Carlos Salamanca, el comisario que ha estado dos veces al borde del abismo

El comisario de la Policía Nacional Carlos Salamanca salió ayer airoso del segundo gran órdago que la Fiscalía Anticorrupción le plantea en su vida. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que instruye la operación Tándem, archivó la causa que dirigía contra el funcionario por organización criminal, cohecho, blanqueo y delitos de extranjería. Argumentó el magistrado que no había elementos suficientes para quebrar su presunción de inocencia. "De lo hasta ahora practicado y del resultado de las diligencias de instrucción, no se deriva la existencia de indicios racionales y objetivos que determinen la participación del investigado en los delitos que le imputaba la querella" del ministerio público, concluyó De Egea.

El titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ya había dejado en libertad a Salamanca hace algo más de cuatro meses. En concreto, el pasado 6 de marzo, el mismo magistrado acordó la libertad para el comisario, que había sido detenido el 3 de noviembre anterior junto a su amigo el policía jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción había reclamado la detención de ambos, el juez dio su visto bueno y la Unidad de Asuntos Internos les puso los grilletes. La puesta en libertad y el posterior archivo de la causa dirigida contra Salamanca, sin embargo, fueron ordenados por el instructor sin tener en cuenta el criterio de la Fiscalía, que no estaba a favor y que, de hecho, previsiblemente recurrirá la decisión judicial.

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El primer órdago que le lanzó Anticorrupción lo esquivó Salamanca el 7 de noviembre de 2014. Aquel día, un titular similar al que ayer publicaron la mayoría de periódicos digitales apareció en los medios. Archivan la causa contra el comisario de Barajas al no existir "indicios de delito", decía El Confidencial hace cuatro años. El procedimiento judicial en el que la Fiscalía pretendía involucrar al funcionario, sin embargo, era diferente al de la actual operación Tándem. El ministerio público vinculaba a Salamanca con la supuesta mafia china liderada por Gao Ping y que aún no ha podido ser probada judicialmente.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había abierto una pieza separada para investigar la vinculación de una docena de policías con la presunta organización afincada en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid). En este grupo de funcionarios —que según la Fiscalía dieron un trato de favor a la trama— se encontraba el comisario Salamanca. Sin embargo, la Sala de lo Penal del alto tribunal enmendó la plana a Moreno y a Anticorrupción, al entender que la imputación del máximo responsable policial del aeropuerto de Barajas no tenía base jurídica para seguir adelante.

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Los hechos que se le atribuían, entendió la sala, no deben calificarse como delito, sino como falta administrativa si acaso. El ministerio público, con base en la investigación desarrollada por Asuntos Internos, aseguraba que de las intervenciones telefónicas realizadas al comisario se desprendía que este mantenía "una extraordinaria relación" con Yonping Wu Liu, considerado por Anticorrupción como la mano derecha de Gao Ping, extremo este último que hasta hoy tampoco ha sido confirmado en sentencia alguna. Dicha relación, explicaba uno de los informes de Asuntos Internos, estaría basada "principalmente en una amistad" y podría haber derivado en algún tipo de negocio. Los investigadores argumentaban que Yongping recurría al comisario para solicitarle ayuda para compatriotas retenidos en el aeropuerto con el fin de que este les permitiera entrar. La sala concluyó que lo que hacían la Fiscalía y el instructor era una "hiperbólica imputación", al insinuar que los regalos que recibe Salamanca de Wu Liu son como contraprestación por los servicios, cuando en realidad únicamente son una muestra de su amistad.

Esta última fue la misma argumentación que ayer esgrimió el juez De Egea para volver a archivar la causa contra Salamanca, esta vez en el marco de la operación Tándem. El magistrado, en concreto, defendió que no estaba acreditado que los regalos que el comisario recibía de su amigo el empresario Francisco Menéndez Rubio fueran con el fin de que luego el policía dejase pasar "fondos desconocidos de Guinea Ecuatorial". Aseguró que el testimonio de Menéndez Rubio, que sostenía también Anticorrupción, incurría en contradicciones, que Salamanca también le había hecho regalos a él y que por lo tanto encajaba perfectamente que estas dádivas respondieran a la "excelente relación de amistad" que había entre ambos.

