Moncloa cree que la pieza de los audios de Corinna "no tiene por qué" subir la presión

Se trata de capear el temporal, sin sobreactuar y pensando cada uno de los pasos, con cautela, sin cerrar ningún tipo de puerta. Es la máxima que el Gobierno está decidido a seguir en los primeros compases del caso Corinna. El Ejecutivo ya recondujo su posición en las primeras 48 horas, y de momento la mantiene, a la espera de saber qué vuelo va cogiendo la investigación judicial abierta por la Audiencia Nacional. Unidos Podemos no por ello pisa el freno, y considera que la comisión parlamentaria que indague sobre las actividades del rey Juan Carlos es básica, más necesaria aún. Ni en la Moncloa ni en el PSOE la descartan de plano, pero advierten de que el hecho de que la Justicia haya dado los primeros pasos para saber qué ocurrió "no tiene por qué" subir la presión hacia ellos. Eso no quita para que exista una sensación de que la situación es delicada y complicada de gestionar, por afectar a la misma Corona.

El giro de guion llegó este viernes. Apenas una semana después de que se publicasen las grabaciones del encuentro que en 2015 mantuvieron el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga íntima del Rey emérito. El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidía abrir una pieza separada en la investigación que salpica al policía retirado —el caso Tándem, por el que está en prisión desde noviembre— para analizar las cintas de aquellas conversaciones. El juez abrió esa pieza separada, bajo secreto, después de que esta misma semana le llegara un atestado policial sobre el contenido de esos audios.

De Egea citó para el próximo jueves, a las 11 horas, a Villarejo, para preguntarle por las cintas de Corinna. En ellas, la empresaria germano-danesa acusa a don Juan Carlos de haberla usado como testaferro para ocultar su patrimonio, y también dice que el exjefe del Estado tenía cuentas en Suiza. Si de las pesquisas el juez apreciara indicios de delito en las actividades del Rey emérito, tendría que elevar la causa al Supremo, puesto que desde su abdicación, el 19 de junio de 2014, está aforado ante el Alto Tribunal. Pero desde entonces ya no es inviolable, por lo que se le podría perseguir por actos cometidos tras su reinado.

Los socialistas siguen remitiendo a las explicaciones del director del CNI en la comisión de Secretos, que se celebrará el 26 de julio

En el Ejecutivo entienden que el solo hecho de que se abra una pieza separada sobre las cintas de Corinna no es razón suficiente para abrir una comisión de investigación en el Congreso, ni para precipitarse. "No es un elemento de presión hacia nosotros. No cambia nada, de hecho", alegaban en el equipo del presidente. "No tiene por qué afectar nada. Además, el jueves comparece en el Congreso [el mismo 26 de julio, solo que a las diez de la mañana] el director del Centro Nacional de Inteligencia", abundan en la cúspide del Grupo Parlamentario Socialista.

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Juanma Romero

"Escuchemos, analicemos y actuaremos"

Desde hace casi una semana, todas las esperanzas están volcadas en las explicaciones que dé el jefe de la agencia de inteligencia española, Félix Sanz Roldán. Tanto el Ejecutivo como el PSOE insisten en que primero hay que oírle para después ver qué más medidas tomar, si es que hay que tomarlas. Pero esa comparecencia se celebra en la comisión de Secretos Oficiales, a puerta cerrada, y con el deber de los portavoces de guardar reserva. Por eso mismo tampoco le vale ese formato a Unidos Podemos, porque entiende que en un asunto de tal "gravedad" ha de haber "luz y taquígrafos", y no oscurantismo.

Podemos: "Hay que investigar. El Rey emérito tiene que dar la cara, y se tiene que saber las prácticas que pudieron tener que ver con la corrupción"

"Vamos a oírle, vamos paso a paso. Oigamos al director del CNI y después analizaremos", declaraba este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en línea con lo manifestado el lunes por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y lo expresado el martes en la tribuna del Congreso por el propio presidente, Pedro Sánchez. ¿Permitirán los socialistas una comisión de investigación en el Congreso? "Esto está conectado. Oigamos al director del CNI lo que dice. Escuchemos, analicemos y actuaremos, y actuarán también los grupos de la Cámara". No se descarta activar ese instrumento parlamentario, aunque Gobierno y PSOE siguen resistiéndose.

