Álvarez Conde informa a la jueza de que no tiene los trabajos del máster de Casado

Enrique Álvarez Conde, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y responsable del Instituto de Derecho Público del que dependen los másteres realizados por la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes y por el presidente del PP, Pablo Casado, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid un escrito en el que comunica que no conserva los trabajos que supuestamente entregó el máximo dirigente popular para aprobar tres asignaturas de su posgrado en Derecho Autonómico. Responde así el profesor a la reclamación realizada por la jueza Carmen Rodríguez Medel, que inicialmente pidió los trabajos a la universidad y, después de que esta rechazara tenerlos, se los solicitó a Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos.

El catedrático, que dirigió tres de las cuatro asignaturas que el centro aprobó a Casado a cambio de la presentación de trabajos (la cuarta asignatura correspondía a López de los Mozos), argumenta en su escrito que tanto la normativa interna como la estatal únicamente obligan a los docentes a conservar el material entregado por los alumnos durante un plazo de dos años, e interpreta que, después de ese periodo, tenía "obligación de destruirlos".

Por un lado, recuerda que el reglamento por el que se regula la revisión y la reclamación de la evaluación continua en los estudios de máster de la URJC, aprobado por el consejo de gobierno del centro el 8 de abril de 2011, dispone en su disposición adicional primera que "las pruebas que fueran realizadas por escrito, o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de ellas, deberán ser conservadas por los profesores encargados de la discriplina o tribunales en su caso, hasta la finalización del curso académico siguiente". Es decir, que teniendo en cuenta que Casado se matriculó en el curso 2008-2009, solo tenía obligación de custodiarlos hasta el verano de 2010.

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EP

Por otro lado, continúa Álvarez Conde, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, señala del mismo modo en sus artículos 27.1 y 29.3 la obligación de conservar los trabajos, memorias de evalución y material escrito, en soporte de papel o electrónico, hasta la finalización del curso académico siguiente al que se hayan presentado. "Acabado este plazo y de acuerdo con la citada normativa, serán devueltos a los estudiantes firmantes a petición propia, salvo que esté pendiente la resolución de un recurso", añade el real decreto.

El director del máster de Casado se aferra a esa normativa para contestar a la instructora del caso que ya no dispone de los trabajos que supuestamente entregó el nuevo presidente del PP para aprobar tres de las cuatro asignaturas del título de Máster en Derecho Autonómico ni tampoco de los que debieron presentar otras tres alunmnas de la misma promoción del dirigente, que ya han sido imputadas por la jueza y citadas a declarar el próximo 2 de agosto. En el supuesto de Casado, al tener la condición de aforado, la imputación solo podría decidirla el Tribunal Supremo.

La jueza busca los trabajos para tratar de averiguar si el máximo responsable de Génova obtuvo el posgrado de forma reglamentaria o gracias a un trato de favor. Se da la circunstancia de que, de las 22 asignaturas que componían el programa académico de su Máster en Derecho Autonómico, 18 le fueron automáticamente convalidades por el mero hecho de haber aprobado previamente una licenciatura en Derecho. Las otras cuatro asignaturas logró presuntamente aprobarlas con los trabajos que ahora busca la instructora.

Primero se los pidió a la URJC. Pero al contestar el centro que no tenía esa documentación en sus archivos ni tampoco "rastro documental que evidencia su aportación", la titular del Juzgado número 51 de plaza de Castilla dictó otra providencia para reclamárselos a los profesores de las cuatro asignaturas en cuestión. Se da la circunstancia de que tres de ellas fueron impartidas por Álvarez Conde y la cuarta por la profesora López de los Mozos. Esta, que aún no ha respondido a la solicitud de la jueza, también está citada para declarar el 2 de agosto.