía para cambiar la ley de 2012, puesto que los grupos catalanes, Unidos Podemos o Nueva Canarias censuran el "cerrojazo" que la norma permite al Senado, como lo ha tildado la formación morada.

El Ejecutivo garantiza que habrá Presupuestos y sigue trasladando la presión al PP, que explique por qué no quiere más recursos para gasto social

De cualquier modo, Hacienda ha garantizado que elaborará el proyecto de Presupuestos para 2019, con la nueva senda o bien con el marco de estabilidad anterior. Las cuentas del año próximo, al margen de que prosperen o no en su trámite parlamentario, son la herramienta perfecta para el Ejecutivo para demostrar que caben otras políticas y que el PP no tenía "interés" en sacar a España del "austericidio". No es baladí que la vicepresidenta insistiera este miércoles en que no habrá adelanto electoral, y sí Presupuestos. O, más bien, proyecto de Presupuestos, porque todo dependerá de la tramitación en las Cortes que arrancará en septiembre.

Entretanto, el Gobierno traspasa al PP toda la "responsabilidad" si finalmente hace malograr los nuevos objetivos. Calvo, en línea con las apelaciones de Montero de los últimos días, instó a Pablo Casado a que explique a los alcaldes y presidentes autonómicos de su partido "por qué le da igual que no haya más dinero para resolver sus problemas, que les diga que antepone las siglas del PP al futuro de España". En otras palabras: si el PP se niega y no hay forma de 'resucitar' el texto, el PSOE asume que cuenta con un arma electoral.