Unidos Podemos no cede. "La época de la impunidad en este país tiene que acabar. Hay que investigar. El Rey emérito tiene que dar la cara, y se tiene que saber las prácticas que presuntamente tuvieron que ver con la corrupción. La ciudadanía no aguanta más haberse echado el peso de la crisis mientras gente como el Rey emérito se ha llevado el dinero supuestamente a paraísos fiscales, se ha acogido a una amnistía fiscal inconstitucional o ha podido compartir testaferros con la trama Gürtel. Todo eso se tiene que investigar y se tiene que saber, y Pedro Sánchez lo tiene que hacer porque lo prometió por activa y por pasiva y no puede decepcionar tan rápido a los que confiaron en él", aseguraba este viernes la coportavoz estatal de Podemos, la diputada Noelia Vera, en 'Al rojo vivo', poco después de conocerse la decisión de De Egea.

El grupo morado mantiene todas sus prevenciones contra un Villarejo al que personifican como el hombre de las "cloacas del Estado", pero en todo caso entienden que "hay que investigar". Por eso reclaman la comparecencia de ministros como los de Hacienda o Defensa en el Congreso, la publicación de la lista de evasores fiscales y la comisión de investigación, "con luz y taquígrafos", y se depuren responsabilidades.

Veto a las explicaciones de Montero

Ya el miércoles PSOE y PP vetaron en la Mesa que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, diese explicaciones porque, como dice la Constitución, "la persona del Rey es inviolable" y, en consecuencia, "no sujeta a responsabilidad". Los letrados de la Cámara también lo desaconsejaban porque los datos tributarios de los contribuyentes son de carácter reservado. Por esta última razón, y porque lo prohíben la Constitución y la sentencia del TC que anuló la amnistía fiscal, Sánchez ya ha advertido de que no publicará la lista de aquellos que se acogieron al perdón fiscal aprobado por Cristóbal Montoro en 2012.

"Toda investigación, por definición, permite un mejor conocimiento de lo que ha sucedido. Espero que igual en este caso", dice una dirigente del PSOE

"Si hay una investigación en la Audiencia Nacional no tiene el menor sentido que se abra una comisión en el Parlamento. No hay otro punto de vista. Las investigaciones parlamentarias no tienen el menor sentido en asuntos 'sub iudice'. La experiencia dice que nadie que pueda verse envuelto en una investigación judicial aporta nada en una parlamentaria", sostenía este viernes un alto mando de la cúpula del PSOE. "Toda investigación, por definición, permite un mejor conocimiento de lo que ha sucedido. Espero que también en este caso", razonaba otra responsable de la ejecutiva de Sánchez. Y añadía: "Se puede aclarar el papel de Villarejo, las intenciones de Corinna... Pueden aclararse muchas cosas. No tengamos miedo, nuestra democracia es más fuerte cuanto más confíen los ciudadanos en las instituciones".

"Es que Podemos parte de la presunción de culpabilidad, no de inocencia. Yo no veo escenario para una imputación del Rey emérito. Vamos, ese escenario es que me parece impensable. No hay razón objetiva para una comisión", abundaba un ministro del Gobierno en conversación con este diario. La lectura común es que las indagaciones no tienen por qué cuestionar las actividades del exjefe del Estado, sino incluso aclarar que "no hay nada" o que incluso la grabación de Corinna y Villarejo pudo ser "guionizada".