El caso Emperador, por su parte, fue enormemente accidentado precisamente también por esas vinculaciones de amistad. El juez Fernando Andreu, primer instructor del asunto y titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, decidió apartarse de la causa relativa a Salamanca siete meses antes de que la Sala de lo Penal ordenara al magistrado Moreno archivar la imputación del comisario. Andreu arguyó que tenía una amistad directa con el policía, a quien la Fiscalía Anticorrupción pretendía imputar, y que por lo tanto podía incurrir en falta de imparcialidad si tomaba alguna decisión al respecto.

Tras el archivo de la imputación de Salamanca, en agosto de 2015, Andreu sí tomó la decisión de archivar toda la pieza separada que investigaba al resto de policías supuestamente vinculados con la mafia china. El magistrado argumentó en un auto en el que abroncaba duramente a los investigadores que los indicios que en su momento habían puesto sobre la mesa la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía se habían "desvanecido hasta el punto de desaparecer" y que sus conclusiones habían sido "consecuencia de vagas indicaciones o de ligeras sospechas". Anticorrupción, sin embargo, recurrió y finalmente el grupo de funcionarios fue a juicio. La sala los exoneró, el ministerio público volvió a recurrir y el Tribunal Supremo despejó definitivamente toda duda sobre la honorabilidad de los policías.

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Esta pieza separada es la única parte del caso Emperador que de momento ha acabado en sentencia firme. La causa principal continúa abierta seis años después (comenzó en 2012) y sin avances aparentes. Fuentes jurídicas explican que existen dificultades para demostrar el delito de blanqueo de capitales, que necesariamente debe estar precedido de un ilícito previo que haga patente que el dinero que pretende introducirse de nuevo en el curso legal proviene de origen irregular. Al no haber contado durante las diligencias previas con la ayuda de la Agencia Tributaria, este origen ilícito de los fondos que presumiblemente habría blanqueado la supuesta mafia china no sería fácil de argumentar por parte de los investigadores. Desde aquella operación Emperador, de hecho, la Agencia Tributaria está presente en la mayor parte de actuaciones policiales de este tipo.

La causa que el juez De Egea ha decidido archivar contra Salamanca, sin embargo, continúa abierta para Villarejo —que está en prisión desde su arresto el pasado 3 de noviembre— y para el comisario Enrique García Castaño, detenido el pasado 11 de julio en el marco de la operación Tándem. Los investigadores consideran que ambos, y no tanto Salamanca, lideraban una supuesta trama de elaboración de informes que el primero presuntamente vendía a sus clientes con información aportada por el segundo. La detención de García Castaño se produjo el mismo día en que salió a la luz la grabación que Villarejo hizo a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que esta última acusaba al rey emérito Juan Carlos de tener cuentas en Suiza a través de su primo Álvaro de Orleans. Algunos medios aseguraron que existen sospechas de que García Castaño fuera quien filtró estos audios, extremo que aún no ha sido confirmado. Anticorrupción, en cualquier caso, sí que precipitó la detención de García Castaño tras conocerse el contenido de la grabación, que el Gobierno enmarca en un contexto de "chantaje" y de momento se niega a investigar.

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Fuentes policiales, sin embargo, explican que García Castaño y Villarejo llevaban años sin hablarse. En concreto, desde que saltó a la luz pública el contenido de la entrevista que ambos mantuvieron con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, luego investigado en el caso Lezo, en la cafetería La Mallorquina de Madrid el 29 de noviembre de 2011. La cita fue grabada por Villarejo y en ella González pedía al comisario que arreglara sus problemas con el ático que el exjefe del Ejecutivo madrileño tenía en Marbella, cuya compra estaba comenzando a investigar la Policía en aquella época.

El entorno de Villarejo, por su parte, considera que la persecución contra él por parte de la Fiscalía Anticorrupción viene de lejos y tiene detrás al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. Ya en el programa de Jordi Évole, de hecho, Villarejo arremetió contra el máximo responsable de los servicios secretos españoles, al que denominó "el generalísimo", y le acusó de estar detrás de todos sus problemas. En una denuncia interpuesta por el comisario y ni siquiera admitida a trámite, este relata que agentes del CNI se quedaron con parte del dinero que el centro entregó en el rescate de dos periodistas españoles. Aquello, según Villarejo, provocó los posteriores ataques contra su persona y por ende contra su círculo de amigos policías.