El Ejecutivo, por tanto, no cierra aún puertas por prudencia, porque realmente no sabe aún qué proyección alcanzará el caso. Pero su resistencia a una investigación parlamentaria no ha cambiado, por mucho que en declaraciones públicas no la descarte. No lo hizo, desde luego, Celaá, quien por otro lado manifestó su respeto a la decisión de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada sobre las cintas de Corinna. Una semana atrás, eso sí, ella misma subrayaba que "afortunadamente" las grabaciones son antiguas y no afectan a Felipe VI. "Ni las consideramos", apostilló. Criterio corregido dos días después.

La política cambia en "minutos"

Este viernes se le cruzó además una equivocación —eso dijo la Moncloa— que no explicó suficientemente. El Gobierno publicó, como ocurre tras cada Consejo de Ministros, la llamada referencia, el índice de asuntos aprobados en la reunión matinal. En ella se incluía un real decreto por el que se confería a don Juan Carlos la representación de España en la toma de posesión del presidente de Colombia, Iván Duque, que será el 7 de agosto.

En la referencia del Consejo de Ministros se coló "por error" que Juan Carlos I sería el representante de España en la jura del presidente colombiano

Fuentes gubernamentales explicaron posteriormente que se había producido un "error", que no se había aprobado en el Consejo de Ministros la delegación en el Rey emérito —de hecho, desapareció de la referencia—, pero tampoco aclaraban por qué se había producido ese fallo y, en todo caso, quién será la persona a la que el Gabinete envíe a Bogotá el mes que viene. Tradicionalmente, Felipe VI, cuando era príncipe de Asturias, acudía a las tomas de posesión de los mandatarios latinoamericanos. Pero cuando ascendió al trono en muchos casos esa labor se hizo recaer en su padre, ya que sus dos hijas, Leonor y Sofía, son aún muy pequeñas (de 12 y 11 años).

En definitiva, el cortafuegos sigue siendo la comparecencia de Sanz Roldán. Pero para el Gobierno los siguientes pasos a dar dependerá de su relato y de lo que vaya sucediendo. Pero también de la presión ejercida por sus socios de Unidos Podemos, y de si estos condicionan la creación de la comisión al apoyo a una iniciativa del Ejecutivo. Ya lo reconoció Celaá: "La política se mueve no en 48 horas, sino en minutos".

Podemos solicita la sustitución de su portavoz en la comisión de Secretos y el PP pide contundencia al Gobierno

El jueves 26 de julio el Congreso acogerá la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, en la comisión de Secretos Oficiales. Pero puede que uno de los grupos impulsores, Unidos Podemos, no esté presente. En este órgano, cuyas sesiones tienen lugar a puerta cerrada y con promesa de reserva, se sientan los portavoces parlamentarios. La representante del grupo morado, Irene Montero, está de baja por maternidad, por lo que la dirección va a solicitar que se la sustituya temporalmente por el diputado Rafael Mayoral, portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. 

El problema es que quizá no haya tiempo. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado la Diputación Permanente para el miércoles a las 10 horas, para que debata la petición del PP de que comparezca en la Cámara la candidata a administradora provisional única de RTVE, la periodista Rosa María Mateo. Luego se celebraría el primer pleno para elegirla, en el que el PSOE necesita una mayoría de dos tercios, que previsiblemente no tendrá. Pero en esa sesión, según fuentes parlamentarias, no está previsto por ahora que se proceda al reemplazo temporal de Montero. 

🎥 "Pedimos la comparecencia de la que parece que va a ser la nueva administradora de #RTVE. Todo el proceso ha sido un esperpento y un ridículo mayúsculo del Gobierno que se va a saldar con un escándalo mayor: Sánchez va a designar a dedo a una administradora"
📍 @Rafa_Hernando pic.twitter.com/ZtASUwi5OZ

 

Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Hernando, cargó contra la Audiencia Nacional por "judicializar las mentiras", "unas grabaciones que nadie sabe cómo se han producido o si estaban preparadas". El dirigente popular reprochó a Podemos que busque "dinamitar las instituciones" y la Constitución, y también afeó al Gobierno de Pedro Sánchez su "falta de respuesta contundente" en este caso frente a lo que llamó "cloacas" de los servicios de seguridad, informa EFE.